El intendente kirchnerista, Lopes, sigue sin ser destituido a pesar de los abrumadores cargos por contrataciones irregulares y coimas. La mayoría UCR-PJ del Concejo Deliberante (luego de tres largos meses) votó ahora su suspensión provisoria por 90 días, dejando abiertas varias puertas para la negociación, incluida la vuelta de Lopes.

 

En Bahía Blanca, está impugnado todo el régimen municipal.

 

La camarilla de Lopes mantiene al secretario de Hacienda en la Intendencia interina. Lopes, a su vez, dice que las acusaciones en su contra “son prácticas habituales del Concejo Deliberante”. El principal referente del PJ está sospechado de tener vínculos con las mafias de la salud que asesinaron al doctor Felipe Glasman.

 

El “Bahíagate” ha puesto al desnudo la naturaleza patronal de los gobiernos municipales bahienses financiados por las empresas del Polo Petroquímico.

 

En estos tres meses, la Intendencia interina de Breitenstein (PJ con apoyo radical) ha continuado con el “desgobierno” de Lopes. A pesar de que Bahía tiene una alta recaudación, no se extiende el servicio de cloacas, y en las barriadas falta agua y gas natural.

 

La campaña del interinato contra el aumento de personal en la planta municipal y contra los planes sociales no está dirigida a terminar con la corrupción de Lopes y sus punteros sino que ataca a los trabajadores (corte de contratos y becas) y a los desocupados (se ha cortado la entrega de alimentos a los comedores populares y del movimiento piquetero, a pesar de que unas 20.000 personas requieren de una asistencia inmediata social).

 

La “nueva” Intendencia debutó con un boletazo y un subsidio de 300.000 pesos a las patronales del transporte mientras rechaza el boleto estudiantil. Se ha organizado una Coordinadora para luchar por el boleto propio y en defensa de la educación.

 

El Partido Obrero reclama la destitución de Lopes y su camarilla, y la investigación del conjunto de la corrupción en la Municipalidad, incluido el Concejo Deliberante.

 

Por la apertura de las cuentas de la Municipalidad bajo control de los trabajadores. Que se investigue a las empresas comprometidas. Por una Comisión Independiente para el esclarecimiento del asesinato de Felipe Glasman. Bolsa de trabajo para los desocupados y obra pública bajo control de los trabajadores, para que haya agua, cloacas, gas, desagües y luz en todas las barriadas, a cargo del presupuesto municipal. Gravamen extraordinario a las empresas del Polo Petroquímico y a las cerealeras para financiar las necesidades del pueblo trabajador y un plan de viviendas populares.