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Declara:

Frente a los despidos y suspensiones de trabajadores de la industria cordobesa, y en particular de la metalmecánica, la necesidad de:

1. Establecer la prohibición de despidos y suspensiones, mientras dure la emergencia ocupacional, para todo trabajador en blanco o en negro, efectivo o precarizado y aún monotributista.

2. Reclamar a las empresas que informen sus planes de producción y horas de trabajo correspondientes. Proceder con esa información a organizar al reparto de las horas entre la totalidad de los trabajadores, con un salario igual al de bolsillo promedio de los últimos seis meses ajustados por inflación.

3. Que se abran los libros de las empresas a fines de determinar los costos y evaluar los precios de los automóviles y las ganancias de las mismas. Asimismo determinar cuáles son los precios de transferencia intrafirmas que se establecen entre filiales de Argentina y Brasil.

4. Determinar la apertura de los libros de las financieras de las empresas automotrices a los fines de reducir los costos de financiación para venta en cuotas o en los llamados planes de ahorro.

5. Reclamar al gobierno nacional la apertura de los libros de Siderar y Techint, para evaluar los costos del acero para la industria automotriz.

6. Reclamar al gobierno nacional la prohibición de giro de utilidades y pago de dividendos durante todo el período de recesión y reducción horaria.

7. Establecer un plan de producción de material rodante y transporte público de pasajeros en instalaciones ya adecuadas para ello como por ejemplo Materfer e Iveco.

8. Formar un comité obrero independiente de supervisión de todo este plan invitando a participar del mismo a las comisiones internas de las fábricas brasileñas.

9. Crear una comisión parlamentaria para transformar en proyecto de ley la presente declaración.

Fundamentos:

La situación de la industria cordobesa se caracteriza desde el último trimestre del año pasado por la pérdida constante de puestos de trabajo, con los consiguientes despidos, y por la suspensión sostenida de personal. Hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes, y con un fuerte golpe a la economía de las Sierras Chicas, o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. Ahora la situación de despidos y suspensiones está concentrándose sobre la industria metalmecánica, o sea la ligada a la producción automotriz, y por lo tanto adquiriendo profundidad por la implicancia de esta industria sobre el conjunto de la economía provincial.
Del lado de las llamadas “terminales” automotrices, la situación de suspensiones afecta a Renault, Fiat e Iveco. En las mismas fábricas ha habido despidos encubiertos vía la no renovación de contratos o producidos por las empresas tercerizadas. Si bien estos no tienen un carácter “masivo” (a excepción de la cesantía de casi 150 trabajadores propios que produjo Renault en el mes de noviembre del pasado año) son constantes. Otra vía de supresión de personal es a través de los llamados retiros “voluntarios” o jubilaciones anticipadas, que actúan como extorsión sobre los trabajadores de mayor edad; se trata de pérdida neta de puestos de trabajo.

En el caso de la otra gran automotriz Volkswagen, que en Córdoba actúa como autopartista, en el mes de enero de 2013 se despidió a 19 trabajadores como represalia a su filiación sindical opositora, luego de ello no ha habido suspensiones o despidos pero la patronal, recientemente, a través de sus gerentes ha hecho conocer al personal las intenciones de cerrar una de sus plantas (MQ250) argumentando fallas de calidad cuya responsabilidad recae enteramente sobre la dirección de la fábrica.

En el caso de la industria metalúrgica, de los 17.000 trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica entre el 10 y el 15% se encuentra afectado por problemas laborales. Según declararon los dirigentes del gremio a los medios de comunicación y en la Comisión de Trabajo de la Legislatura, los despidos “hormiga” son constantes. La situación más grave se produce en los 400 establecimientos, pertenecientes a ese sindicato, ligados a la producción automotriz. Sin embargo hay casos como el de la empresa Conmeca (que produce para una de las ramas que más creció en la década: la minera) que despidió al 35% del personal (22 trabajadores) debiendo reincorporarlos por la conciliación obligatoria, la patronal utilizó ese tiempo para atemorizar a los trabajadores con un posible pedido de quiebra para que aceptaran una desvinculación totalmente perjudicial en términos económicos.

