El gobernador cordobés Juan Schiaretti, junto al intendente de la capital Martín Llaryora, recientemente han publicitado la inauguración de 20 “Viviendas Semillas” en el Barrio Floresta, en la zona este de la ciudad. Estas serían las primeras viviendas de un programa que se propone alcanzar a 3.300 familias en toda la provincia, destinado a la construcción de una casa de 32 metros cuadrados para aquellas familias que sean propietarias de un terreno, como así también para la ampliación de viviendas existentes.

El programa pretende salir al cruce de una demanda popular insatisfecha que lleva décadas, y resulta más que insuficiente en una provincia cuyo déficit habitacional alcanza a más de 300.000 viviendas, de las cuales 120.000 se concentran en la capital cordobesa.

Por eso, el programa es una gota de agua en el desierto, pero a su vez desconoce el principal motivo de falta de viviendas en los centros urbanos de la provincia: ya no quedan tierras disponibles. En su inmensa mayoría, las familias que no cuentan con una vivienda propia tampoco puede acceder a los terrenos, concentrados hoy en manos de los especuladores inmobiliarios que imponen precios inaccesibles para las y los trabajadores.

La expansión de la especulación inmobiliaria, favorecida por todo tipo de exenciones impositivas e “incentivos” a las constructoras, como así también el desarrollo de la obra pública en función de revalorizar la tierra, ha permitido esa concentración empujando a las familias a las periferias.

Es así que mientras cada vez son más las propiedades deshabitadas por la imposibilidad de las familias trabajadoras de hacer frente a los costos de los alquileres, el hacinamiento se multiplica exponencialmente en las barriadas obreras. El período de aislamiento social expuso aún más un déficit habitacional precedente a la pandemia.

Es justamente esta situación la que ha llevado a cientos de familias cordobesas a ocupar tierras fiscales o abandonadas, con el objetivo de acceder a la posibilidad de construir una vivienda propia.

En los últimos meses se desarrollaron más de 20 ocupaciones de tierras en la provincia, al menos cuatro permanecen activas en la ciudad. Según un relevamiento periodístico realizado por Perfil, en lo que va del año hay más de 380 denuncias por “usurpación”, lo que da cuenta además de la política represiva que pesa sobre la desesperación de las familias que buscan una tierra para sus viviendas.

A las nuevas ocupaciones hay que sumar a los 200 barrios asentados en el registro de barrios populares de la Nación, todos ellos surgidos de ocupaciones o asentamientos precarios.

Para enfrentar el problema habitacional es necesario terminar con la concentración del suelo urbano en manos de los especuladores, e implementar de manera inmediata el banco de tierras municipal, postergado desde hace más de una década. El mismo debe exigir el efectivo cumplimiento de la disposición del 5% de las tierras de todo emprendimiento inmobiliario para el banco de tierras, y la concentración de toda tierra fiscal y ociosa en la ciudad, destinado para el desarrollo de planes de viviendas populares. Es en este sentido imprescindible que se cree el banco de tierras a nivel provincial, y se impulsen de manera efectiva programas de viviendas populares capaces de dar respuesta al masivo déficit habitacional.

Desde la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura, con la legisladora Soledad Díaz, se han impulsado proyectos en este sentido, que empalman con los importantes procesos de organización que desarrolla el Polo Obrero en las barriadas populares. El pre-encuentro por la vivienda del sábado 24 es la expresión de esto, y potenciará la lucha y organización por el acceso a este derecho.

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