El 24 de agosto el juez federal Elpidio Portocarrero Tezano Pinto, junto al fiscal Santiago Marquevich, ordenaron el allanamiento de la sede del Pami Morón, donde incautaron documentación que certifica las transferencias de una suma cercana a los 50 millones de pesos al Municipio de Hurlingham. Su directora, la camporista Valeria Zalazar, ordenó el envío de $47.115.900 a dicho municipio, supuestamente para ser remitidos a los centros de jubilados "San Javier" y "Güemes", inexistentes a la fecha.

En el caso de Zalazar, que es la directora regional del Pami zona Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno, ya tuvo sus antecedentes cuando se la mencionó entre los vacunados VIP. Ahora sale a la luz una causa que tiene entre sus denunciantes a la diputada Graciela Ocaña y el programa Periodismo Para Todos. Amén de la procedencia de la denuncia por parte de una integrante del PRO, una fuerza política que también metió mano y desvió fondos de los jubilados, digamos que la investigación detectó irregularidades que son ciertas. Tan ciertas que esta directora resistió al allanamiento prácticamente atrincherándose en el local del Pami.

El principal señalado en la causa es el camporista Martín Rodríguez, expresidente del Concejo Deliberante del Municipio de Hurlingham; hoy dirigido por el "camporista" Damián Selci en reemplazo de Juanchi Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social. Recordemos que Martín Rodríguez es el actual subdirector del Pami junto a su pareja Luana Volnovich, la directora.

Los fondos que en forma irregular fueron enviados al Municipio de Hurlingham tenían como destino los ya mencionados centros de jubilados inexistentes, pero también fueron utilizados como pago a los denominados "llamadores" (del elenco de La Cámpora), que supuestamente eran personas encargadas de llamar a los afiliados al Pami para preguntar sobre sus necesidades. También se utilizaron para un denominado proyecto "Plazas Pami", que consistía en realizar actividades recreativas para los jubilados durante la pandemia. De todo esto no se tiene constancia de que efectivamente se cumpliera, y se sospecha que fue un método de financiamiento de La Cámpora.

La coincidencia temporal entre esta actuación judicial con el procesamiento de Cristina Fernández también son una muestra del entramado de corrupción del régimen político, ya que no solo abarca a oficialistas, sino también a opositores y a todo un Estado capitalista en descomposición. El Pami, Anses, las obras sociales y las cajas provinciales constituidas con los aportes de los trabajadores son a todas luces una fuente de financiamiento para el Tesoro del Estado, para sus funcionarios, para los empresarios por la vía de los subsidios y para el FMI, en detrimento de las prestaciones para los aportantes.

Para terminar con el saqueo de los corruptos y ladrones, el Pami, las obras sociales y las cajas jubilatorias deben estar administradas por los propios jubilados y trabajadores. Se plantea fuera la intervención del Pami, fuera la intervención del Anses. Estos puntos serán parte de la Jornada Nacional del Día del Jubilado, este 20 de septiembre.

Las organizaciones de jubilados marcharemos a Plaza de Mayo y demás plazas del país. Es hora de un paro nacional y un plan de lucha de ocupados, desocupados y jubilados.

https://prensaobrera.com/politicas/la-tarea-central-es-organizar-la-lucha-contra-el-ajuste-del-gobierno-peronista

https://prensaobrera.com/politicas/el-operativo-de-massa-y-rubisntein-para-seguir-endeudando-al-pais