Tres de las empresas autopartistas han solicitado ser incorporadas al procedimiento preventivo de crisis que le permite desprenderse de personal con muy bajo costo y modificar las condiciones de trabajo, ninguna de ellas puede justificar con sus balances el pedido. En el caso de Montich, fabricante de chasis, están afectados 450 trabajadores y ya se han producido 35 despidos por la vía de la no renovación de contratos. En los primeros meses del año hubo despidos arbitrarios en las autopartistas Valeo, Allevard Rejna Argentina (ex Liggett Argentina) y Rietter, que la lucha y la resistencia de los trabajadores impidió consumar.

La razón esgrimida por las empresas para suspender y despedir es acumulación de stock, caída de las ventas en el mercado interno y de las exportaciones como resultado de la retracción del mercado brasileño. Los informes de los trabajadores de esas empresas señalan jornadas de trabajo extensas, aumento en los ritmos de producción y fuerte presencia de personal eventual (a través de agencias) o contratado en los meses previos, es decir, una acción deliberada de sobre estoquearse. En el caso de Volkswagen los trabajadores han señalado al llamado “turboplan” como el responsable de un incremento de la producción, y de su baja calidad, con pérdida de puestos de trabajo en la planta MQ250. Las patronales han estrujado a los trabajadores para luego proceder a suspenderlos o despedirlos.

Lo descripto es sólo una muestra de la gravedad de la situación que atraviesa la industria metalmecánica cordobesa (y nacional). Y reclama la intervención inmediata para establecer una salida que responda al interés general porque no solo están afectados los trabajadores de las empresas involucradas; sino el conjunto de la organización social. Hay cientos y miles de puestos de trabajo que dependen indirectamente de la industria metalmecánica, como los de servicio para los trabajadores del sector por ejemplo, es decir, hay un efecto dominó o en cadena. Se está golpeando directamente sobre el mercado interno, en tanto el carácter de consumidores de los trabajadores. Encarar los despidos y suspensiones buscando a una respuesta a un problema “sectorial”, “gremial” o “corporativo” es pretender limitar las consecuencias de la política capitalista a las paredes de la empresa cuando ella está hecha carne en la organización social que involucra a millones de personas.

Los despidos y suspensiones deben ser enfrentados en defensa de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores y del pueblo de Córdoba.

Corresponde entonces aplicar el único remedio que puede impedir una disgregación social como resultado de la política capitalista: prohibir los despidos y suspensiones mientras dure la emergencia ocupacional, incluyendo a todos los trabajadores estén en blanco o en negro, sean efectivos o precarizados y aún monotributistas.

Las empresas deben hacer públicos sus planes de producción y de horas de trabajo requeridas para ello. ¿Con qué objetivo? Para proceder al reparto de las mismas entre la totalidad de los trabajadores, garantizando que el salario que perciban mientras dure la recesión y reducción horaria sea el promedio de los últimos 12 meses actualizados por el aumento del costo de vida.

Los recursos para sostener estas medidas están enteramente en los fondos, tienen absolutamente la capacidad para hacerlo. Para señalar algunos datos: Al comparar la versión 2001 con la 2010 del ranking de las 1000 empresas líderes que confeccionó la revista Mercado, entre las automotrices, Volkswagen pasó al primer lugar y saltó del 41 al 16; Fiat, del 47 al 20; Ford, del 27 al 23; General Motors, del 65 al 26. Renault retrocedió un poco, del 34 al 38. “Son una excepción dentro de un empresariado industrial que hace la plancha en cuanto a inversiones”, comentó Manuel Solanet, economista de Infupa.

Los balances dan cuenta de la magnitud de las utilidades de las multinacionales que suspenden y despiden en las provincias. Algunos datos sólo para ilustrar:
Volkswagen declaró haber obtenido en 2012 un beneficio neto récord de 21.700 millones de euros, en alza de 40,9% respecto a 2011.
Para Renault el año 2012 no fue el mejor porque sus ganancias cayeron un 15% respecto a 2011, así y todo tuvo una utilidad neta de ¡1.770 millones de euros! (más de 2.300 millones de U$S) y el valor de sus acciones subieron de 1,16 a 1,72, a pesar de las caídas de las ventas. En 2013 a pesar del aumento de las ventas la utilidad neta se redujo a 586 millones de euros pero… los resultados de 2013 incluyeron cargos de restructuración de la compañía por 1.300 millones que afectaron las ganancias, entre ellas una inversión en Irán.

