Las movilizaciones populares contra los cortes de luz en La Matanza, en Morón y en San Fernando han puesto en evidencia el carácter parasitario y fraudulento de las “privatizaciones” y sus catastróficas consecuencias sobre la población.

Fracaso económico y técnico

Edenor y Edesur recibieron Segba a un precio de regalo, con “facturas a cobrar” por decenas de millones de dólares y con un “pasivo” de 20% de usuarios “enganchados”. Pese a las generosas condiciones de la “privatización” y a la superexplotación de los trabajadores (2.000 despidos, desconocimiento de los convenios colectivos, congelamiento salarial), la “iniciativa privada”, sin embargo, no camina: las pérdidas de Edesur superan, según “La Nación”, los cinco millones de dólares anuales. El mismo diario informa que los directivos de Edenor y Edesur pusieron en conocimiento del gobierno, con varias semanas de anticipación, que comenzarían los cortes masivos, en una clara presión para obtener un aumento de las tarifas. El gobierno, naturalmente, cedió al chantaje, otorgando un aumento promedio del 12% (algo así como la inflación de dos años, según las previsiones oficiales), el cual llega hasta el 25% para los hogares de bajo consumo. Sin embargo, a pesar de recibir el aumento reclamado, las empresas iniciaron los cortes.

Las empresas justifican los cortes con el argumento de “quien  no paga, no tiene luz”. En realidad, Edenor y Edesur están obligadas a producir los cortes porque no pueden satisfacer la demanda de luz, en razón de que no han invertido un peso en mejorar y ampliar las redes de distribución. Esto explica las denuncias de los “colgados” de varios barrios que, con documentos en la mano, han demostrado que ya han solicitado varias veces la colocación de medidores, sin que las empresas se hayan dignado a atenderlos. Esta falencia general de las empresas privatizadas para satisfacer la demanda existente ha llevado al privatista “La Nación” a afirmar que “es indudable que en términos macroeconómicos existen dudas sobre si el proceso privatizador supone que el modelo de acumulación es a partir de las tarifas y no del ahorro de la compañía, algo así como pague ahora y después vendrá la inversión”.

Quiénes son los “colgados”

Según los dichos de los directivos de Edenor y Edesur, los “enganchados” les producen pérdidas anuales por 140 millones de dólares. Estudios realizados hace unos años por técnicos de Segba indicaban que la energía consumida y no pagada superaba la producción anual de El Chocón. Un “robo” de energía de semejante volumen, en consecuencia, no podría originarse en los asentamientos y en las villas, donde los miles de “enganchados” apenas alimentaban unas pocas bombitas y artefactos del hogar. Es toda una fracción de la clase capitalista —ya sea en sus countrys, ya sea en sus empresas— la que se lleva el grueso de la energía “robada”... sin que a ellos, que se sepa, se les haya cortado el suministro.

La demagogia de Pierri

La enorme explosividad del problema obligó a los personeros del gobierno provincial a denunciar a las empresas. Pierri ganó espacios en los noticieros de TV llevando a los jueces a las oficinas de Edesur y Edenor a detener a sus gerentes... y poniendo en crisis las relaciones de la “gente de trabajo” de Duhalde con el menemismo.

Pero los hombres de Duhalde, y en particular Pierri, presidente de la cámara de Diputados, tienen estampadas las huellas digitales en este desfalco, ya que son coautores de la política privatizadora, que han aprobado una y otra vez en el Congreso.

Pierri logró que un juez metiera preso a los directivos de Edesur bajo la acusación de “estafa” en perjuicio de los usuarios que pagan. ¿Y los que no pagan? Pierri se hace acreedor, también, a la acusación que una vecina de La Matanza dirigió a las empresas: “Edenor quiere que todos los problemas los solucionemos nosotros, que nos peleemos entre los que pagamos y los que no pagan, que les hagamos de policías, y eso no estamos dispuestos a hacerlo” (Página 12, 20/5).

Ni un corte más

Hoy, con un 18% de la población activa desocupada o subocupada, con salarios equivalentes a un tercio de la canasta familiar, con jubilaciones de hambre, cortar la luz constituye un verdadero crimen social y revela hasta qué punto el régimen social de los explotadores puede mantenerse sólo sometiendo a los explotados a sacrificios y privaciones inauditas.

No podemos permitir la interrupción de ningún servicio, a ningún barrio, ninguna discriminación. La movilización, que ya ha comenzado, debe extenderse y profundizarse mediante las asambleas de los barrios afectados, la formación de comisiones independientes y representativas y la coordinación, con un programa que unifique la lucha:

• Ningún corte. Provisión gratuita de luz, agua potable y gas para los jubilados, desocupados y familias con un ingreso inferior a 500 pesos;

• Por un salario mínimo de 1.000 pesos. Recién entonces podemos empezar a hablar de “medidores”;

• Derogación de los aumentos de tarifas a los pequeños consumidores;

• No al negociado. Confiscación de Edenor y Edesur y su puesta en marcha bajo control conjunto de trabajadores y vecinos;

• Juicio y castigo a los promotores de los desfalcos privatizadores.