Políticas
2/8/2017
Créditos hipotecarios del Banco Nación: un mes de devaluación, 10 años más pagando la casa…
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@tomaseps
Las últimas medidas en materia de créditos hipotecarios del Banco Nación son una muestra grosera de la política ultraconfiscatoria del gobierno en materia de acceso a la vivienda, al tiempo que una revelación prematura de la fragilidad de sus planes de “reactivación” de la construcción.
Habida cuenta de la devaluación del último mes, del orden del 15%, que colocaron en una diyuntiva a las 14.000 familias que tenían preacordado un crédito hipotecario con la entidad, su presidente Javier González Fraga –atento a los negocios de los especuladores inmobiliarios y las constructoras– anunció la posibilidad de “condiciones alternativas” (Clarín, 2/8) para garantizar la transacción.
Todas ellas suponen, claro está, un cargo a cuenta de esas familias.
Primero, el BNA habilitó la posibilidad de extender los créditos hasta 40 años (antes el máximo era de 30) y de ampliar la proporción de la cuota del 25% al 30% de los ingresos familiares. Es decir, haciéndolos más confiscatorios. Pero además, “la cuota no baja en proporción similar al estiramiento de los plazos. Por un préstamo de 1,5 millón se pagaría una cuota inicial de $10.700 a 15 años; $6800 a 30 años y $5800 a 40 años” (Clarín, ídem). Es decir que la extensión temporal del pago viene cargada con un aumento de los intereses.
Por la misma propiedad habrá que pagar una cuota más alta y 10 años más. Para los que decían que la suba del dólar no tendría impacto. https://t.co/1zPG3BsjRQ
— Gabriel Solano (@Solanopo) 1 de agosto de 2017
A su turno, el BNA ofrece a las familias un “seguro de cambio”, que vendría a cubrir a las familias “del riesgo de una nueva suba del tipo de cambio [que pudiese acontecer en los 60 a 90 días que habitualmente pasan entre la adjudicación del crédito y la escrituración] (…) En qué consiste este seguro: en caso de aumentar el tipo de cambio al momento de la escrituración, el cliente recibirá los pesos preacordados en el préstamo hipotecario; más los pesos que sean necesarios para acceder a igual cantidad de dólares que los que habría podido obtener al momento del preacuerdo”. Contratar este seguro puede “llegar a costar entre 2 y 3 puntos porcentuales del monto del préstamo” –es decir, una pequeña fortuna.
Indexación
Luego, en la medida que estos créditos están atados a la inflación –y no a la indexación de los salarios–, las familias quedan sometidas al riesgo de eventuales devaluaciones y sus consecuencias inflacionarias, que tornan impagables los créditos.
Un gigantesco embargo de estas características tuvo lugar con la Circular 1050 de la dictadura, que indexó las deudas a una tasa de interés promedio que superaban con creces los incrementos salariales, lo que llevó a su turno a la pérdida de sus viviendas para miles de deudores.
Si para la misma propiedad tenés que pagar 10 años más de crédito hipotecario quiere decir que la devaluación equivale a una confiscación
— Gabriel Solano (@Solanopo) 2 de agosto de 2017
Si tal proceso no tuvo lugar con esa magnitud en 2001-2002, cuando la bancarrota de la convertibilidad disparó una espiral devaluatoria, fue sencillamente por el impacto del Argentinazo, que obligó al gobierno de Duhalde a pesificar las deudas ante el temor de nuevos estallidos sociales.
Conclusiones
Mientras mantiene techos salariales de miseria, el gobierno abre un cínico camino a los trabajadores para que se endeuden más y por más tiempo para acceder a un derecho tan elemental como el de tener un hogar propio.
Por lo demás, la andanada de medidas que suscitó la devaluación de solo un mes manifiesta tempranamente la fragilidad de los planes de préstamos del gobierno, uno de los elementos que están en la base de la mentada “reactivación” de la construcción.
El déficit habitacional que sufren cerca de 12 millones de argentinos plantea dar vuelta la tortilla. En la perspectiva de una transformación social de raíz, planteamos un inmediato plan de viviendas populares sostenido con impuestos a la renta de las grandes fortunas privadas y corporativas; la centralización de esos recursos en una banca única estatal bajo control de los trabajadores y los tomadores de créditos; préstamos a tasa cero para las familias trabajadoras, cuyas cuotas no superen el 20%; y la creación de un banco nacional de tierras urbanizables que elimine la especulación y ponga las tierras al servicio de este plan.
