La Municipalidad de Córdoba, dirigida por el radical Ramón Mestre (hijo), hizo pública la lista de los sueldos que perciben sus empleados. Además, agregó datos vitales como los números de documento, nombre y apellido, etc. El argumento es  que lo hizo para cumplir con la exigencia de una ordenanza, la 11033/06. Sin embargo, ésta expresamente establece “la publicación del detalle completo del personal… a excepción del nombre, DNI, número de legajo, número de cuenta bancaria”.

 

La botoneada de Mestre fue festejada por todo el arco patronal y los principales medios de comunicación se dedicaron a denostar a los trabajadores municipales interpretando los datos de forma tal que una población agobiada por las altas tasas, el pésimo servicio y una ciudad que se hunde por el abandono, la mugre, las derrames de materia fecal en las calles, la falta de obras, etc. descargue sobre los empleados su ira.

 

La Voz del Interior del sábado 20 publica en su tapa como nota central que “Un municipal cobra $ 41.265 de sueldo neto promedio”, en la bajada informa que “esa cifra representa un 86,5% más que el salario de bolsillo de sus pares rosarinos”.

 

O sea, el condimento servido para un enfrentamiento entre trabajadores en una ciudad que tiene el 40,5% de su población bajo la línea de pobreza, gran parte de ellos trabajadores formales.

 

Pero cuando se ve la nota, y la infografía publicada por el mismo diario, las cosas cambian. Primero, la cifra no contempla por ejemplo el impuesto a las ganancias. Luego, cerca de 1200 sobre una planta de más de 11 mil municipales no están contemplados, son trabajadores transitorios o contratados, con muy bajos salarios; el grueso de los trabajadores, de áreas vitales como salud y educación, está entre los 22 y los 25 mil pesos mensuales.

 

El ataque a los trabajadores municipales de parte de Mestre tiene varios propósitos, todos ellos apuntan a cubrir dos cuestiones fundamentales: una política creciente de privatizaciones y tercerizaciones, y los negociados que el intendente y sus amigos están haciendo a costa del bolsillo de los cordobeses.

 

La patronal de conjunto ve en este ataque la oportunidad de quitar como referencia los salarios más altos de la provincia y por lo tanto avanzar en un baja general de los ingresos de todos los trabajadores. El ataque a los municipales se complementa con el que cada tanto se lanza contra los trabajadores de la empresa de energía (EPEC), del transporte, los recolectores de residuos, entre otros, que sobresalen en un cuadro de miseria generalizada pero que son el resultado de fuertes luchas para defender conquistas históricas de esos gremios.

 

Un centro de negocios

 

Mestre, al igual que el tero que pega el grito en un lado para poner el huevo en otro, pretende con la publicación establecer una cortina de humo que oculte la verdadera esencia de la gestión municipal que es ser una agencia de negocios de la cual él es gerente y posiblemente socio.

 

El municipio tiene áreas tercerizadas a favor de amigos del gobierno, ha entregado el 75%  del transporte público al grupo Romero (Ersa) con el cual sostiene una vieja relación desde que Mestre padre fue interventor en la provincia de Corrientes. Aprobó un nuevo régimen para la recolección de residuos y armó una licitación que beneficia a los actuales concesionarios (Cotreco y Lusa), amigos del gobierno.

 

Creó un ente, el ESyOP, que establece una suerte de municipalidad paralela fuera del control del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas y permite transferirle a este ente autárquico negocios y servicios. Lo mismo sucede con Cormecor una sociedad anónima que por ahora integran la municipalidad de Córdoba y 16 municipios del  Conurbano y que tiene como objetivo central todo lo que corresponda al tratamiento de los residuos sólidos urbanos (basura) e incluso fijar tarifas y lugares de tratamiento y enterramiento.

 

Mestre ha pergeñado un régimen (que De la Sota lo impuso en la provincia) de áreas vitales fuera del control de las propias instituciones que establece  la Carta Orgánica y toda la legislación sobre administración pública.

 

La publicación de los sueldos de los municipales busca también quitar el foco de las propias finanzas públicas ahogadas por el endeudamiento, las exenciones a los grandes grupos, las violaciones a las ordenanzas que permiten negociados suculentos a los especuladores inmobiliarios, los juicios perdidos por “desidia”, la abultada cuenta en propaganda oficial, etc.

 

Como reclaman los compañeros de la Agrupación 29 de Mayo (Lista Fucsia) hay que dar a publicidad todos esos datos para conocer a dónde va a parar la plata de los contribuyentes. 

 

Al ladrón, al ladrón, grita el ladrón

 

Para Mestre, también, la medida significa ocultar los negocios propios y de sus allegados. Sin titubear, justificó la publicación sosteniendo que había que defender la “transparencia de las cuentas públicas”. La frase, en boca de un intendente que debió echar a prácticamente a todo su gabinete, y sobre todo los de su círculo más íntimo, por las sospechas y denuncias de coimas, negociados y otras yerbas suena como mínimo a una provocación.

 

Según informa el periodista Lea Ross  sobre  un estudio de las declaraciones juradas, Mestre aumentó su patrimonio desde 2008 -cuando era concejal- a la actualidad en un 532%. Algo parecido sucedió con el patrimonio de su esposa y de su hermano, el diputado Diego Mestre (quien asumió luego de un fraude que le quitó la banca al FIT en 2013). El periodista informa además que las declaraciones juradas ofrecen irregularidades, ocultamiento de participación en empresas, herencias, etc.

 

La publicación de las listas debe ser considerada un ataque a los municipales y a toda la población trabajadora. El sindicato, SUOEM, ha iniciado un plan de lucha para exigir que se baje la lista, el resto de los gremios ha hecho silencio, los partidos de la oposición acompañan el ataque vergonzantemente. Todos esperan sacar provecho.

 

Nosotros apoyamos el reclamo de los trabajadores respecto a la lista publicada, exigimos el listado de las exenciones impositivas, la apertura de las cuentas del municipio, la publicidad los negocios privados que la municipalidad realiza con las empresas privadas a través del EsyOP y de las propias empresas, el listado de los servicios tercerizados con  los beneficiados, con las condiciones acordadas, etc. y una investigación sobre el patrimonio e ingresos de toda la planta de funcionarios nombrados desde que asumió Mestre a la intendencia.