En el caso de Fiat tuvo una ganancia comercial de 950 millones de euros en 2011, más de lo previsto; en 2012 alcanzó 659 millones de euros y la ganancia prevista para 2013 superaba los 1000 millones.

Estas ganancias fueron conseguidas en gran parte por las filiales en Argentina y en el resto de Latinoamérica. La producción y la venta en el mercado local alcanzaron cifras récords en todo este período, lo que particularmente a la empresa Renault permitió mejorar notoriamente su balance general.

Responde también a un crecimiento de la productividad, fundamentalmente la de la fuerza de trabajo; desde el piso de la depresión de 2002, o desde el segundo trimestre de 2003 el empleo en la industria se acrecentó un 43% y un 37%, respectivamente, un ritmo sustancialmente más bajo que el crecimiento del proceso productivo que fue de 97 a 69% respectivamente, datos que surgen de las propias estadísticas oficiales.

Durante todo este período, los grandes beneficios empresariales no fueron compartidos con los trabajadores, los cuales contrariamente vieron reducir sus salarios en términos reales y un avance en la precarización de las condiciones laborales.
En épocas de “vacas gordas” las patronales han girado y distribuido utilidades entre sus socios, con las “vacas flacas” han decidido “socializar” las pérdidas.

Estás empresas son parte de un proceso de aguda “extranjerización” del capital en la década kirchnerista. De acuerdo al INDEC de 2005 (aún no cuestionado) “dos de cada tres empresas grandes eran de propiedad foránea. Si lo que se utiliza para comparar es el valor de producción, la relación se quintuplica”, “La mayor diferencia se da en la utilidad, que es 11 veces mayor tomando los dos tercios de empresas con origen del capital con algún grado de participación extranjera respecto del tercio nacional. Además, en el año 2005, la utilidad de las empresas con participación extranjera se duplicó respecto de 2003”, y para completarla “las compañías cuya participación extranjera supera el 50% -294 empresas-, explican un 90% de la utilidad generada por las 500 empresas del panel” observado. El proceso se afianzó, si en 2000 había 182 empresas de capital nacional y 318 extranjeras entre las 500 más grandes del país, en 2008 (último dato disponible) esas cifras fueron 162 y 338, respectivamente. Este proceso coincidió con una “desindustrialización” del sector (comenzado con el convenio Fiat-Smata de 1997) que convirtió a las fábricas argentinas en ensambladoras produciendo autos con un 75% de autopartes importadas. Hubo un proceso deliberado de tercerización de procesos y autopartes impulsado por las terminales y que han llevado a una extranjerización inédita. En muchos casos, a comprobar con la apertura de libros, son filiales encubiertas.

La pretensión de recrear el mercado interno sin tocar este esquema de organización de la actividad industrial a través del subsidio de las finanzas públicas vía eximiciones impositivas, acuerdos especiales, financiación con créditos blandos es agudizar el régimen de exacción dominado por las multinacionales y descargar una mayor presión impositiva sobre los asalariados en la búsqueda de asegurar la caja pública, es decir, echar nafta al fuego.

Un punto fundamental es determinar efectivamente los costos de producción para evaluar así el precio de los automóviles y las propias ganancias. Las automotrices que operan en nuestra provincia y en el país tiene su correlato en Brasil y un comercio intrafirmas entre sus filiales a uno y otro lado de la frontera, ¿cuáles son los valores en juego?, ¿cuáles los precios?, ¿existe subvaluación o sobrevaluación en aprovechamiento de beneficios aduaneros o de diferencias de cambio de las respectivas monedas?
Otro aspecto fundamental en la conformación de precios son las propias financieras de las automotrices, todo indica que operan con beneficios usurarios ya que obtienen préstamos a tasas internacionales (infinitamente inferiores a las de referencia del Banco Central) y financian las unidades que venden en nuestro país con tasas superiores al 30 ó 35%. Es decir, un beneficio surgido de una especulación financiera que también atenta contra la propia moneda nacional. La notoria acumulación de stock sobre la base de horas extras, trabajo a destajo, postergación de vacaciones, etc., previa a las suspensiones y los despidos que los trabajadores denuncian entraña una acumulación a la espera de una valorización vía la devaluación y la posibilidad de hacer una bicicleta financiera, a más del 30% de interés anual, con dólares acumulados. Clarificar este proceso financiero es clave para reducir notoriamente los costos de financiación de la compra de unidades 0 km.

