El gobierno de la provincia de Córdoba anunció una “reorganización del sistema de salud” por el plazo de 4 semanas. La medida se toma en momentos en que la hospitalización de pacientes ya superó las que se produjeron en la primera ola de coronavirus. Para peor, los contagios registrados en estos últimos días prefiguran una mayor saturación en los centros de salud.

Trabajadores de diferentes centros de salud afirmaron que están trabajando a cama caliente, como por el ejemplo en el Hospital Rawson. Sin embargo, los informes oficiales hablan de una ocupación de camas criticas del 55,83%. Cabe recordar que el gobierno provincial repitió una y otra vez que la variable a considerar era la cantidad de camas y presentó la situación de la pandemia como controlada.

Ahora, y cuando todos los indicadores se pusieron en rojo, la gestión de Juan Schiaretti dispuso una reorganización de los centros de atención pública y privada. De este modo, y por 30 días, el Ministerio Salud, conducido por Diego Cardozo, coordinará la atención médica que se centrará en la pandemia, relegando otras patologías y tratamientos. Es decir, que todas las camas se destinarán a pacientes con coronavirus.

La mencionada reorganización también regula camas UTI, cirugías, guardias, vacunatorios, consultas ambulatorias, patologías prevalentes y salas de internación general. El gobierno provincial también saldrá al auxilio de las patronales privadas de la salud a quienes les brindará elementos de protección para el personal y sedantes para aquellos pacientes que debieran ser entubados. También se proveerá a los sanatorios privados de oxígeno.

El gobierno, en lugar de reforzar el sistema de salud aumentando su presupuesto, incorporando más personal, entre otras necesarias medidas, improvisó esta “reorganización” relegando atención médica elemental para la población. De este modo, se sigue sobrecargando a trabajadores de la salud que reclaman la reapertura de la paritaria, puesto que la burocracia acordó un “aumento” que no recupera lo perdido el año pasado y está por detrás de la inflación prevista para el 2021.

La presente situación no se resuelve con el método de “la manta corta”. Y más cuando la gestión del gobierno provincial y de intendentes ya tenían la atención primaria de la salud relegada. En este punto, en Córdoba Capital hubo manifestación y quejas diarias de madres que reclaman por la atención de especialistas y celeridad para conseguir ser atendidas.

Centralización del sistema de salud

El anuncio de una “reorganización” limitada expone al gobierno en múltiples formas. Por un lado, pone de manifiesto la fragilidad de un sistema de salud marcado por carencia de camas. Por otra parte, refleja la orientación criminal de habilitar el transporte público de pasajeros sin cumplir medidas de bioseguridad. A su vez, muestra las consecuencias de la política oficial en torno a defender la presencialidad en las escuelas y la apertura de actividades no esenciales, sin ni siquiera garantizar un plan de testeos masivos.

Una verdadera reorganización del sistema de salud pasa por su centralización bajo control de sus trabajadores. Esta medida elemental debe ser acompañada por un aumento de presupuesto, la incorporación de más personal, terminar con el pluriempleo y la precarización laboral, aumentando el salario de lxs trabajadorxs de la salud.

Lo señalado forma parte de un aspecto programático que también contiene el planteo de intervención estatal del laboratorio del grupo Sigman, declarándolo de utilidad pública, para garantizar las vacunas necesarias para toda la población.

Por una intervención independiente de lxs trabajadores

El agudo cuadro de crisis económica y sanitaria requiere de un conjunto de medidas elementales en defensa de la salud de la población, como lo expuesto en líneas arriba.

Además, el planteo de protocolos obreros en los lugares de trabajo bajo control de los trabajadores adquiere una mayor vitalidad. La intervención independiente resulta clave frente a la posición de la burocracia de continuar exponiendo la vida del movimiento obrero. En esa línea ya dejó pasar el decreto 4/21 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo del gobierno nacional que permitió que trabajadores dispensadxs regresen a trabajar tras recibir la primera dosis de la vacuna.

El confinamiento debe ser garantizado mediante un seguro al desocupado de $40.000, salario mínimo igual a la canasta familiar y prohibición de despidos y suspensiones. Se sabe que “con hambre no hay cuarentena”, la consigna es una bandera de lucha para enfrentar el ajuste en curso de un gobierno provincial que continuó beneficiando al capital en la provincia a expensas del crecimiento de la pobreza. Solo lxs trabajadorxs podemos dar una salida a la crisis.