En Córdoba se ha desatado un escándalo político cuyas consecuencias aún no están definidas.

A través de una serie de videos divulgados por las redes sociales se conoció una negociación entre el periodista Tomás Méndez (cuya programa, ADN, suele efectuar denuncias mediante cámaras ocultas) y uno de los directores de la empresa Kolektor.

En el video (realizado por el propio Méndez), se observa al director de la empresa Kolektor, Hermann Karsten, actuando como intermediario del gobierno de la provincia en una negociación por 500 mil pesos anuales en pautas publicitarias, directa o tercerizada a través de firmas relacionadas con el gobierno.

A cambio de la pauta, el periodista debía comprometerse a direccionar el contenido de su programa ADN con críticas al gobierno armadas y provistas por él mismo y con denuncias a toda la oposición política sobre información “fidedigna” provista por el gobierno.

A través de Kolektor, en 2004 el gobierno tercerizó parte de la recaudación de la provincia (morosos, multas de la caminera, entre otras); lo que ha dejado a la empresa una ganancia de más de 50 millones. Hay una estrecha relación entre la empresa, funcionarios del gobierno y el propio De la Sota. Detrás de Kolektor y de la constructora Britos (ejecutora de las más importantes obras viales, gasíferas e hidráulicas de los gobiernos tanto de De la Sota como del de Juan Schiaretti) están Horacio Miró y Walter Poplawsky, ambos ex funcionarios del gobierno de De la Sota; ambas empresas son sindicadas como las cajas negras del oficialismo.

A una semana de conocido el video, renunció Karsten y el oficialismo declaró estar dispuesto a discutir la relación contractual de la provincia con Kolektor.

 

Crisis de conjunto

No estamos ante un mero hecho de corrupción. Estamos ante la manifestación del proceso de descomposición que envuelve al régimen político de conjunto.

El video ha puesto a la luz una trama de negocios que asocia a funcionarios con empresarios en áreas clave como es la recaudación tributaria de la provincia y la obra pública. Pero no puede ser separado del amotinamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013 ni del llamado narcoescándalo, que tiene a parte de la cúpula policial en la cárcel, ni la quiebra de la financiera CBI y el “suicidio” de su vicepresidente. En todos los casos están implicados funcionarios y ministros del gobierno provincial.

Voceros ligados al gobierno han sostenido que la divulgación de los videos y los videos mismos son parte de un operación política en su contra; la misma apreciación, pero considerándose ella la víctima, ha tenido la oposición organizada en los partidos capitalistas. Es decir, que la política cordobesa ha entrado de lleno en el terreno de las conspiraciones.

 

El debut del frente “opositor”

El escándalo y el aniversario del amotinamiento policial sirvieron para mostrar un acuerdo entre la UCR, Juez y el PRO.

Fueron a pedirle al fiscal general que investigue: la oposición no quiere sacarlo del ámbito de la Justicia, despreciando el trasfondo político y económico de lo ocurrido.

La oposición nunca cuestionó el acuerdo con Kolektor y acompañó el régimen de los subsidios y eximiciones impositivas a los grandes capitalistas de la industria y el campo y el sostenimiento de una deuda pública usuraria e ilegítima.

La oposición tampoco puede agitar fuertemente las denuncias por corrupción, por eso de que no es bueno escupir para arriba: el radicalismo tiene a Mestre y prácticamente todos sus primeros funcionarios imputados; el PRO tiene lo suyo.

 

Juicio político

Presentamos el reclamo del juicio político a De la Sota, para que sea público el juzgamiento del mismo; para transparentar toda la trama que envuelve este grave episodio, las complicidades y acciones ocultas; para que los legisladores fijen su posición de cara a quienes lo votaron. Para que aparezca la luz toda la pudrición que envuelve al Estado capitalista y a sus partidos, y los trabajadores puedan superarla organizando y luchando por un gobierno propio