El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, envió al Concejo Deliberante un proyecto para establecer un nuevo ordenamiento urbano. El “Plan de ordenamiento territorial del área periférica e intermedia de la ciudad de Córdoba”, se encuentra en debate en las comisiones del Concejo, y está previsto su tratamiento y aprobación el próximo 25 de marzo.

Si bien desde el ejecutivo municipal se ha publicitado la iniciativa como una medida a largo plazo para controlar el “anárquico” desarrollo urbanístico que ha convertido a Córdoba en una de las ciudades con el mayor ejido urbano en el país, lo cierto es que la medida apunta a favorecer la preservación de áreas productivas, industriales y rurales, a la vez que no establece ningún tipo de regulación al desarrollo de los grandes emprendimientos inmobiliarios que se han apoderado de la ciudad.

La esencia de la ordenanza es limitar la expansión del ejido urbano para aumentar la densidad poblacional. Sin embargo, de aprobarse se producirá una disparada en los precios del suelo urbano, agravando la expulsión progresiva de las familias empobrecidas a la periferia, o fuera de la ciudad.

Llaryora no impulsa esta iniciativa para controlar la especulación inmobiliaria sino para meterse de lleno en la misma, con nuevos negociados y sobornos.

Llaryora quiere un ordenamiento urbano en función de los desarrollistas.
El Polo Obrero lucha por Tierra para los Trabajadores No para los Especuladores.
Se necesita un plan de viviendas populares para enfrentar la desocupación y la falta de viviendas. pic.twitter.com/f6rKAZa9Nt

— Emanuel Berardo (@EmanuelBerardo) March 15, 2021

Sin solución para la vivienda social

El proyecto presentado por el intendente, en sus 79 páginas, no destina una palabra para la resolución de la crisis habitacional. En Córdoba son más de 120.000 familias las que carecen de vivienda. El propio informe releva la existencia de 93 asentamientos precarios y 98 villas miseria, en ambos casos barrios que surgen a raíz de ocupaciones de tierras ociosas y abandonadas. El crecimiento exponencial de emprendimientos urbanísticos de gran valor en la última década ha agravado la situación, elevando el costo de la tierra a precios inaccesibles.

Los defensores de la iniciativa oficial aseguran que ésta permitiría el control de los emprendimientos inmobiliarios, regulando el uso del suelo, pero la misma ordenanza permite en su art. 2 la modificación del uso del suelo a pedido de las partes, quienes deberían hacerse cargo de los costos de dicho cambio, es decir, abre una vía de negociación y prebenda con los especuladores.

Asimismo, con el expreso objetivo de favorecer áreas productivas dentro del ejido urbano, se restringiría el desarrollo residencial. Esta combinación se convierte en un coctel explosivo disparando los precios de los terrenos urbanizables disponibles, que rondaría el 6% del terreno total de la ciudad.

Por otro lado, desde el oficialismo se afirma que uno de los propósitos centrales es el desarrollo de una ciudad más eficiente y sostenible, optimizando la prestación de servicios que ofrece la municipalidad. Pero su plan de ejecución no prevé la creación de nuevos centros de salud, escuelas, o la extensión del servicio de cloacas.

Mucho menos está planteada la urbanización de los asentamientos y villas. A pesar de que en su diagnóstico se reconoce que la mayoría de los asentamientos precarios se realizaron sobre tierras contaminadas o anegables, no se propone un plan de obras y remediación del suelo. Tampoco avanzará en la regulación de los emprendimientos industriales o rurales contaminantes ubicados en zonas urbanizadas, situación que ha dado origen a largas luchas como la de las madres de Ituzaingó o el caso de Porta.

Finalmente, todo el plan se reduce a una serie de obras viales que acelerarían la circulación en la ciudad.

Así las cosas, el mapa de Llaryora se convierte en una herramienta de control, no para industriales y desarrollistas urbanos, sino para las familias trabajadoras. La ordenanza tiene como telón de fondo una oleada de ocupaciones de tierras producto del recrudecimiento de la miseria social. En sus fundamentos se dice expresamente, que ‘sin la intervención estatal crecerán las ocupaciones’, a confesión de parte relevo de pruebas.

Ordenanza en mano, el ejecutivo municipal profundizará su política represiva para con las familias trabajadoras que, empujadas por la crisis social, se lanzan a la lucha por un techo para sus hijos. La emblemática toma de B° Ampliación Ferreyra, brutalmente reprimida, concentra la política municipal y provincial frente problema de la vivienda social.

Por un ordenamiento urbano al servicio de las familias trabajadoras

La iniciativa oficial ya encuentra rechazo en varios sectores que cuestionan desde la inexistencia de un estudio de impacto ambiental que respalde el nuevo mapa, hasta la ausencia de un abordaje integral en la planificación urbana.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, rechazamos la orientación social que subyace en la ordenanza de Llaryora, y denunciamos que se trata de una avanzada contra las familias trabajadoras en favor de empresarios y desarrollistas.

Cualquier ordenamiento territorial de la ciudad debe partir de un estudio de impacto ambiental y un plan de remediación del suelo. Su diseño debe apuntar, fundamentalmente, a la urbanización de villas y asentamientos precarios, y a un plan de construcción de viviendas sociales que permita establecer un desarrollo ordenado de la ciudad. La planificación de obras públicas y el diseño de los servicios deben orientarse en función de este desarrollo.

Para ello proponemos la creación de un banco de tierra destinadas a la construcción de viviendas sociales, conformado por tierras ociosas (públicas o privadas), como así también por el 5% del terreno de emprendimientos inmobiliarios de gran valor. Sobre esta base es necesario un diseño urbano priorizando la creación de barrios populares, con áreas productivas bien delimitadas. Dicha planificación requiere de la intervención activa y directa de las y los vecinos, especialistas y profesionales independientes del poder ejecutivo, que breguen por un ordenamiento urbano al servicio de las familias trabajadoras, en defensa de la salud y el ambiente de las y los vecinos.

Para el Partido Obrero y el Polo Obrero, el banco de tierras es un proyecto central en nuestro trabajo parlamentario. El próximo 8 de abril realizaremos un gran acto frente al Concejo Deliberante, día en que se concreta la rotación de la banca del FIT por la que asumimos la representación en el Concejo. En esta jornada una de los ejes centrales será la lucha por un banco de tierras y un plan de viviendas sociales, iniciativas que impulsaremos con proyectos en el Concejo y recorriendo cada barrio para organizar la movilización popular por este derecho elemental.

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