Crece el desempleo e impacta con fuerza en Córdoba

Los números de la caída del empleo formal e informal y el aumento de la pobreza e indigencia muestran la brutalidad de la crisis social que se está descargando sobre la espalda de los trabajadores.

En ese sentido, estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), dan cuenta de que se perdieron unos 900 mil puestos de trabajo en cuarentena. El mismo observatorio señala que todavía no es posible saber cuántos puestos más se perderán hasta el final del confinamiento, y cuántos puestos de trabajo se perderán pos cuarentena.

Los datos de la UCA y de los organismos oficiales, que muestran la gravedad de la situación, hay que tomarlos cuidadosamente, porque estos mismos datos son utilizados por los empresarios para reclamar mayores subsidios, mayor flexibilización laboral y la apertura de la cuarentena a cualquier costo humano. Tal es el caso de Techint, que despidió a 1.450 trabajadores en abril. Alberto Fernández no solo no frenó los despidos sino que premió al grupo de Paolo Rocca (dueño de la mayor fortuna del país) con los fondos del sistema previsional. Tenaris y Ternium informaron en los últimos tiempos ganancias millonarias en pesos y en dólares. En la misma línea se encuentran los Blaquier que mejoraron sus ganancias operativas un 128% el año pasado y poseen una fortuna de 550 millones de dólares, nunca dejaron de producir durante la pandemia.

Se trata de una política de rescate a los capitalistas en medio de una crisis general que golpea con fuerza a las familias obreras.

Crece el desempleo en Córdoba

En el Gran Córdoba crece la desocupación. La pérdida de puestos de trabajo no solo se debe al parate por la pandemia: en el sector privado ya había una caída en rubros como el de la construcción. Además, el gobierno de Schiaretti dejó sin trabajo a la juventud de los planes laborales precarizados PPP y PIP, entre otros.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba se estima que, con la misma base de comparación, el empleo asalariado informal y los cuentapropistas se habrían reducido un 21 %. En tanto que la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que todos los meses elabora el Ministerio de Trabajo de la nación, mostró ayer que el nivel de empleo registrado en el sector privado durante abril se redujo 3,1% a nivel nacional y 4,1% en el Gran Córdoba, con respecto al mismo mes de 2019.

En el Gran Córdoba, de acuerdo con el cálculo de la Bolsa, la tasa de desempleo se ubicaría en 19,6% en el inicio del segundo trimestre, más del doble del 9,5% del cuarto trimestre del año pasado, que es el último dato oficial disponible. Esta tasa sería la más alta en 17 años: hay que remontarse al 2003 para encontrar un valor superior del 23.6%.

En este marco de crisis, Schiaretti sigue el libreto de Fernández de ajustar a los trabajadores ocupados, desocupados y a los jubilados para hacer frente al salvataje de las patronales y al pago a los usureros internacionales. En ese sentido, la planteada reestructuración de una deuda sin quita, poniendo como garantía los fondos de coparticipación y mayores beneficios al capital financiero implica un mayor ajuste a un pueblo trabajador que tiene que pagar en impuestos más de la mitad de sus ingresos.

Vale recordar que la deuda provincial creció más del 1.000% durante el período macrista, se desarrolló en beneficio del capital financiero y de grandes capitalistas de la obra pública y de los sojeros.

Una salida para los trabajadores

Los trabajadores no podemos ser quienes paguemos la factura de estos negociados millonarios, con recortes salariales y jubilatorios, con falta de asistencia social y presupuesto sanitario, y mucho menos con despidos. Hay que dejar de pagar la deuda usuraria y corrupta de Córdoba, e investigar las responsabilidades del gobierno, de los acreedores y de los beneficiarios de los créditos.

Es necesario gravar al gran capital con el objetivo de financiar las necesidades populares urgentes que impone la pandemia, establecer un seguro al desocupado de $30.000, sostener las fuentes de trabajo y recuperar la capacidad productiva mediante un plan de obras públicas al servicio de las necesidades populares.

Llamamos al movimiento obrero a sacar las conclusiones y organizarse para imponer una agenda obrera. La crisis la deben pagar los capitalistas.