El oficialismo en la Legislatura, luego de dar vueltas durante un año con la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la reforma política (en realidad electoral) decidió aprobar a las apuradas dos modificaciones que serán aplicables recién en 2019.

 

Una se refiere a la “unificación” de la convocatoria a elecciones.  En realidad lo que la norma termina haciendo es separar las elecciones provinciales (para gobernador y legisladores) de las elecciones nacionales, con las cuales no podrían coincidir por el calendario fijado. Mientras se reservan el derecho a colocar la elección provincial al margen de la nacional obligan a los municipios (que no tengan carta orgánica) a convocar a elecciones locales en una fecha que no supere los 30 días antes o los 30 después de la provincial. A los municipios que tienen carta orgánica se los invita a adecuarla. La norma, a su vez, establece que el Ejecutivo está obligado a fijar la fecha de la elección provincial antes del 1° de marzo. La oposición (Cambiemos) rechazó el proyecto porque pretendía que la fecha de convocatoria quedara fijada para el primer domingo de octubre, incluidos los municipios.

 

El otro proyecto aprobado fue la limitación de la reelección de legisladores, intendentes y concejales a un solo mandato, contándose el actual como el primero.

 

Disgregación política

 

El proyecto es una medida “administrativa” que busca impedir lo que sucedió en 2015 cuando las elecciones se extendieron a lo largo de todo el año. De esta manera muchos  intendentes y punteros fueron prescindentes en las provinciales y las nacionales. Unión por Córdoba (UPC) tuvo así un fuerte retroceso ya que perdió legisladores departamentales (se elige uno por cada uno de los 26 departamentos) y ajustadamente llegó a los 36 legisladores (mayoría simple) en el recuento definitivo y con imputaciones mediante.

 

La multiplicidad de fechas electorales es una expresión de una disgregación política que comenzó a visualizarse tempranamente, desde el advenimiento de los gobiernos constitucionales. Ya en las llamadas a establecer movimientos “transversales” (el tercer movimiento histórico de Alfonsín, por ejemplo) estaba presente la necesidad de responder al derrumbe de los partidos políticos como expresiones del programa de los distintos agrupamientos capitalistas. En este marco se inscriben las colectoras, la sumatoria de votos, los acoples, los lemas y la propia reforma de Kirchner como forma de contener bajo un mismo paraguas las distintas fracciones.

 

La atomización electoral que se vivió en 2015 no pudo ser frenada por ninguna de estas medidas y, más aun, fueron motivo de crisis política de enorme profundidad como sucedió con la elección provincial en Tucumán que aun se dirime en la Corte Suprema de Justicia.

 

El fraude, la judicialización y la atomización son expresiones de una crisis política irresoluble que se agrava. La razón está en la crisis capitalista.

 

La pretensión de resolverla mediante engendros legislativos es reaccionaria; es la ilusión de tapar el sol con las manos y una confesión del agotamiento del régimen político vigente. Oficialistas y opositores están en la misma, cada uno busca un traje a su medida.

 

Transfuguismo al por mayor

 

El apuro  en sacar la norma es un indicador que no tiene que ver con el proceso electoral de 2019 sino con la actualidad. Unión por Córdoba está dividida entre delasotistas y schiarettistas. De la Sota y Schiaretti conviven a la espera del desenvolvimiento de la crisis del gobierno nacional. Schiaretti apoya a Macri, De la Sota a Massa.

La rapíña se acentúa y el libro de pases está a la orden del día. Y empezó con la oposición. El schiarettismo consiguió que una legisladora del juecismo de Río Cuarto se pase el bloque de UPC, a los dos días el pase (venía cantado) lo hicieron dos kirchneristas, una era la presidenta del bloque K, que ya a principios de año había perdido uno.

 

Nuestro bloque rechazó ambos proyectos, los colocamos como parte del operativo destinado a establecer una salida a una crisis que les es propia y que tiene como único objetivo imponerles a los trabajadores un ataque a sus condiciones de vida.