La Asamblea Constituyente de Córdoba aprobó la reforma del artículo 101 de la Constitución, lo que permitirá la reelección del actual gobernador de la provincia. El radicalismo logró reunir la mayoría simple, al sumar el voto afirmativo de parte de la bancada justicialista. Pero la posibilidad de reelección del actual gobernador no agota el carácter de esta reforma:

-la Convención ha incorporado a la Constitución provincial la figura del Consejo Económico y Social; este organismo ya funciona en Córdoba con el nombre de Mesa de Gestión. Con esta medida la integración de los sindicatos al Estado adopta carácter imperativo. 

-la nueva Constitución anuncia la más amplia “protección hacia la Iglesia Católica’’, dando satisfacción al clero reaccionario.

-radicales y justicialistas han aprobado un régimen electoral que asegura a los dos partidos mejor colocados el 81 % de las bancas de la cámara baja.

El paquete constitucional podría completarse con otras medidas: delegados al Sindicato de empleados Públicos (SEP) han denunciado que la nueva Constitución podrá afectar el derecho de huelga y la estabilidad de los estatales de la provincia.

Se ve, de esta manera, que detrás de la reelección de Angeloz hay bastante más que una pretensión personal o de camarilla: se quiere perpetuar un régimen que ha convivido pacíficamente con la camarilla menendista del III Cuerpo y con el clero reaccionario, que ha actuado como gestor directo del gran capital con intereses en la provincia (Honda, Sevel) y que pugna por transformar a los sindicatos en meras agencias del Estado. Todo este paquete antiobrero y antidemocrático ha contado con el aval del justicialismo cordobés entero.