La ola de calor de los últimos días hizo saltar algo más que la sensación térmica: decenas de miles de usuarios del servicio de electricidad sufrieron cortes de luz debido al colapso de las instalaciones eléctricas. Las concesionarias privadas del servicio en el Amba (Edesur y Edenor) embolsan millonarios subsidios y ahora serán premiadas con un tarifazo, pero no invierten un peso en aumentar la capacidad instalada para responder al consumo en “temporada alta”.

Los datos aportados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) estiman que más de 30.000 usuarios carecían de suministro energético en horas de la mañana de este jueves, cuestión que se extendió en algunos barrios del Conurbano bonaerense y CABA.

Las empresas prestadoras del servicio comunicaron que el hecho de debía a “inconvenientes puntuales en algún cable o transformador y a las temperaturas superiores a 35 grados”, lo cual devino en un alza del consumo energético y el colapso de las instalaciones.

Cabe recordar que tanto Edesur como Edenor cuentan con un staff de cuadrillas de trabajadores precarizados, como los despedidos de EMA Servicios, para solucionar los inconvenientes originados, pero carecen de una mantención y/o inversiones o relevamiento de la infraestructura energética instalada (cables, transformadores, tableros, etc.).

Reempadronamiento, tarifazo y subsidios

Estos hechos se producen en medio del anuncio del gobierno de una suba en las tarifas de luz y gas de entre el 17 y 20%, para los primeros meses del 2022. Y de un comienzo de la tan anunciada segmentación tarifaria, todo con el propósito de continuar la ruta del ajuste fiscal, trasladándole mayores precios a los trabajadores, camino al acuerdo con el FMI.

De la mano de estas “novedades” el gobierno impulsa una reempadronamiento de titulares del servicio eléctrico del Amba, con el propósito de “regularizar” las cuentas de servicios. Este proceso –de escasa difusión pública- podría concluir en la interrupción del servicio o en la eliminación de la tarifa subsidiada de no realizarse tal cual lo requiere el Enre.

El reempadronamiento oficial busca ampliar la base de consumidores que quedan exentos de los subsidios oficiales y que serán atrapados por la segmentación de tarifas y el traslado de mayores precios a sus bolsillos.

La ofensiva del gobierno y las concesionarias del servicio de luz se basa en un supuesto desfasaje de las tarifas energéticas, que para el año actual “solo” habrían aumentado un 9%. Sin embargo, se ocultan los millonarios desembolsos del gobierno a Cammesa –la empresa estatal que centraliza la distribución energética- en concepto de los montos no aportados por las concesionarias privadas. Hasta el mes de noviembre, se trata de unos $409.018 millones de subsidios energéticos por esta vía.

Además hay que adicionar los subsidios nacionales a la generación de gas, que aumentan los costos de producción de energía y que van a parar al bolsillo de las productoras. Productoras, transportadoras y distribuidoras manejan un negocio a libro cerrado, con beneficios y subsidios a doble y triple banda, amparados por el gobierno, y sin invertir un peso en mejorar la calidad y suficiencia del servicio.

Este esquema de subsidios también da lugar a que las patronales justifiquen la concentración del negocio por medio de adquisiciones y fusiones, como el caso de la compra de Edenor por parte de Vila-Manzano, la cual fue autorizada por el propio gobierno. La “inversión” capitalista en esta materia refrenda la idea de que se trata de un negocio más que rentable.

Rechazamos el tarifazo en marcho y la eliminación de “beneficios” en la facturación del consumo de las familias trabajadoras. Toda la cadena energética debe ser expropiada y puesta al servicio y bajo control de trabajadores y usuarios para garantizar las inversiones correspondientes, la continuidad del servicio y determinar el costo real de producción de energía, uno de los mayores secretos detrás del cual se amparan las patronales para imponer sus condiciones.

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