Tras resolver el cierre de carreras presentadas como “no prioritarias” mediante la resolución 2010/18 y el decreto 530, y desatar con esto una masiva reacción de la comunidad educativa de los institutos de educación superior, el gobierno de Alfredo Cornejo ha salido a responder a estas luchas con el Código Penal.

En el marco de masivas asambleas y ocupaciones de los edificios en toda la provincia, la Dirección General de Escuelas (DGE) radicó una denuncia en la Unidad Fiscal Correccional contra la toma del Instituto Tomas Godoy Cruz, acusando a docentes y estudiantes por “Desobediencia” –cargo tipificado por el Código Penal de la Nación en su artículo 239, donde se establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". 

El fiscal a cargo, Gabriel Blanco, se presentó dos veces en el edificio ocupado: durante la mañana del viernes –cuando intentó forzar un desalojo con algunos efectivos policiales- y por la madrugada del sábado -donde fue recibido por una multitudinaria concentración de docentes, estudiantes y más de una docena de legisladores provinciales. En ninguna de las dos oportunidades imputó a nadie, incluso se comprometió a no continuar con la judicialización de la protesta educativa. Sin embargo, durante el domingo 26 la secretaría de prensa del Poder Judicial difundió que “al menos 10 personas, entre ellos estudiantes, docentes y legisladores” serían llamados a declaración indagatoria y posteriormente quedarían imputados por “desobediencia”.

La comunidad educativa había resuelto el día anterior levantar la toma, pero continuando en estado de asamblea y movilización permanente, y marchar hoy lunes junto a los estudiantes de la Universidad Nacional a Plaza Independencia.

Una vez más la gestión Cornejo gobierna con el Código Penal, haciendo una interpretación unilateral y tendenciosa. Desconoce que existe un conflicto de intereses entre su politica educativa y el rechazo de la comunidad educativa a una medida que implica la pérdida de horas cátedras para la docencia y el cierre de institutos. Tambien significa un importante paso en la mercantilización de la educación, pues establece como criterio que el Estado financie solo las carreras “con salida laboral” –es decir, que se adecúen a la demanda de un mercado caracterizado por la descalificación y degradación de la fuerza de trabajo.

El anuncio, nuevamente, de ir contra los legisladores que nos hicimos presentes para respaldar el derecho a reclamar, es una medida que busca sembrar la sensación de fortaleza de un gobierno que no logra mostrar ningún progreso.

Cornejo pretende criminalizar la protesta y en lo inmediato intenta contrarrestar la lucha educativa, que viene en ascenso.