Las fabulosas ganancias responden enteramente entonces a un proceso de superexplotación y especulación que no puede ser desenvuelto sin la colaboración efectiva de los gobiernos.

Sobre estas consideraciones planteamos la apertura de los libros y cuentas de las empresas automotrices y de sus financieras a fin de determinar los costos de producción. Extendemos el reclamo al gobierno nacional para que abra los de las empresas Techint y Siderar proveedoras de acero a las automotrices. Así podremos evaluar el precio de automóviles y las ganancias.

¿Se puede permitir que empresas que “hacen la plancha en cuanto a inversiones”, al decir de Manuel Solanet, repatrien utilidades y repartan dividendos mientras liquidan puestos de trabajo y se achica una industria clave para la economía provincial y nacional? La respuesta es que mientras dure la recesión y la emergencia laboral el giro de utilidades y el reparto de dividendos debe ser prohibido. La Legislatura de Córdoba no puede argumentar razones de “competencia” para hacer las indicaciones que impidan el vaciamiento industrial.

Mientras las fábricas autopartistas o las terminales suspenden y despiden, o empresas como Materfer tienen un tercio del personal planteado con su reapertura, la provincia y el país viven una crisis terminal de su sistema público de pasajeros. Ausencia de unidades de transporte, malas condiciones de las existentes por su uso intensivo y su falta de renovación en tiempo adecuado. En la Ciudad de Córdoba por esta situación hay conflictos permanentes en las empresas de transporte, tanto de colectivos como de trolebús. Algo similar sucede con las líneas de transporte interurbano. Las fábricas de Córdoba Materfer e Iveco están en condiciones de resolver estas necesidades, así como la producción de vagones ferroviarios, que negociado mediante el gobierno nacional entregó a una empresa china y en el caso del gobierno municipal a Rusia a través de la compra de unidades recicladas y caras. La necesidad de una restructuración de la industria en función de los intereses generales, bajo control de los trabajadores, se impone ante la anarquía capitalista.

Entendemos que todo el proceso debe tener el seguimiento y supervisión de un comité obrero independiente, democráticamente elegido, en representación de los intereses generales de la población. Consideramos de suma importancia que al mismo sean invitados y lo integren representantes de las comisiones internas de las fábricas brasileñas, los trabajadores brasileños están soportando la misma situación (más de 3.000 despidos) y reciben como justificación la situación “del mercado argentino”, la pretensión es establecer una competencia entre trabajadores y sacar beneficios de la misma. “En América Latina, las multinacionales utilizan el mercado como una excusa para chantajear a los trabajadores de un país contra otro, amenazándolos con despidos y pérdida de los derechos con el fin de aumentar sus beneficios y su competitividad. Ejemplo de ello es la campaña de difamación realizada por GM, en un intento de provocar un conflicto entre los trabajadores de Argentina y Brasil en torno a la producción de Fenix”, de la carta que nos envió Antonio Ferreira de Barros – trabajador de GM y Presidente del Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região – SP – Brasil y Luis Carlos Prates – trabajador de GM São José dos Campos y Dirceu Travesso por la Executiva Nacional da CSP-CONLUTAS. Una acción común entre trabajadores argentinos y brasileños para enfrentar la situación de la industria metalmecánica es una salida para impedir un agravamiento de la crisis. Finalmente queremos señalar que el desarrollo del programa establecido en esta declaración merece ser convertido en ley, desafío que asumimos, pero somos partidarios de que una comisión parlamentaria especial se dedique a hacerlo, que pueda citar a las comisiones internas, a los delegados, a las organizaciones gremiales para tener el conocimiento cabal del proceso productivo, de su organización, de la política y los intereses de los capitalistas que intervienen en el mismo.