Un dato central que arrojó la elección de gobernador y legisladores del pasado 5 de julio fue que el oficialismo perdía por primera vez el quórum y la mayoría en la Legislatura. Schiaretti-De la Sota obtenían 34 legisladores de 70, 17 por los departamentos y 17 por distrito único. Las otras bancas correspondían 24 a UCR-PRO-Juez, ocho al kirchnerismo, tres al Frente de Izquierda, y una al vecinalismo. Con esa distribución, la situación se ponía delicada a partir del próximo 10 de diciembre, porque toda la oposición patronal se había opuesto de palabra a las medidas de ajuste de De la Sota y, en principio, se podían derogar leyes clave, como aquella que posterga los aumentos a los jubilados o la que impone la tasa vial a los combustibles. Desde todos los abordajes se coincidió que se enfrentaría una situación crítica.

Pero la pérdida de mayoría no pasó el escrutinio definitivo. El primer día del recuento, el Tribunal electoral adjudicó por un voto el legislador departamental de Pocho al oficialismo, que correspondía a la UCR-PRO. Y luego de varios días, el Tribunal informa que la banca 44, última que se asigna por distrito único corresponde al PJ y no a la UCR-PRO. El escrutinio provisorio había dejado una diferencia a favor de UCR-PRO superior a los doscientos votos. En el escrutinio definitivo, sólo el Frente de Izquierda reclamó la publicidad de los resultados parciales y el Tribunal se negó a publicarlos. La UCR, el PRO y el juecismo tuvieron una posición por demás negligente, dejando hacer al oficialismo e incluso faltando en varias oportunidades a la fiscalización. Cuando se conoció la resolución final, el PRO y Juez guardaron silencio, y la UCR se limitó a afirmar “hay algo raro que estamos estudiando”.

Resulta evidente que la UCR-PRO-Juez entregaron las bancas del departamento Pocho y la 44 de distrito único a Schiaretti. El 5 de julio, Aguad y Juez acusaron a Mestre, intendente de la capital, y al resto de los intendentes radicales de no haber movido un dedo por la campaña. Ello fue evidente en los propios resultados, en algunos departamentos la UCR ganó localmente y el PJ la provincial. Incluso se abrió una crisis en el armado, cuando el sector de Aguad se presentó a la interna de la UCR en la capital, y cuando Juez amenazó con presentarse personalmente a la intendencia capitalina; lo que fue saldado por el respaldo que dio Macri a Mestre. El pacto De la Sota-Mestre que es vox populi en Córdoba, también incluye a Aguad y Juez. Y al propio Macri que hace un favor para disputar, aunque sea en parte, el aparato que quedará huérfano luego de que De la Sota no supere las Paso.

También resulta evidente que desde el Tribunal electoral se realizó un fraude escandaloso para encaminar esa entrega. Es la misma Justicia que armó el fraude en 2007 contra Juez. Estamos en presencia de un operativo de Estado para garantizar la gobernabilidad al ajuste de De la Sota y Schiaretti. Una legislatura con mayoría opositora hubiera liquidado principalmente a la propia oposición patronal de UCR-PRO y del kirchnerismo que es igualmente ajustadora. Hubiera acrecentado la influencia de la bancada del Frente de Izquierda.

Rechazamos el vergonzoso fraude que tiene como objetivo reforzar al aparato estatal y al gobierno capitalista provincial para descargar la crisis capitalista sobre la espalda del pueblo. Denunciamos el carácter rastrero del cambalache electoral que conformaron la UCR, Macri y Juez. Ha quedado más que claro que necesitamos una alternativa política de los trabajadores. Llamamos a apoyar más que nunca al Frente de Izquierda, votando masivamente a la Lista Unidad, que lleva como candidatos a Jorge Altamira-Presidente, Liliana Olivero, diputada y Eduardo Salas, senador.