Al borde de caer en default técnico, el gobernador Juan Schiaretti cerró un principio de acuerdo con los bonistas para reestructurar una deuda provincial por 1.685 millones de dólares. El mismo viene tras cuatro meses de negociación y cinco propuestas del gobierno rechazadas. Aunque el mandatario provincial anuncie victorioso el acuerdo, lo cierto es que se trata de una propuesta a la medida de los acreedores, que aún se encuentra sujeta a lograr la adhesión del 60% de los mismos. El plazo vencería el 22 de enero.

Con este principio de acuerdo el gobierno canjeará tres bonos (PDCAR 2021, 2024 y 2027) por otros con vencimiento a partir de 2023, a una tasa de interés promedio del 6,08%. De esta forma evitaría el desembolso de los 725 millones de dólares que debía pagar en 2021 por el total del capital del bono PDCAR-2021 emitido en 2016, una misión imposible en tanto representaría el 30% del presupuesto provincial.

El acuerdo es un recule del gobierno en toda la línea. En primer lugar es necesario señalar que la reestructuración no implica ninguna quita, se trata más bien de una reprogramación de pagos. Sin embargo, el punto más gráfico se encuentra en los intereses leoninos con los que cierra la propuesta. Schiaretti presenta como un triunfo sobre los bonistas el pasaje de una tasa de interés promedio del 7,23% al 6,08%, pero lejos está de sus pretensiones iniciales. Basta recordar que las negociaciones comenzaron en septiembre con una oferta oficial del 1 % de interés hasta 2022 y 5% en adelante. La reducción final del casi un punto promedio de interés es una enorme concesión a las exigencias de los acreedores, en un contexto de caída internacional de la tasa de referencia para impulsar la recuperación pospandemia. Según la agencia internacional Bloomberg, sólo Argentina y Nigeria se encontrarían a contramano de esta tendencia internacional (Infobae, 5/1).

Repasando, la reestructuración de Schiaretti no logró ninguna quita sustancial, mantuvo intereses por arriba de la media nacional, ni que hablar de la media internacional, y todos sus vencimientos están sujetos a la volatilidad del dólar. Una nueva devaluación pondría en crisis todo el esquema oficial.

Así las cosas, el único logro que se podría anotar el gobierno de Schiaretti es el de haber ganado tiempo, pateando los vencimientos de deuda a 2023 luego de finalizar su mandato. Aunque tampoco ganó en este terreno, puesto que los nuevos plazos que llegan al 2029 son sustancialmente menores a los obtenidos por otras provincias.

“Honrar” la deuda con las jubilaciones y el salario

Schiaretti desarrolló un discurso de una Córdoba que crece y se desarrolla pero con justicia social mientras firma acuerdos contra el conjunto de las y los trabajadores cordobeses.

El nuevo pacto a todas luces usurero preanuncia más ataques a las jubilaciones provinciales y los salarios estatales. Al inicio de la ASPO Schiaretti se despachó con un robo histórico a los jubilados cordobeses aprobando la ley 10.694, y ya tiene en agenda nuevas reformas para avanzar sobre la caja provincial. En la misma línea, los acuerdos salariales estatales, que rondaron el 25%, impusieron una pérdida de un 15% contra la inflación. El gobierno que cede a todas las exigencias de los acreedores, se prepara para afrontar los nuevos compromisos con el hambre de trabajadores y jubilados.

El argumento para sostener este saqueo es que los fondos de la deuda se utilizaron para hacer obras. Lo que no dice Schiaretti, es que el gobierno hipotecó a la provincia en dólares para hacer gastos en pesos, ya que el 80% de los insumos y mano de obra para la obra pública es en moneda local. Claro está que se trató de una nueva fuente de negociados para un puñado de empresarios entre los que se encuentran Odebrecht, Calcaterra, Electringenieria, Roggio, entre otros.

Más allá de la malversación y los negociados, el problema original de la deuda de Córdoba radica en la estatización de la deuda que dejó un grupo de capitalistas que operaban en la provincia hace décadas. En gran medida, la renegociación actual apunta a financiar intereses de las renegociaciones anteriores. Se toma deuda para pagar deuda.

No se trata, sin embargo, de una línea provincial. Es una política de Estado. Las negociaciones de Schiaretti se desenvolvieron en el marco del Pacto Fiscal cerrado con Fernández, y marca el rumbo para todas las provincias que se encuentran en procesos de reestructuración de deuda. Es por esto que contó con la venia del Ministro Guzmán. Para el gobierno nacional, cerrar la crisis con las deudas provinciales en condición necesaria para avanzar en las negociaciones con el FMI.

En plena crisis económica y sanitaria, con una provincia quebrada, un sistema de salud vaciados y miles bajo la línea de la pobreza, la factura millonaria de los negociados del PJ no pueden ser afrontados a costa de las jubilaciones, salarios y recortes en asistencia social. Hay que desconocer la deuda, investigar los responsables y beneficiarios de esta usura, y establecer un plan económico que avance sobre el gran capital para poner los recursos provinciales al servicio de las necesidades sociales más acuciantes.

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