El gobierno radical de Corrientes lanzó la iniciativa de una reforma constitucional. La excusa es adaptar el calendario electoral de Corrientes al de la Nación, lo cual implica votar gobernador en el año 2019, junto a la elección presidencial. El mandato de Colombi cierra en 2017. Para salvar los dos años intermedios se apelaría a una cláusula transitoria que establecería un mandato temporario de dos años entre 2017 y 2019.

 

La intención detrás de esto es perpetuar a Colombi en el poder, estableciendo un interludio corto a manos de un sucesor y volver a los dos años salvando el requisito que prohíbe más de dos mandatos consecutivos. El ciclo de gobierno de los Colombi (Ricardo, luego Arturo y dos mandatos de Ricardo hasta el actual) ya lleva 16 años.

 

La reforma deberá contar con apoyo legislativo de los dos tercios de las dos Cámaras, lo que quiere decir que un sector de la oposición tendría que apoyarla. Colombi apunta a comprar el apoyo del sector del Frente para la Victoria que responde a Fabián Ríos, intendente de la Capital. La zanahoria sería el aumento de la coparticipación municipal, que tiene status constitucional. Ríos anunció su disposición a discutir la habilitación de la reforma.

 

El oficialismo radical y el PJ comparten la misma base social en la provincia: la vieja oligarquía correntina. Ambos se reparten los jirones de los partidos históricos de la provincia, el viejo autonomismo y el Partido Liberal. En las últimas elecciones, el PJ llegó al extremo de sumar a la alianza Frente para la Victoria al Pa.Nu., de Romero Feris, al borde de ir a prisión por numerosas causas de corrupción.

 

Colombi representa para la burguesía correntina el garante del orden político tras la gran crisis de 1999-2001, caracterizada por la intervención federal contra Romero Feris en un marco de grandes movilizaciones populares. Durante los gobiernos K, el PJ hacía un papel de oposición a medida en la provincia y el ahora macrista Colombi oscilaba entre el kirchnerismo y el alineamiento radical. De esos pactos surgieron grandes negociados empresariales: a la sombra de los subsidios de De Vido, el monopolio del transporte ERSA, de la familia Romero, se expandió en todo el país. La burocracia sindical kirchnerista es un puntal en esta estabilidad provincial: el yaskismo aseguró sistemáticamente la "paz social", que arrojó un básico docente que está entre los más bajos del país.

 

El intento de auto-perpetuación en el poder representa la continuidad del régimen que asegura la concentración obscena de la propiedad de la tierra, el nulo desarrollo industrial, la precarización laboral y los bajos salarios; la represión y mano dura policial en las comisarías, la entrega de los recursos naturales (Yacyretá, Esteros del Iberá) y los negociados para un puñado de intereses

 

capitalistas. Ahora, todos factores agravados por el ajuste macrista con su secuela de tarifazos, aumentos de precios, despidos y deterioro salarial.

 

El Partido Obrero se opone a la reforma constitucional y llama a los trabajadores y la juventud a deliberar y organizarnos para formar una alternativa política de los trabajadores.