El informe de ejecución presupuestaria publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso correspondiente al mes de octubre reflejó un aumento real del gasto primario, del 11,4% en términos interanuales. De este modo, se registró un déficit primario 35,9% superior en relación a octubre del año pasado. Sin embargo, lo anterior no está vinculado a un incremento de las partidas sociales; por el contrario, los datos oficiales muestran de manera inteligible que el componente más expansivo del gasto fueron los subsidios al capital.

Entre ellos se destacan los subsidios energéticos, los cuales tuvieron una suba real del 124,6% entre octubre 2020 y octubre 2021. Estos insumieron, solo en el último mes, la friolera de $83.489 millones, acumulando en lo que va del año más de $700 mil millones. Son los costos de preservar un esquema dolarizado del gas en boca de pozo para complacer a las petroleras, cuyo precio no guarda relación con los costos reales, dolarizando así, toda la matriz energética. Estos subsidios estatales se ven multiplicados a partir de cumplen la función de compensar las deudas que poseen la empresas distribuidoras de energía con la generadora Cammesa.

Ahora, el gobierno se dispone a cumplir con las exigencias del FMI de reducir dichos subsidios, sin embargo, lo hace sin perjudicar a los pulpos petroleros, ya que piensa compensar ese recorte con mayores tarifazos sobre el bolsillo popular. En ese sentido, ya dio los primeros pasos para establecer tarifas segmentadas y así avanzar en la aplicación de nuevos aumentos en la boleta de luz y gas. En lugar de abrir los libros de toda la cadena energética para evaluar los costos reales, el oficialismo opta por descargar este régimen inviable sobre las espaldas de los trabajadores. Esto, sin mencionar que una devaluación de las moneda dispararía por los aires el precio dolarizado del gas, generando una enorme presión sobre las tarifas.

También crecieron los subsidios que reciben las empresas de transporte, un 14,8% por encima de la inflación en el transcurso de un año. De nuevo estamos hablando de sumas millonarias destinadas a ensanchar los bolsillos de los capitalistas, que no tienen ningún correlato en los niveles de inversión. En su lugar, tenemos un servicio cada vez más deteriorado donde no se incorporan nuevas formaciones.

Como contrapartida, lo devengado para jubilaciones y pensiones continúa perdiendo contra la inflación. En octubre, la caída real en este rubro fue del 4% interanual, lo que significa una confiscación de los haberes previsionales del orden de los $2 mil millones en el mes. Es preciso señalar que al gobierno le es posible licuar el “gasto” jubilatorio de esta manera gracias al nuevo régimen de movilidad que él mismo sancionó, el cual divorcia los haberes del índice de la inflación.

El FMI -y la oposición patronal-, por su parte, cuando propugna ajustar el gasto público para reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro, y, de este modo, lograr bajar la inflación, omite que el déficit fiscal actual se debe principalmente al peso de los subsidios patronales; y, por lo tanto, es la clase capitalista la principal destinataria de la emisión monetaria y responsable de los efectos inflacionarios que esta acarrea. El planteo del Fondo propone, por sobre todas las cosas, un ataque sin atenuantes contra las jubilaciones y los salarios estatales.

El gobierno sigue al pie de la letra esta “recomendación” aviesa y vuelca su política de ajuste sobre los trabajadores jubilados y el conjunto de las partidas sociales, mientras mantiene intactos los intereses de las grandes empresas. Luego de la derrota electoral, Alberto Fernández ratificó con más fuerza esa orientación, llamando al concurso de todas las fuerzas políticas para cerrar cuanto antes el acuerdo con el FMI. Así las cosas, el “relanzamiento” gubernamental” irá acompañado de un mayor ajuste contra el pueblo, tal como se avizora en el Presupuesto 2022 redactado por Guzmán.

A tal punto llega la naturaleza propatronal del gobierno, que, en el mes de octubre, cuando supuestamente se disponía a “poner plata en el bolsillo de la gente” a fin de intentar revertir el revés electoral sufrido en las Paso, el gasto público subió, sí, pero no para recomponer el ingreso derrumbado de los sectores populares sino para beneficiar al gran capital.

Los trabajadores debemos levantar un programa opuesto, donde el ahorro nacional se vierta en planes de vivienda, en educación y salud, sobre la base de aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria. A su vez, corresponde luchar por jubilaciones y salarios indexados a la inflación y que superen el costo de la canasta familiar. Las recientes elecciones legislativas alumbraron nuevas bancas obreras y socialistas que estarán al servicio de defender estos planteos.

 

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