Luego de masivas movilizaciones repudiando el anteproyecto del gobierno de Juan Manuel Schiaretti,  la discusión sobre la actualización de la Ley de Bosques se ha empantanado en la Legislatura. El freno a la aplicación express se tradujo ahora en una negociación furibunda entre el bloque oficial y la oposición de Cambiemos con el argumento de que la ley no debe salir con la exclusividad de votos del PJ.

 

Pero la supuesta búsqueda de consensos es una farsa. A meses del comienzo del debate, el nuevo mapa de OTBN (ordenamiento territorial de bosques nativos) se oculta bajo siete llaves. Es allí, sobre el trazado del mapa, donde se cocinan las verdaderas negociaciones sobre las hectáreas (protegidas) que pretenden habilitar para la explotación. En ese marco, Eduardo Salas, desde la banca del Frente de Izquierda, presentó un proyecto para que se conozca de inmediato esa información causando una gran repercusión mediática.

 

 El legislador Carlos Gutiérrez, del oficialismo, afirma que es un ‘error conceptual’ pretender que aparezca el mapa de OTBN. Pero el día 8 de febrero, en una reunión conjunta de las 4 comisiones que están discutiendo el proyecto, el legislador Carlos Presas, representando también al oficialismo y codirigiendo la reunión, aseveró (y reiteró ante varias consultas) que en los “próximos días” presentarían el mapa. En esa misma reunión, legisladores de la coalición ‘opositora’ Juntos por Córdoba (UCR, PRO, Frente Cívico) ratificaron que en el mes de diciembre, en horas previas al inicio de una sesión, les fueron mostrados los mapas en la Casa de Gobierno.

 

El mapa -o un borrador del mismo- evidentemente existe, pero se le niega a la población y a la totalidad de los legisladores el conocimiento del mismo. El retaceo de esta información no es casual. En el mapa está la esencia del proyecto en discusión. El mapa habilita operaciones económicas muy importantes (algunos estudios señalan que solo en el terreno inmobiliario superan los 500 millones de dólares).

 

¿Quiénes podrán participar y ser beneficiados con estas operaciones? La clave está en el mapa, en saber cuáles son  las propiedades (más de 600 mil hectáreas) que quedarán liberadas de prohibiciones totales o parciales. Con la modificación de la ley se busca dar un “marco legal” a un fuerte negociado, legalidad que no será total porque para ello se violarán principios establecidos en la ley nacional 26.331 como por ejemplo la prohibición del rolado (técnica para cortar la vegetación a partir de un tractor que pasa por el suelo un cilindro metálico con cuchillas llamado rolo)  y de las pasturas exóticas, o el principio de no reversibilidad, o la rebaja sensible (33%) en las multas, o la condena al desmonte químico, solo para señalar algunas de las violaciones a la ley nacional.

 

Al ocultar el mapa, es más que evidente que el consenso  se busca por fuera de la Legislatura, que se busca un acuerdo que desconozca las innumerables oposiciones al proyecto y es por eso que el mapa solo es mostrado a algunos y ocultados a otros. Se trata de un verdadero manoseo que desenmascara el carácter conspirativo de la vida parlamentaria.