Treinta y un mil usuarios del área metropolitana comenzaron el año a oscuras (Ambito, 3/1). En semanas previas, el pico superó los 80 mil hogares al mismo tiempo sin luz (Infobae, 2/1/15) según las cifras oficiales informadas por Edenor y Edesur. Las lluvias y el éxodo turístico explican que se hayan ‘disminuido’ los cortes. En la ‘década ganada’, los cortes aumentaron un 550%.

 

Semanas atrás, el ministro de Energía, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren, anunció la “emergencia eléctrica”. Curiosamente, no informó ninguna medida para paliar la situación de los hogares afectados por los cortes, garantizar equipos generadores, formar cuadrillas o asistir con agua a los afectados. La “emergencia eléctrica” sólo tendría la función de sortear el congelamiento tarifario, ahorrarse el trámite de las audiencias públicas y bloquear amparos judiciales contra los aumentos.

 

La inacción del gobierno del PRO busca presentar el tarifazo como una fatalidad: “Si no se corrigen las tarifas, seguirán los cortes”. Nada se podría hacer. Según Aranguren, hay que esperar por lo menos dos años luego del tarifazo. Sin embargo, cuando en la campaña electoral de la Ciudad sufrieron el corte de luz 20 mil hogares de la Recoleta, un bastión del PRO, el gobierno porteño garantizó el suministro con decenas de generadores. Por lo tanto, tienen los recursos para aliviar la situación.

 

Tarifazo, “dos pizzas” y la deuda externa

 

El 30 de diciembre, Aranguren anunció el tarifazo. Por un lado, la reducción gradual del subsidio: 50% a principios de 2016 y para más adelante el resto; por otro lado, anunció que se va aumentar drásticamente la tarifa. También informó que a los usuarios más vulnerables (jubilados, desocupados, etc.) se les va a quitar el subsidio a partir de determinado techo de consumo mensual (150 Kw). Al tarifazo lo justifican para financiar las obras que garanticen la distribución eléctrica. Pero la eliminación de los subsidios apunta en otra dirección: es un requisito para ‘equilibrar’ el gasto estatal y de esa manera vehiculizar el acceso a un rescate financiero internacional. Justificando el tarifazo, el ministro Prat Gay señaló que “si la factura pasa de 150 a 350 pesos son dos pizzas”, sin aclarar que para disimular el alcance del aumento la facturación será mensual y no bimestral.

 

Intervenir

 

El gobierno presenta a los cortes como una fatalidad, para que la población los acepte de brazos cruzados y para preparar políticamente la justificación del tarifazo. Pero tenemos que rechazar esa extorsión: la movilización y organización popular puede conquistar medidas transitorias: que se abran los libros de las empresas distribuidoras para ver a dónde fue la ‘montaña’ de subsidios recibidos, que -como hicieron los Cirigiliano en el Ferrocarril- fueron desviados para adquirir distribuidoras de energía en el interior y concentrar el negocio; que se proceda a la renacionalización integral del sistema energético y se reorganice bajo la dirección de los trabajadores.

 

Impulsemos asambleas populares para organizar a los afectados por:

 

• instalación de generadores en consorcios y manzanas afectadas, a cargo de los municipios;

 

• duplicación inmediata de las cuadrillas de reparación de cámaras y subestaciones, con salario de convenio a sus trabajadores;

 

• provisión sin cargo de agua a las barriadas;

 

• control del consumo para publicidad empresaria, bajo un comité de control de trabajadores y usuarios.