No resulta difícil enumerar en Córdoba los motivos por los que apuntamos los cañones hacia la iglesia como principal enemiga de nuestros derechos, una larga historia de ataques y lazos con el poder político la acreditan como tal. La provocación de montar una demostración de fuerzas de los antiderechos, en el Día internacional de la mujer trabajadora, es solo un botón de muestra de cómo actúa una institución oscurantista y reaccionaria, instrumento central para la regimentación y el sometimiento de las mujeres bajo este régimen. 

El Estado financia a los antiderechos 

Las proezas realizadas por la iglesia contra las mujeres y disidencias coinciden en el tiempo con 20 años de Unión por Córdoba (ahora denominado Hacemos por Córdoba) en el poder, constituyendo un verdadero cogobierno político clerical. No solo se ha otorgado el respaldo político, sino también el financiamiento necesario para furibundas campañas antiderechos en la provincia. 

Ante el debate impuesto por la marea verde en 2018, respecto a las sumas percibidas por la iglesia en concepto de subsidios del Estado, el arzobispo auxiliar de Córdoba, Pedro Torres, se vio obligado a anunciar que renunciaría a los recursos que envía la Nación para el sostenimiento de los obispos. Sin embargo, esos ingresos son una ínfima parte de los recursos, beneficios y exenciones con los cuales se financia la iglesia católica en nuestra provincia.

El Código Tributario de Córdoba, desde la dictadura militar a esta parte, exime a la iglesia católica de pagar los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y Automotores para aquellas propiedades “dedicadas al culto, a la vivienda de sus sacerdotes y religiosas, a la enseñanza o demás obras de bien común”. Así las cosas, el Estado provincial condona los impuestos de 2.141 inmuebles de propiedad de distintas religiones, de los cuales 1.793 son de la iglesia católica. No solo eso, cerca de 70 de esas propiedades no son utilizadas para el culto, sino para actividades lucrativas y de explotación comercial que administra la iglesia y por las cuales percibe jugosas sumas, como supermercados, hoteles, estaciones de servicio, canchas de tenis, de fútbol, lotes en barrios cerrados, entre otras.

Para resumir, mientras el gobierno de Schiaretti justifica en el déficit fiscal de la provincia, los impuestazos y tarifazos, el ataque a los jubilados provinciales, eliminación de la clausula gatillo y las paritarias de miseria a docentes y estatales, sostiene a esta institución retrograda y parasitaria con la plata del pueblo. 

En Córdoba hay curas abusadores, su lugar es la cárcel, no el Estado

En Córdoba, según la Red de Sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, se han registrado solo dos casos con denuncias en el derecho canónico, pero existen otros tantos que no han sido denunciados por falta de herramientas, temor o vergüenza. 

Uno de los casos denunciados es el de Daniel Vera, quien el año pasado se atrevió a denunciar haber sido ultrajado sexualmente en el año 1986, cuando tenía 17 años, por el entonces cura y médico Wálter Eduardo Avanzini en la localidad de Arias. Vera fundó su denuncia en la legislación canónica vigente, expuso los hechos y pide una investigación. Además, realizó una presentación en la Justicia penal de Córdoba.

La historia de Daniel Vera no es la única que involucra a Avanzini, otra persona cuya identidad se reserva, después de escuchar a Vera, aseguró que cuando tenía 18 años, en 1983 fue abusado por la misma persona mientras se formaban en el Seminario Mayor de Córdoba. En aquel momento, se atrevió a denunciar a Avanzini mediante una carta dirigida a monseñor Carlos Ñáñez, actual arzobispo de Córdoba, quien entonces era rector del Seminario Mayor. La única respuesta que obtuvo fue el traslado de Avanzini a la diócesis de Río Cuarto. A las semanas de su denuncia lo mandaron a hacerse exámenes psicológicos. En cuanto a Avanzini, el obispo de Río Cuarto, Adolfo Arana (fallecido en 2003), lo mandó a Ucacha para que reflexionara sobre lo que había hecho y en diciembre de 1985 fue ordenado cura. 

Avanzini fue apartado del ministerio recién en 1998 luego de un escándalo público que lo involucró con prostitución de menores. Sin embargo, con absoluta impunidad, en 2011 pasó a cumplir funciones a una inspección zonal dependiente de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba (Dipe), donde trabajó hasta el 31 de octubre de 2014, año en que finalizó sus funciones bajo la órbita del Ministerio de educación de la provincia.

