El pasado viernes fueron detenidos e imputados por asociación ilícita tres altos mandos del Penal de Villa María: el subdirector del establecimiento, Andrés Américo Aciar; el subjefe de operaciones, Edgar Ezequiel Arroyo, y el jefe de seguridad, Néstor Gómez. Esto sucedió en el marco de una investigación por estafas telefónicas realizadas desde la cárcel. Al parecer estos funcionarios formarían parte de una banda delictiva que incluía reclusos del penal y familiares de los mismos. En el operativo además se encontró material probatorio, alrededor de 6 millones de pesos en efectivo, armas y vehículos.

Este nuevo escándalo que involucra a las fuerzas de (in)seguridad se suma al de la semana pasada. El jueves pasado fueron aprehendidos el subdirector de la cárcel de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán, el abogado penalista Alfredo Ciocca y Ramón Salas, quien se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Gobierno y Seguridad y a raíz de lo sucedido fue desvinculado del cargo. Están acusados de falsificar informes para beneficiar o perjudicar a algunos reclusos. Esta investigación surgió a raíz de una denuncia en el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Según La Voz del Interior: “nadie que husmee un poquito en el universo carcelario cordobés puede desconocer la existencia de tarifarios. Ingresar un celular a las cárceles, por ejemplo, arranca en los $ 200 mil, algo menos que el salario de un guardiacárcel provincial”. Salta más a la vista toda una descomposición. Sin embargo, Juan Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario sigue en el cargo como si nada. Juan Schiaretti no le pidió la renuncia, tampoco lo hizo con el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera tras los sucesivos casos de gatillo fácil.

Si bien por el momento las causas no fueron involucradas, es evidente que la corrupción es moneda corriente también en las fuerzas policiales. En este punto, cabe recordar el caso de las estafas piramidales “Zoe Azul” donde estuvieron involucrados sargentos, subcomisarios y hasta un efectivo de la federal. Más adelante en el tiempo, a fines del año pasado, fue desbaratada otra banda delictiva integrada por efectivos policiales. Estos ejemplos son solo para ilustrar la situación, hay muchísimos más. La participación de las fuerzas policiales en el crimen organizado tiene larga data, no son casos aislados.

Mientras quedan al descubierto los lazos del aparato policial y el sistema penitenciario con el crimen organizado, como contracara tenemos la persecución e imputación de luchadores como Soledad Díaz y Emanuel Berardo, referentes del Partido Obrero, y Federico Giuliani, secretario general de ATE. Queda claro entonces que la razón de ser de estas entidades no es la seguridad ciudadana, si no reprimir y aleccionar al pueblo trabajador.

Desde esta perspectiva, reforzamos el reclamo por el desmantelamiento inmediato de las fuerzas de (in)seguridad, así como la elección popular y con cargos revocables de jueces y fiscales.

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