La Justicia dejó sin efecto la disposición del gobierno de De la Sota de prohibir la instalación de cinco antenas para la Televisión Digital Abierta, y da un plazo de 90 días a Arsat para que se ajuste a los requerimientos establecidos por la provincia. De la Sota argumentaba que no cumplían con los requisitos de cuidado ambiental.

La pelea entre el gobierno nacional y De la Sota en torno de esta cuestión está llena de imposturas.

Ni el gobierno provincial ni el nacional se pueden arrogar un celo respecto de la cuestión ambiental. Ambos apoyan fervientemente la instalación de Monsanto en Córdoba, a pesar de los estudios y advertencias sobre el daño que provocará la misma. De la Sota y Cristina sostienen la producción de soja y la minería a cielo abierto, ampliamente resistidas.

Los funcionarios del gobierno nacional dicen que la prohibición de las antenas "ataca derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación". Esto también es una impostura. La Televisión Digital Abierta es una herramienta de propaganda del gobierno nacional. La única libertad de expresión que garantiza TDA es la de la camarilla gobernante. El "derecho a informarse" es vulnerado por el monopolio estatal de la información y por el dominio de éste sobre los medios de comunicación, hecho además en asociación con grupos monopólicos capitalistas como son las telefónicas y las redes mediáticas en manos de Cristóbal López, Vila Manzano, Spolsky y otros.

La prohibición de De la Sota es funcional a otros grupos capitalistas, como es el caso de Cablevisión.

La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.