El otro caso es el de Mauricio Ruybal, que fue abusado sexualmente por un cura de Corral de Bustos en 2012. La identidad del religioso se mantiene en reserva porque todavía no hay imputación formal en su contra.

Actualmente, el caso es investigado por la Fiscalía de Cámara de la Ciudad de Bell Ville. Sin perjuicio de la acusación, el sacerdote fue trasladado a un nuevo destino pastoral en la ciudad de Río Cuarto. Recién en agosto de 2018, el Ministerio de Educación de Córdoba tomó la decisión de suspender al religioso, quien estaba a cargo de una escuela secundaria en dicha ciudad.

Estamos ante un Estado dentro de otro Estado, que tiene sus propios procedimientos, leyes y tribunales para garantizar a perpetuidad la impunidad de los abusadores. La postración del poder político que no conforme les asigna cargos en la educación, salarios y jubilaciones de privilegio. Todo un entramado de perversión e impunidad que atenta contra el pueblo. 

Décadas de ataques contra las mujeres

La lucha por aplicación de la ILE (interrupción legal del embarazo) en la provincia ha sido una de las más representativas que el movimiento de mujeres debió librar contra la iglesia. Pero no la única.

A través de Encuentro Vecinal Córdoba, un partido que desde 2011 cuenta con representación parlamentaria, la Iglesia ha tenido un vehículo para agitar sus campañas. La banca es ocupada por García Elorrio, su referente máximo, organizador de las marchas “por la vida” y operador político indiscutible contra los derechos de las mujeres. Entre sus principios defiende “la vida desde la concepción” y “la promoción de la institución familiar, según el diseño del orden natural de las cosas, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer”. 

Además, García Elorrio es fundador de la asociación civil clerical Portal de Belén y del Programa Nazaret, mediante los cuales desde el año1991 administra con fondos estatales y tiene a su cargo, casas albergues para familias de tránsito, mamás solas y sus niños. Desde allí ha montado un aparato comunicacional contra la planificación familiar, con pautas publicitarias que refieren al aborto como “un crimen gravísimo, pero la misericordia de Dios es infinita, cuando dos almas se hacen una es más fácil que el niño concebido pueda ver la luz del sol a partir de la concepción existe una vida, Portal de Belén hogar para la mamá sola”. 

En 2012 logró suspender la aplicación del protocolo de abortos no punibles con la complicidad del gobierno de Schiaretti y la justicia adicta. El Ministerio de Salud de la provincia habilitó el recurso de amparo de los antiderechos al no adherir al Protocolo nacional de acuerdo con el fallo Fal de la Corte Suprema. Luego en la justicia provincial, el voto del camarista Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y miembro de la Academia del Plata fue un elemento de peso al hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad. En 2018 Buteler y García Elorrio fueron férreos expositores en contra del proyecto de legalización del aborto en el Senado y en Diputados, respectivamente. 

Las obstrucciones a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, implementadas por el Portal de Belén, son de larga data. Hace dos décadas, bajo gobierno menemista la misma organización arremetió contra la venta de anticonceptivos de emergencia, conocida como la píldora del día después, atribuyéndole falsamente propiedades abortivas. En 2002 la Corte Suprema de la Nación le dio la razón, y desde entonces viene cercando la comercialización y el reparto de anticonceptivos gratuitos, y de dispositivos intrauterino (DIU), en las instituciones públicas de salud. 

Otro hecho escandaloso definió la participación de la iglesia en las políticas estatales, esta vez, en la esfera educativa. A finales de la década del 90, la presidenta de Mujeres por la Vida, Cristina González de Delgado, encabezó una demanda pidiendo que se denegara el ingreso de mujeres al colegio universitario Monserrat de la provincia de Córdoba, una disputa que finalmente fue saldada por la Corte Suprema, convalidando el derecho de las alumnas a estudiar en esa institución.

Finalmente, el año pasado, la fuerza de la marea verde le asestó un duro revés a la iglesia al poner fin al bloqueo a la ILE, aunque en la práctica continúa obstaculizando su aplicación en los hospitales de la provincia mediante la objeción de conciencia.

Ganemos las calles por la separación de la iglesia del Estado

En tanto la iglesia refuerce su poder en la salud, la educación, en la justicia y en cada ámbito estatal, la conquista de nuestros reclamos estará condicionada a la regimentación de un instrumento central de sometimiento y contención social que tiene el régimen capitalista. La marea verde que ha llevado la lucha por nuestros reclamos hasta este punto, proclamándose anticapitalista y anticlerical tiene la fuerza para romper con estas estructuras de opresión. Vamos por la separación de la iglesia del Estado.