El 8 de noviembre del 2019 se denunciaron hechos de abuso sexual en el jardín maternal “Casita del Hornero”, ubicado en el barrio Villa Corina al noreste de la capital cordobesa. El caso asentado en la justicia incrimina al personal de la institución bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal” perpetrado contra niños de sala de 4. Cuenta con los testimonios estremecedores de los pequeños, que describieron hechos similares mencionando a la maestra. Ello, sumado a los cambios de conducta que desarrollaron y a informes psicológicos que determinaron positivamente que había habido abusos.

A siete meses de las denuncias, y terminadas las pericias, la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de la fiscal Alicia Chirino, aún no se expidió con los resultados para que la causa pueda seguir su curso legal. Este accionar, que atenta contra el reclamo de justicia por parte de los familiares tiene precedentes muy graves respecto al mal desempeño de sus funciones por parte de Chirino. Para dar cuenta de esto cabe remitirse al nefasto desarrollo que esta fiscal tuvo en un hecho similar, conocido como caso Collegium; frente a ello, a través de la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, junto a los familiares nucleados en el colectivo “Ni Un Niño Más”, iniciamos en 2019 un pedido de Jurado de Enjuiciamiento en la Legislatura para su destitución por mal desempeño del cargo.

La justicia tiene un carácter misógino y opresor, que vuelve a verse en la invisibilización que está haciendo frente a este enorme flagelo del que son víctimas la niñez y adolescencia. Así lo da cuenta la falta de celeridad, la visión parcializada, la desestimación de los indicios probatorios y la prolongación del secreto de sumario. También el direccionamiento de la investigación hacia los padres por medio de la defensa del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un supuesto trastorno que lleva a un niño decir algo en contra de un mayor porque otro le ha introducido ideas o recuerdos falsos en su mente -que no es reconocido por la comunidad científica.

Los antecedentes mencionados y las dilaciones en el caso han puesto en estado de alerta a los familiares, quienes evalúan la posibilidad de movilizar para visibilizar el caso y apuntar contra la justicia.

Pero esta situación no es un hecho aislado. El reciente dictamen del fiscal Fernando Rivarola en Chubut, donde establece que una violación en manada “es un accionar doloso de desahogo sexual”, y por el que se pedirán tres años de acción en suspenso -garantizando que los violadores, “hijos del poder”, no pasen ni un solo día presos- expone la naturalización de la violación y las relaciones de opresión y dominación que sufren las mujeres y niños bajo este régimen social, y de las cuales el primer responsable es el Estado y sus instituciones.

Frente a esta situación, y en un contexto en que con el confinamiento se agudiza la violencia y los abusos contra mujeres, adolescentes y niños, el movimiento de mujeres y disidencias debe tomar una acción de conjunto. Desde el Plenario de Trabajadoras nos sumamos al planteo “yo creo en tu voz”, el pedido de justicia por parte de los familiares de las víctimas del caso “Casita del Hornero”, y reforzamos y acompañamos las luchas que decidan.

Profundicemos la lucha para que haya justicia, por el fin del abuso infantil, y de toda forma de violencia y opresión.