A través de un completísimo informe en el sitio Chequeado.com, el periodista Juan Manuel González saca a la luz lo que es un secreto a voces en la provincia de Córdoba: la industria del ladrillo artesanal es un régimen de trata de personas, esclavitud, hacinamiento de miles de trabajadores y de sus familias, la inmensa mayoría inmigrantes bolivianos, a los que tienen amenazados. La industria ladrillera de Córdoba es una versión aún más tenebrosa de los talleres textiles clandestinos que imperan fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires.

González desataca en su informe las muertes de 11 niños y adolescentes desde 2008.  Uno solo de los casos se produjo en el proceso de  trabajo, el resto responde a accidentes propios del hacinamiento y las condiciones de explotación: niños que quedan solos al cuidado de otros, que viven dentro de las áreas de trabajo en el medio de peligros permanentes, y además hacinados sin las menores condiciones de higiene y salubridad (no disponen de baños, agua potable o electricidad).

Las muertes de los 11 niños (cifra que de todas maneras no es definitiva porque hay omisión de registros) es la expresión más descarnada de la situación que soportan más de 6.000 personas que trabajan en los cortaderos en toda la provincia, de los cuales solo 200 están formalizados. El régimen es el del trabajo a destajo con jornadas superiores a las 12 horas, los trabajadores ganan por pieza e incorporan a toda su familia para obtener mayor producción. Los menores se incorporan en forma directa a la producción, o indirectamente como por ejemplo haciéndose cargo de las tareas domésticas mientras sus madres pasan horas trabajando. 

González señala que el trabajador mejor pago (el cortador) recibe 27 centavos por ladrillo, lo cual le permitiría con 12 horas de trabajo en 20 días ganar cerca de 8.000 pesos. Por supuesto, no tiene cobertura si esta enfermo, o si la producción se frena por lluvia, por ejemplo, “si no trabaja, no cobra”. El dueño de la propiedad se queda entre un 15 y un 20% de la producción, lo que le permite embolsar $ 25.000 mensuales, sin mover un dedo y sin permitir incluso el uso de la tierra del lugar y el agua como insumos para la producción, los cuales deben ser comprados por los trabajadores. Según una investigación efectuada por Andrés Matta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el año en Córdoba “se cocinan 312 millones de piezas de ladrillo, con un movimiento informal solo en la comercialización de $ 625 millones”. Pero el negocio no termina ahí: “Quienes determinan el valor en la cadena están en el extremo del consumo: desarrollistas y constructores generan un esquema que no permite que quienes están en el otro extremo, el productor artesanal, reciba el valor justo por su producto. El eslabón más poderoso impone, a través de los dueños de la tierra y los corralones, el precio al más débil, condicionando toda la cadena” (Matta).

 

El Estado ampara

En los videos y reportajes a los funcionarios del área, ministros y secretarios, queda claro la pasividad y complicidad del gobierno con la situación que todos dicen conocerla con amplitud. Pero declaran su impotencia para resolverlo, porque consideran que cualquier acción tendría como principales perjudicados a los trabajadores esclavizados. Es decir, declaran la impunidad para los dueños de los terrenos usados como cortaderos y sobre todo para la cabeza de la cadena que -como denuncia Matta- son los desarrollistas (especuladores) inmobiliarios y las constructoras.

La complicidad del gobierno va más allá. De la Sota, en su último gobierno prácticamente vació la Copreti (comisión contra el trabajo infantil), la cual a pesar de haber sido revitalizada a medias, declara su incapacidad para resolver el problema.

La cadena de complicidades incluye a intendentes de todas las variantes políticas, ya que los cortaderos se extienden por toda la provincia.

El Sindicato de Ladrilleros se hace eco y profundiza las denuncias, sin embargo la acción de las centrales obreras y los sindicatos sobre el tema es nula.

¿Por qué el Ministerio de Trabajo (gobierno) y la burocracia sindical actuarían de otra manera si son responsables del imperio de la flexibilidad laboral y de un 40% de los trabajadores en la informalidad?

La explotación en los cortaderos de ladrillos es una afrenta al conjunto de la clase trabajadora, es una razón más para recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia, cómplice imprescindible y necesaria.

Un planteo de salida

Los trabajadores de los cortaderos están en las peores condiciones para enfrentar esta situación: amenazados con una supuesta deportación, agobiados por la miseria y la necesidad de alimentar a sus familias.

El informe de González es un gran aporte para desenvolver una profunda agitación hacia el conjunto de los trabajadores y de la población cordobesa. Usaremos nuestra

banca legislativa en el mismo sentido y contribuiremos a un proceso de organización en los propios cortaderos.

Hay que partir de registrar a todos los trabajadores, garantizándoles su seguridad y las de sus familias, proveyéndoles viviendas fuera de los lugares de trabajo, así como condiciones de salubridad e higiene y un salario de convenio. Esa es la función del Estado que debe estar controlada por los trabajadores.

Proceder a un registro de los cortaderos existentes, y la responsabilidad de los dueños de los espacios donde se desarrolla la actividad, garantizando las condiciones laborales y de seguridad para el desenvolvimiento de la misma.

Proceder a destapar los negocios de los desarrollistas y las constructoras, metiendo mano en su negocio y en sus libros, y establecer sobre ellos un impuesto extraordinario para garantizar los costos de la remediación de esta situación.