El Indec dio a conocer la actualización correspondiente al primer semestre del año respecto a la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población. Los datos indican que la pobreza se encuentra en un 36,5% y que la indigencia subió a un 8,8% (+0,6). Se trata de un golpe para un gobierno que hace gala de la “estabilidad” de los índices de empleo pero que no puede ocultar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Los índices de pobreza e indigencia son medidos en relación a la posibilidad de la población de cubrir el valor de la Canasta Básica Total ($119.757 en agosto) y la Canasta Básica Alimentaria ($52.990), respectivamente. Los datos expresan que una porción muy importante de trabajadores ha retrocedido en sus ingresos y salarios.

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec aborda en su estudio un universo de 29,1 millones de personas, pero según el último censo en la Argentina habitan más de 47 millones de personas, por lo tanto si se proyectara a toda la población el porcentaje de pobres “llegaría a más de 17 millones de personas y entre ellos, la indigencia afectaría a 4.165.000 personas” (Mdz, 28/9).

Como referencia del estado actual de las cosas el promedio salarial de un trabajador registrado y con cierta estabilidad laboral, que mide el Ripte y que expresa una porción “beneficiada” de la clase trabajadora, llegó a percibir en el mes de julio un salario promedio neto de $122.000: apenas $10.000 por arriba del umbral de pobreza del mismo periodo, lo que condena a parte significativa de esta porción (quienes se encuentra por debajo) a la miseria.

Es lo que ocurre con el reclamo que impulsan los trabajadores del neumático, con un salario promedio de $130.000, luchando para que no los absorba la inflación. Lo que sucedería con seguridad de aceptar la “propuesta salarial” de las patronales de un 38% de aumento.

Por otra parte hay que prestar atención al acampe que desenvuelve la Unidad Piquetera frente a Desarrollo Social y en distintas ciudades del país, que expresa la grave situación y los reclamos de millones de trabajadores desocupados y precarizados que se encuentran en la indigencia.

Con el último aumento escaso, del 21% en cuotas, del salario mínimo, que en septiembre se encuentra en $51.200, los beneficiarios de los programas sociales percibirán recién en el mes de octubre $25.600 en concepto del Potenciar Trabajo, por el cual realizan tareas comunitarias, atención de comedores populares, limpieza, etc.

Se trata de 1.300.000 beneficiario y por fuera de estos existen entre 7 y 10 millones de desocupados sin ingresos regulares, quienes engrosan las filas de los trabajadores indigentes y pobres. De allí que el reclamo de las organizaciones piqueteras sea la apertura inmediata y el aumento de los programas sociales para paliar la crisis, en tanto se generen los puestos de trabajo necesarios para recuperar la capacidad económica de las familias obreras.

Por otro lado se encuentran los jubilados, quienes con el último aumento pasaron de una jubilación mínima –que perciben millones de jubilados- de $37.525 a $50.353: es decir, aún por detrás de la canasta alimentaria… de agosto.

La pobreza que se mantiene en niveles altos y el crecimiento de la indigencia son un dato manifiesto de las consecuencias de la aplicación del programa fondomonetarista, que subordina el poder adquisitivo y la capacidad económica de los trabajadores al pago de la deuda externa usuraria e ilegítima.

La lucha de los trabajadores del Sutna en defensa de sus salarios, cuando las patronales embolsan millones de dólares, y la lucha del movimiento piquetero, cuando el Estado transfiere recursos millonarios a las patronales exportadoras y los capitalistas, expresan dos bastiones en la pelea por la defensa de los salarios y los ingresos populares. Quien quiera enfrentar la pobreza y la indigencia debe necesariamente acompañar estos reclamos.

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