En la provincia de Córdoba y en todo el país crecen los reclamos de los trabajadores jubilados. Las políticas de los gobiernos anteriores y los actuales hundieron a miles de adultos mayores en la pobreza y en la indigencia. Hagamos números: según el Indec, organismo del gobierno, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es de $29.003 y el de la Canasta Básica Total (CBT) de $67.577, mientras que la jubilación mínima nacional, que cobra más del 60% de los beneficiarios, es de $23.064; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $20.738 (el 80% de la mínima de Nación) y la mínima de Córdoba es de $25.923 que aumentará a $36.000 a partir del 1º de setiembre, ¡mes de elecciones!

¿Por qué los gobiernos someten a los jubilados a esta sucesión de ajustes?

Porque es el plan que les impone el FMI y ellos acatan. Lo que exige el FMI es un paquete de medidas que comprende la reforma (destrucción) de lo que queda en pie del sistema previsional y también la liquidación de conquistas laborales (pérdida de derechos adquiridos) con el objetivo de que el dinero que se recauda se destine al pago de la deuda con ese organismo y con los demás usureros internacionales.

La armonización

En las provincias, el camino de la destrucción del sistema jubilatorio lleva a la llamada “armonización” de las cajas provinciales con Anses, es decir a un retroceso en las conquistas jubilatorias y una drástica reducción de los haberes previsionales.

En Córdoba, desde el año 1995, el gobierno radical primero y sus continuadores pejotistas después, lanzaron, una tras otra, leyes nuevas, modificatorias a las existentes y decretos, con el claro objetivo de destruir el sistema previsional de la provincia, es decir la ley 8.024, con el 82% móvil. Se fue vaciando la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros para justificar así su “armonización” con el sistema nacional y así llegar a establecer, para todos los jubilados, un mero subsidio a la vejez, como ya está sucediendo -de hecho- con el 60% de los jubilados del Anses, que cobran una jubilación mínima de miseria.

En Córdoba, la última perlita en este camino fue el robo consumado por el gobierno provincial con la ley 10.694 del 20 de mayo de 2020.

¿Cuál es la situación hoy? La pandemia desnudó el estado agonizante del sistema de salud, la educación, la precarización laboral, la desocupación, la falta de vivienda y un largo etcétera, incluyendo la jubilación. Con la justificación del coronavirus, el Anses (o sea el gobierno nacional) redujo de manera drástica la cantidad de aprobaciones (altas) de jubilaciones y pensiones, lo que le permitió disminuir el dinero destinado a los haberes previsionales.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que hacen referencia a la realidad nacional, “la caída es notable: mientras entre 2017 y 2019 (en la prepandemia) el promedio mensual de altas de jubilaciones y pensiones era de 20.699, en el 2020 fue de apenas 10.033 y en lo que va de 2021 (hasta junio) de 16.043” (La Voz del Interior, 16/8).

En la provincia, se conoció el dato de que, “en junio de 2021, los inicios de pedidos de pensiones alcanzaron el récord de 254 trámites, el doble que el promedio de la prepandemia” (ídem) como consecuencia del alza de los fallecimientos por el coronavirus, lo que también sumó a la reducción de los gastos previsionales.

La provincia de Córdoba no escapa a la realidad nacional y así es que entre enero y abril de 2020 los fallecimientos promediaban 2.030 personas y en el mes de junio de 2021 hubo 4.873 defunciones (ídem).

En este cuadro, el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, en un ciclo del Instituto Diseñando Ciudad, que depende del PJ Capital, expresó que “eso se pudo digerir, atender y mantener; de hecho, los tiempos de demora en la resolución de los trámites no aumentaron, e incluso se redujeron, porque la Caja siguió funcionando y entregando el beneficio” (ídem), expresiones que se contradicen abiertamente con los datos del SIPA, que se replicaron en Córdoba.

La política del gobierno provincial y de todas las fuerzas patronales consiste en avanzar hacia la “armonización” liquidadora de nuestro sistema previsional, logrado con años de lucha de los sectores obreros y populares. El justificativo es que los fondos no alcanzan, cuando han sido ellos los que han vaciado y siguen vaciando la Caja.

Votar a la Lista Obrera y Popular

Jubilados y trabajadores –futuros jubilados- deben hacer frente a esta política criminal que empuja a la miseria a quienes dependan de un haber previsional. Esto nos lleva a los jubilados nacionales y provinciales a votar en la próximas PASO a la “Lista Obrera y Popular”, conformada por trabajadores que están, día tras día, en las luchas, priorizando las necesidades populares para dar una salida a la crisis.

El 12 de setiembre, votemos a la Lista Obrera y Popular en el Frente de Izquierda-U que tiene el programa y los luchadores para enfrentar las políticas de ajuste.

Por una jubilación mínima igual a la canasta familiar; por el 82% móvil

Por la restitución de la ley 8.024 y la actualización del haber jubilatorio según la evolución del costo de vida. Contra la reforma previsional.

Por las cajas provinciales, el Anses y las obras sociales en manos de trabajadores, sus legítimos dueños.

Abajo el pacto con el FMI, por el no pago de la deuda fraudulenta y su investigación.