Los trascendidos que desde la fiscalía se divulgaron a la prensa, con las cuales se me presenta como la instigadora y/o ejecutora de supuestas amenazas anónimas contra el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, forman parte de un operativo político digitado por la Municipalidad que capitanea el intendente Martín Llaryora y el gobierno provincial de Juan Schiaretti. El mismo apunta a reforzar la escalada represiva que comenzó con la cuarentena y que ha recrudecido en los últimos días.

La causa es un endeble operativo que no tiene sustento alguno. A más de 24 horas de los trascendidos no hay imputación ni comunicación oficial, muy a pesar de que en la mañana del martes 21, desde la fiscalía de Bringas, se habría asegurado a los medios locales que el caso está prácticamente cerrado y que las imputaciones se estarían cursando en las próximas horas.

La cuestión es tan grotesca que una de las versiones que se les ha hecho llegar a los trabajadores de prensa es que se estarían esperando los resultados de una pericia telefónica sobre el chip desde el cual supuestamente provendría la amenaza contra Passerini. Supuestamente esto determinaría la vinculación con el FIT. La relación sería corroborada comparando las conexiones a internet de dicho chip con mi domicilio, un disparate.

El caso reviste una gravedad extrema, porque revela hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo municipal y el provincial para aplicar un ajuste fuertemente resistido por la clase obrera cordobesa. A pesar de las inconsistencias de las acusaciones y la ausencia absoluta de pruebas, el armado liderado por el fiscal Bringas ya ha establecido sentencia pública contra la organización por la cual fui electa y sobre mi persona, con el perjuicio que ello conlleva.

Entre lo más grave del caso sucede que para atacar a una trabajadora se incurrió en todo tipo de tropelías políticas e irregularidades judiciales. Que el fiscal haya hecho trascender supuesta información extraoficial, en una causa que aún está bajo secreto de sumario y sin siquiera haber notificado fehacientemente a las partes involucradas, es lisa y llanamente un delito y podría habilitar el juicio político en la Legislatura por incumplimiento a sus deberes como funcionario público.

Mediante esta operación judicial se pretende un disciplinamiento contra las y los trabajadores, en tanto se inscribe en una política represiva más general y pone en la picota a la única fuerza política que actúa consecuentemente en defensa de todos los procesos de luchas obreras y populares, el Frente de Izquierda.

Una política de gobierno

La cuarentena ha sido utilizada deliberadamente por Llaryora y Schiaretti para imponer una agenda antiobrera. La creación del “Centro de Operaciones de Emergencia” (COE), integrado por la Policía, Gendarmería, el Ejército y la Fiscalía fue el primer paso. Schiaretti diseñó un verdadero comité represivo, que tuvo como debut la imputación del médico de Saldán, apuntado como responsables de los contagios en un geriátrico. Fue también el organismo en el que se ampararon para avanzar en la brutal represión contra los trabajadores municipales de Jesús María, que terminó con la detención ilegal de 40 compañeros, entre los que se encontraba toda la comisión directiva del gremio.

De manera similar se procedió en las imputaciones a los trabajadores municipales de Córdoba, en lucha contra el recorte salarial; o con la persecución a los trabajadores de UTA, que pasaron meses sin cobrar y han sufrido una brutal represión con el saldo de ocho detenidos.

Esa avanzada represiva pretende ser institucionalizada por medio de la ley que se acaba de votar en la Legislatura cordobesa, donde se autoriza a la policía provincial a cobrar multas a la población por cualquier “falta” relacionada al aislamiento. Así avanzan en una mayor regimentación social de los trabajadores y las barriadas populares, elemento clave para hacer pasar despidos, suspensiones, quiebres y cierres de empresas, liquidación de los convenios colectivos, recortes salariales, la ejecución de la reforma jubilatoria, el desmantelamiento de los servicios públicos, y todo tipo de atropellos a los derechos de las mayorías trabajadoras.

La causa montada por el fiscal Bringas es un elemento más en un cuadro represivo provincial que apunta, en particular, contra el proceso de agitación política y organización que despliega el Partido Obrero y el Frente de Izquierda entre los trabajadores para enfrentar el ajuste oficial.

La provocación será respondida en todos los terrenos. En el día de hoy, junto a la legisladora del FIT Soledad Díaz, se realizó una presentación ante el Inadi debido a que nos encontramos ante un claro hecho de discriminación y persecución. También realizamos una presentación ante la justicia solicitando participación en la causa. Continuaremos con todas las iniciativas necesarias para repudiar el hecho y accionar contra las irregularidades del fiscal Bringas.

 

La operación suscitó rápidamente el repudio de importantes activistas sociales, sindicatos y organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea Ni Una Menos, La CTA-A capital, el Sindicato de Municipales de Jesús María, la AGD-UBA, etc. Desde el Partido Obrero en el FIT llamamos al conjunto de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, del movimiento de mujeres y disidencias a rechazar esta provocación contra las y los luchadores, y a pronunciarse pública y activamente contra el operativo del gobierno.