En los últimos días, la Legislatura de Mendoza trató, en tiempo récord, las leyes de avalúo, impositiva y presupuesto. Estas son una profundización de la política impositiva y económica del gobierno anterior, caracterizada por beneficios al capital en desmedro de las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo.

El presupuesto y las leyes impositivas son una declaración de guerra contra el pueblo trabajador de Mendoza ya que establecen un aumento de más del 25% en los impuestos, a la vez que mantiene tasas 0 a sectores del capital. Establece una valuación distorsionada sobre el valor de la propiedad que favorece a quienes más tienen por sobre la vivienda única o familiar.

 

Endeudamiento

 

El presupuesto concretamente habilita la posibilidad de un endeudamiento de hasta 18 mil millones de pesos que lógicamente pagarán los mendocinos. Como parte de este fabuloso endeudamiento establece 4.600 millones de pesos para el pago de deuda anterior, que pese a las denuncias de pirotecnia del radicalismo sobre el manejo financiero del gobierno del FpV, no ha merecido siquiera la suspensión y revisión de la legitimidad de  dicha deuda, quiénes son los tenedores y qué destino tuvieron estos fondos.

Como lo hacía el gobierno del FpV, mantiene el congelamiento de planta, desechando cualquier posibilidad de llamado a concurso, pero como contrapartida deja las manos sueltas para que el Ejecutivo cree cargos fuera de nivel (políticos) y siga contratando personal bajo la modalidad de locación de servicios. O lo que es lo mimo remplazar trabajadores de planta por prestadores, contratados o empresas tercerizadas.

El presupuesto habilita, en consonancia con las leyes de emergencia fiscal y sanitaria, el manejo discrecional de partidas al Ejecutivo, que sumado al descomunal endeudamiento autorizado, convierten a la Legislatura en la escribanía del gobernador Cornejo, todo con apoyo de un fragmentado “peronismo que resiste”.

 

Beneficios patronales a costa del pueblo trabajador

 

El Ejecutivo ha presupuestado en un 22% la inflación anual, lo cual es ridículo luego de la escalada de precios de las últimas semanas como producto de la devaluación del peso, los aumentos del combustible, el transporte y demás servicios; los aumentos impositivos aportarán lo suyo.

 

El presupuesto establece subsidios millonarios a las patronales. A las empresas de transporte se les otorga 570 millones de pesos, más 1.200 de la Nación, mientras se intenta despedir a centenares de municipales y los hospitales no tienen insumos.

El FpV acompañó este planteo bajo el argumento de “no poner palos en las ruedas al nuevo gobierno”. “Rosqueó” recursos para sus intendencias a cambio de la aprobación de las leyes del oficialismo.

 

Los parlamentarios del PO abordaron la discusión sobre el presupuesto buscando el mandato de enfermeros, docentes y sectores populares.

Durante todo diciembre recorrimos hospitales, centros de salud, escuelas y reparticiones estatales impulsando reuniones y asambleas para discutir cuáles son las necesidades que deberían ser contempladas en el presupuesto.

 

El mandato que recibimos de las reuniones y asambleas contrasta abiertamente con el presupuesto aprobado por la UCR y el FpV; las expectativas en el nuevo gobierno rápidamente se empiezan a diluir.

 

Con esta orientación los parlamentarios del PO nos hemos destacado en la prensa burguesa como verdaderos representantes políticos de la vanguardia obrera que ya está enfrentando el ajuste.