El gobierno anunció días atrás el lanzamiento de 10 mil nuevos préstamos del Programa Crédito Argentino (Procrear), y medidas relativas a estos y otros créditos que funcionan con la modalidad UVA.

En un cuadro de crisis potencialmente explosiva alrededor de las UVA, ya que las cuotas y deuda total de capital se indexan por una inflación superior al crecimiento de los salarios, las medidas parecen tener un alto grado de improvisación: fueron publicitadas en una escueta conferencia de prensa y en tuits del Presidente y funcionarios, pero no existe un comunicado oficial, por lo que varios aspectos permanecen sin claridad.

La novedad central es la de un seguro con un costo adicional de 1,5% de la cuota. El mismo se activaría cuando el Índice de Precios al Consumidor (que mide la inflación) superase en más de 10 puntos el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), para cubrir la diferencia. Por tomar un ejemplo: una cuota inicial de $20.000 tomada en febrero de 2018 llegó en febrero de 2019 a ser de $30.260, pero si se hubiese indexado por CVS en lugar de la inflación, la cuota sería de $27.100. La diferencia entre una y otra es de 11,6%, por lo que el seguro cubriría 1,6% puntos: la cuota quedaría así en $29.776 ($484 menos). La diferencia sería solventada por un fondo compensador dependiente de la Secretaría de Vivienda.

El pago del seguro será obligatorio para los nuevos Procrear, mientras que para quienes ya tienen Procrear en curso (35 mil tomadores) sería optativo. Para este último grupo, además, existiría una compensación retroactiva por el desfasaje entre IPC y CVS en los últimos años, aunque según informa Clarín (2/5) se trata de $303 pesos por cada crédito -una verdadera miseria.

Las medidas, como denunciaron los hipotecados UVA, no solucionan la cuestión de fondo, que es la indexación por inflación de las cuotas y la deuda total; convalidan el hecho de que esta supere a los salarios hasta 10 puntos (un monto sustancioso) y cargan a los endeudados –ya en situación crítica- con un pago adicional (el 1,5% del seguro).

De esta manera, el gobierno busca garantizar el enorme negociado que han hecho los bancos con las UVA, así como la supervivencia de este mecanismo confiscatorio, a costa del dinero de los tomadores y de los fondos públicos. En el caso de los préstamos UVA que no son Procrear, la implementación de este seguro queda librada a la decisión de los bancos.

No contento con ello, busca habilitar a los bancos negocios adicionales. El ministro de Interior Rogelio Frigerio señaló que la creación del seguro “no afecta la posibilidad de volcar las hipotecas UVA al mercado de capitales bajo el sistema de securitización” (ídem), es decir, de emitir bonos cuyo rendimiento esté atado al pago de los créditos. De emprenderse este camino, se añadiría un nuevo flanco a la amenaza latente de una corrida cambiaria, ya que una caída fuerte en el pago de las cuotas hipotecarias generaría un efecto en cadena. Para tranquilizar a los usureros, el gobierno volvió a exhibir la baja tasa de morosidad en los préstamos UVA, omitiendo el enorme sacrificio que hacen las familias trabajadoras para pagarlos, y el hecho de que en bancos como el Provincia las cuotas se descuentan directamente del salario.

Estos nuevos anuncios llegan luego de que otras medidas “paliativas” se revelasen incapaces para resolver la crisis -como la posibilidad de extender el plazo total del préstamo, que implicaba estar endeudado por cinco o diez años más a cambio de una reducción muy módica de la cuota.

Los hipotecados UVA reclamaron “la sanción de una LEY DE EMERGENCIA que contemple, sustancialmente 1) la suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias, 2) la situación de los hipotecados desempleados, 3) una interrupción a la indexación del valor de la UVA durante un año y 4) reestablecer la relación cuota-ingreso, ajustando la indexación con los salarios”. A su turno, destacaron la necesidad de una ley que modifique integralmente el sistema, y denunciaron las trabas puestas por el oficialismo al tratamiento de los proyectos sobre el tema en el Congreso.

La bancada de Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, ha presentado un proyecto de Ley que anula el sistema de créditos UVA y establece una fuerte reducción de las cuotas y el saldo total, así como la compensación por lo pagado, a costa de los bancos. Ello en ligazón a un programa de expropiación de los bancos, planes de construcción y vivienda bajo control de los trabajadores, y a una gran movilización política para que la crisis la paguen los capitalistas.