El boleto de colectivo urbano de pasajeros costará 340 a partir de este sábado. Es decir que tendrá un aumento de $100 en el lapso de aproximadamente dos meses. El intendente de la ciudad, Daniel Passerini, fue preparando el anuncio del aumento, al que presentó como una medida a los efectos de continuar con el funcionamiento del sistema.

Cabe recordar que, en noviembre, el costo del boleto tuvo un aumento de un 30%. Ahora sobre ese incremento se aplica otra suba que para los empresarios tiene un valor que está un 75% por debajo de lo pedido, es decir, quieren más y por lo tanto son factibles nuevos incrementos en el transporte urbano. Veamos.

En declaraciones a Canal 12, Passerini argumentó que “estamos con una crisis que viene de muchos años y se agravó con los incrementos por la inflación y una paritaria que viene con un nivel muy alto de incremento”, en una clara defensa del aumento. Pero el intendente no puede justificar incrementos en función de una “pesada herencia”, puesto que su gestión es la continuidad de Martín Llaryora que no escatimó en aumentar subsidios a los efectos de defender la rentabilidad de las empresas.

Es decir que el “costo empresarial” está en el centro del problema. Sin embargo, todas las gestiones gubernamentales otorgan incrementos del boleto a libro cerrado, sin ningún tipo de control de los subsidios nacionales, provinciales y municipales otorgados a las empresas prestatarias del servicio. Y si se apunta al recorte de subsidios, las empresas sencillamente reclaman nuevos aumentos.

Tarifazos sobre tarifazos

Con los antecedentes mencionados, las definiciones sobre subas en el transporte de la ciudad saltan a la vista. Para quienes gobiernan la tasa de ganancia de las empresas es motivo de discursos contra el Poder Ejecutivo nacional. Ahora, bajo el gobierno de Milei, el PJ cordobés, aunque pretende mostrarse como “preocupado” por la suba del servicio, lo cierto y concreto es que viene apoyando medidas de ajuste contra el pueblo trabajador. Hay que tener en cuenta que el ex ministro de transporte de la provincia, Franco Mogetta, ahora es funcionario del gobierno nacional.

En lo que respecta a los costos del sistema de transporte, tras la victoria de Milei, las presiones sobre el precio del boleto empezaron a acelerarse como resultado de una “liberación” del precio del combustible. En noviembre el gasoil estaba en $ 419 pesos y ahora $849, un 98% de aumento.

Además, la devaluación atizó un fogonazo inflacionario sobre todos los costos de los colectivos. Los empresarios alegan esto para reclamar incrementos. Por supuesto que el salario de los choferes no se indexó, y es dejado de lado en las gestiones de quienes gobiernan. Sin dudas, se trata de una variable clave de ajuste.

Cabe recordar que el sueldo de los choferes en gran medida sale de los subsidios que las empresas reciben. Lo que da cuenta del parasitismo de las empresas que llega a tal punto que no pagan el sueldo de sus empleados.

En oposición a continuas subas del servicio de colectivo, es necesario impulsar la apertura de los libros de las empresas para que el pueblo sepa cuáles son los verdaderos costos. Esto, junto a la estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarixs, son ejes programáticos claves para garantizar el derecho al transporte, terminando con una casta empresarial y política que hace ganancias extraordinarias en base a subsidios y tarifazos permanentes en el servicio.