El miércoles 11, la Organización Mundial de la Salud reconoció que por su extensión, el coronavirus ya debe ser considerado una pandemia. En las últimas dos semanas, los contagiados fuera de China se multiplicaron por 13 y se triplicaron los países afectados.

Mientras en China el coronavirus retrocede abiertamente, en Estados Unidos está en pleno desarrollo (según algunos datos extraoficiales, los casos autóctonos están superando a los importados). En una semana se pasó de 149 a 972 los casos comprobados y se duplicó el número de muertos. La epidemia puso de relieve que el sistema de salud yanqui, profundamente privatizado, con un sector público raquítico, no es apto para afrontar la enfermedad. A esto se suma que las medidas dispuestas por el gobierno no son de fácil cumplimiento. Las licencias laborales para quienes son posibles propagadores (tomadas por once Estados y 25 ciudades) no se cumplen porque “el 30% de los trabajadores no tiene ese derecho” (El Cronista, 9/3) por la extendida flexibilidad laboral, que hace que los trabajadores teman perder su puestos de trabajo. Ya sucedió en 2012 con la llamada gripe porcina.

En Italia, los casos superan los 10 mil y la tasa de mortalidad es de las más elevadas. El gobierno va improvisando medidas sin éxito. El virus encontró el terreno allanado con un sistema de salud al cual, en los últimos diez años, le sustrajeron 37 mil millones de euros. “En el mismo lapso se han perdido 42.000 operadores de todos los niveles y el nivel de camas bajó de 3,9 al 3,2” (Clarín, 11/3). Al no aplicar el aislamiento de los lugares donde apareció la enfermedad, ha llevado al gobierno a declarar a toda Italia en cuarentena, creando un estado policial para imponerlo con una suerte de toque de queda incluido.

Francia mira a su vecina Italia aterrorizada. Si bien cuenta con un servicio público hospitalario, Macron lo está deshaciendo, le niega presupuesto, los salarios son miserables, la calidad del servicio disminuye cualitativamente, los pacientes menos protegidos optan por quedarse en su casa, faltan materiales como los barbijos y tampoco circula la información. El gobierno se dedica a dar “consejos” de cómo lavarse las manos por ejemplo, pero es un gobierno que carece de credibilidad.

Entre Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos suman más de 18 mil casos. La expansión de la enfermedad de China al “mundo occidental” no fue inmediata, pasaron semanas. Trump mismo fue acusado de no actuar rápidamente e improvisar medidas. Lo cierto es que la propagación en alza en los países capitalistas más desarrollados está favorecida por varias razones: una es la reducción de gastos del Estado en la salud pública, que se expresa en la falta de establecimientos, de personal, de los llamados kits. La salud en general está encarecida porque es parte de un negocio capitalista favorecido, adrede, por un retiro de la oferta estatal. La otra cuestión es la imposibilidad de tomar medidas de aislamiento de los brotes (como las que se tomaron, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan, en China central, donde apareció el primer caso), esto por los costos que los gobiernos no están dispuestos a afrontar y los sectores privados quieren trasladar a las arcas públicas en momentos de fuertes ajustes. Un aspecto central son las relaciones laborales -la informalidad laboral, los regímenes superprecarizados, “el mundo uber”, el trabajo cuentapropista o en negro-, que imposibilitan una acción centralizada del Estado y favorecen la propagación de la enfermedad.

¿Y por casa?

En Argentina, todos estos elementos que favorecen el desarrollo de la epidemia están más que presentes. El gobierno nacional dispuso una suma de 1.700 millones de pesos adicionales para hacer frente la situación, pero esto es nada. La descentralización del sistema de salud, fundamentalmente, y de educación dejan en los presupuestos provinciales en quiebra la atención elemental de la población. Además, los hospitales están desabastecidos, como denunció la asamblea de trabajadores del Argerich, y son los propios trabajadores los que entran en zona de riesgo, poniendo en peligro la atención en los nosocomios.

Las licencias que el gobierno plantea para aislar a quienes hayan estado en contacto con países o personas plausibles de contagio dejan afuera a los trabajadores que están en negro (44% de la población activa) o precarizados.

Mientras el gobierno recomienda lavarse las manos, las escuelas, universidades y centros públicos no disponen de jabón -y a veces ni siquiera de agua- y el alcohol en gel no está garantizado (ni pagándolo). Se exhorta a los mayores de 65 años a un “autoaislamiento social”, cuando muchos de ellos siguen trabajando por las miserables jubilaciones.

Es necesario que los trabajadores tomen el control de la situación para imponer las medidas necesarias: obligatoriedad de licencias por parte de todas las patronales, el Estado debe garantizarle la situación laboral a los trabajadores en negro o precarizados; aumento de los presupuestos en salud, la Nación debe asistir a las provincias; comisiones de control de los trabajadores en los centros de salud para resolver las medidas necesarios y reclamar los fondos correspondientes.