Un escándalo por presunta corrupción involucró, en el municipio de Chacabuco, al secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Gómez, y a su subsecretario Gabriel Vespasiano, quienes habrían utilizado un prestanombre para facturar servicios al municipio que no fueron realizados. Ese dinero habría vuelto como retorno a través de transferencias bancarias. El supuesto prestanombre es empleado en la misma empresa privada del subsecretario, se habría inscripto como proveedor a mitad del año pasado y facturado hasta la fecha unos $2.7 millones al municipio.

El intendente Victor Aiola (Juntos por el Cambio) intentó ganar tiempo y despegar su figura del caso, presentando una denuncia en la Fiscalía Local en la que pide una investigación del hecho, pero sin aportar pruebas o documentos. También apartó del cargo a los dos involucrados. Además, conformó una “Subcomisión Especial” del Concejo Deliberante para intentar esclarecer la situación. Está integrada por concejales del oficialismo y la oposición peronista. Dicha comisión pidió la información preliminar sobre el proveedor y los trabajos realizados (solamente enviar fotocopias) el 31 de enero, pero aún no tuvo ninguna respuesta.

Este acto de corrupción no es el primero que ocurre bajo esta gestión. Otro de los hechos de este tipo tuvo que ver con la compra de piedras mezcladas con tierra y piedra de menor calidad. Más allá de los procedimientos administrativos incumplidos, es sabido el control que el intendente mantiene sobre sus funcionarios, ¿podía desconocer semejante situación? Hay que investigar a toda la jerarquía municipal. Lo de Aiola es un circo armado.

La verdad no vendrá de los alfiles de Aiola, ni de la oposición peronista (que ha tenido casos similares cuando gobernó el municipio). Poco puede esperarse de la Justicia que responde al poder de turno. Solo una asamblea independiente de trabajadores y vecinos electos y revocables por voto que siga el caso con total acceso a la documentación y a los libros contables del municipio podría llegar hasta el final de la investigación. Si no se procede así, todo quedará en la nada. Es importante esclarecer el caso porque el despilfarro de dinero perjudicó a los vecinos, ya que el mismo no se utilizó para mejorar los servicios, aumentar el presupuesto del hospital, o incrementar la ayuda social en medio de una crisis económica que raja las paredes. La corrupción es intrínseca a los políticos capitalistas.

Proponemos el control popular de las obras y servicios públicos, y la creación de comisiones de vecinos y trabajadores que las administren y controlen, así como la elección popular de jueces y fiscales.