El gobierno de Martin Llaryora publicó en el Boletín Oficial un nuevo incremento del 32,8% en el costo del boleto de transporte interurbano. De esta manera, en lo que va del año el servició acumuló una suba del 278 %. Un nuevo golpe al bolsillo por parte de la gestión provincial.

Así las cosas, el aumento comenzó a regir a partir de este viernes 8 de marzo, y en función de una “actualización” automática dispuesta por el Ersep (ente de regulación de los servicios públicos). En teoría el mencionado organismo fue creado para “mediar” entre empresas y usuarixs, sin embargo, actúa como una escribanía al servicio del poder político que defiende la renta empresarial.

Hay que decir que este organismo está integrado por funcionarios que responden a la oposición patronal en la provincia y que avalan de manera exprés tarifazos en agua, luz, peajes e interurbanos. Luis Juez y Rodrigo De Loredo guardan silencio, y en los hechos acompañan el tarifazo.

De esta manera, y a modo de ejemplo, viajar de Córdoba a Río Cuarto subió de $14.000 a $18.598, de la capital a Jesús María: de $2.810 a $3.732. En tanto que tomarse un colectivo a Carlos Paz pasó a costar de $2.310 a $3.069. Brutal.

Por supuesto que el ejecutivo provincial intenta justificar otro tarifazo en el transporte con un discurso que apunta contra el gobierno nacional. Pero también sigue la ruta del ajuste fijada por Javier Milei y que quienes gobiernan las provincias descargan contra los intereses del pueblo trabajador.

Con este incremento en el costo de boleto del transporte Interurbano Llaryora está recrudeciendo el ajuste. Y en momentos en que se proyecta la continuidad de una inflación  de dos dígitos, una desregulación en el precio del combustible, es claro que esta suba no será la última. Esto había sido anticipado en Prensa Obrera, con la política de quienes gobiernan Nación y provincia ingresamos a un régimen de tarifazos permanentes, y todo para garantizar la renta de empresas del transporte.

Con gran parte de los salarios de la clase obrera bajo la línea de la pobreza no se puede pagar otro aumento en el transporte. Además, los aumentos tampoco guarda relación con la calidad de la prestación del servicio. El parasitismo de los empresarios salta a la vista. Es urgente congelar el precio del boleto de colectivos, abrir los libros de las empresas, y poner el sistema de colectivos bajo control de trabajadores y usuarixs, eliminando el “costo” empresario y garantizando el derecho al transporte del pueblo trabajador.

Es necesario rechazar los tarifazos como parte de la pelea de defender una recomposición de salarios y jubilaciones. En esa perspectiva es clave construir la fuerza para derrotar el ajuste. En este punto es necesario tener claridad de que en la pelea discursiva entre el gobierno nacional y provincial no hay ninguna defensa de los intereses populares, y que Milei-Llaryora pasaron de la declaración de traición al “pacto de mayo”.