El gobierno puso en práctica un plan de pasos progresivos para cerrar el caso de corrupción que supuso el acuerdo de “pago” de las deudas del Correo Argentino con el Estado –y que incluía un “descuento” de casi el 99% de las mismas–, que había sido suscripto el año pasado por funcionarios oficiales, con el conocimiento de Mauricio Macri, según el mismo reconoció. El gobierno debió dar marcha atrás por el escándalo que provocó la denuncia del convenio con la empresa de la familia Macri por parte de una fiscal que destapó esta brutal estafa al Estado.

El presidente le pasó las acciones de la empresa que eran de su propiedad a sus hijos menores cuando estalló el escándalo del acuerdo, que suponía la condonación de una deuda de $300 millones por los cánones impagos al Estado desde el 2001 y hasta el 2003, cuando Néstor Kirchner salió en su rescate con una pseudo estatización que no tocó la propiedad de las acciones de la empresa. Actualizada, esa deuda suponía, el año pasado, unos $4.000 millones.

La propuesta de pago de menos del 1,1% de lo adeudado en un plazo de 15 años, con un interés anual del ¡7%! hizo estallar el escándalo. Y el gobierno, luego de dar marcha atrás, comenzó el proceso para desarmar la acusación que ponía en la picota al presidente Macri y a funcionarios de su gobierno.

El paso dado esta semana para evadir la responsabilidad manifiesta de los mismos, estuvo a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes suscribieron un decreto por el cual cerraron la vía administrativa para investigar si hubo irregularidades en el acuerdo suspendido por el escándalo.

En un acto preparatorio de la salida del decreto exculpatorio firmado por Michetti y Peña, hace 15 días Macri se excusó por decreto de actuar en el caso del Correo “por razones de decoro”, que no tuvo cuando se trató de la firma del acuerdo de estafa al Estado, respecto del cual declaró que "obviamente sabía (conocía), por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas”. Además, apenas asumió la presidencia, nombró al frente del Correo “estatizado” a Jorge Irigoin, quien dirigía la empresa cuando estaba en manos de Franco Macri.

Los pasos previos al decreto de Michetti y Peña fueron dados por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, que emitieron sendas resoluciones donde plantean la “inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo” y la "inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno". 

Aunque el acuerdo sigue investigado por el juez Ariel Lijo, la importancia de estos pasos “administrativos” es que “podrían aliviar la situación judicial de Macri, (el ex ministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, y (el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan) Mocoroa” (Clarín 16/6), los tres inculpados en sede judicial.

De todas maneras, el proceso que se halla en manos de Lijo no ha mostrado ningún avance a lo largo de este último año y medio. Este juez es el mismo que, en abril del año pasado, sobreseyó a Gabriela Michetti en la causa en la que se investigaba el origen del dinero ($220 mil y u$s50 mil) sin declarar que le robaron de su casa la noche de la última elección presidencial y que, según declaró la vicepresidenta, pertenecían a una ONG y a un préstamo personal, aunque no lo había declarado y hubo acusaciones de que se trataba de dinero de aportistas a la campaña de Cambiemos.

Este desfalco del macrismo es un eslabón más en el largo proceso de protección y rescate fraudulento de parte del Estado de los negociados familiares del Correo, que se iniciaron con las privatizaciones menemistas, continuaron con la Alianza y fueron protegidos y rescatados por el gobierno kirchnerista. El diario Clarín (10/2/17) destacaba cuando se declaró el escándalo que “la deuda se inició en el 2001”, pero “nunca intentó cobrarla el kirchnerismo”.

Frente a esta estafa, la entonces diputada Soledad Sosa del PO-FIT presentó un pedido de interpelación a Macri y los funcionarios involucrados que fue aprobado por la cámara aunque no alcanzó las dos terceras partes de los votos para que fuera llevada adelante. Nuestro planteo entonces y ahora es que el Estado debe confiscarle los activos al grupo Macri hasta cubrir la totalidad de la deuda, actualizada por tipo de cambio e intereses.