Ya es ley el proyecto de Julio Cobos que se dio a conocer como “la nueva línea de créditos hipotecarios”. Fue votado por unanimidad en el Senado y por un amplio abanico en Diputados. El PO presentó dictamen propio, el único por minoría.

 

La expectativa creada no es menor. El déficit de viviendas supera los tres millones. El debate se dio en medio de una crisis del plan Procrear, cuyos adjudicatarios no pueden terminar su vivienda por la inflación y reclaman una ampliación del crédito, a la cual se negó el oficialismo. El mismo día de su tratamiento, 500 guardias de infantería arrasaron un asentamiento en Esteban Echeverría, con heridos y seis detenidos. Una realidad cotidiana en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.

 

Con el reclamo del Procrear complementario, y con la denuncia de la represión al asentamiento, empezamos nuestra defensa de un dictamen propio a favor de un verdadero plan de viviendas populares.

 

No es el caso del UVI (Unidades de Vivienda), un régimen de hipotecas inmobiliarias cuyo verdadero objetivo es la valorización del capital.

 

Como el título de la ley lo indica, es un “sistema de ahorro (indexado) para el fomento de la inversión en viviendas”. Un negocio financiero.

 

La ley crea el UVI, un nuevo valor o unidad de valor, ajustada con el índice de la construcción. Ese índice corregirá el capital de los bonos y otros instrumentos que financiarán los préstamos hipotecarios. La indexación de los UVI condiciona todo el sistema. Naturalmente, los salarios que deberán pagar esos préstamos no se “indexan” ni cuentan con “UVI”: el mismo gobierno que propone este sistema es el que empuja por paritarias (y salarios) a la baja.

 

Burbuja inmobiliaria

 

Hoy, el salario está en su relación histórica más desfavorable con respecto del precio de una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires, para comprar un pequeño departamento de 50 m2 hacen falta 80 salarios medios, el doble de lo que hacía falta a principios de la década del ’90 y un 60% más de lo que hacía falta al comienzo de la década pasada. Ello, como consecuencia doble de la especulación inmobiliaria y de la lejanía cada vez mayor del salario del costo de la verdadera canasta familiar, hoy cercana a 25.000 pesos.

 

Si por cualquier motivo la propiedad se deprime, no vamos a tener una caída de la cuota, que se va a seguir indexando de acuerdo con la inflación de la construcción (que, en general, sigue a la inflación general). Ocurrirá lo de siempre en las grandes crisis hipotecarias, cuando se desinflan las burbujas: el deudor deberá más que el valor de la propiedad que opera como garantía de la hipoteca. Así se desató la crisis de las hipotecas norteamericanas, en el comienzo de la crisis capitalista que conmovió y conmueve al mundo.

 

En el plenario de comisiones previo se habló de que “no va a haber burbuja”. Sin embargo, en toda una primera etapa la demanda de créditos superará ampliamente la oferta. Por otro lado, la burbuja previa es enorme, porque el cepo al dólar transformó a las propiedades en un refugio de valor, lo que alimentó la especulación inmobiliaria.

 

La cuota de ingreso sobre este sistema se presenta por debajo de las cuotas que viene ofreciendo el mercado para créditos hipotecarios tradicionales. Esto, como resultado de las garantías de indexación ofrecidas a los capitales involucrados en el sistema de UVI. Pero los saltos inflacionarios son absorbidos por el último escalón de la cadena, la familia trabajadora que toma el préstamo.

 

En los debates previos, juristas invitados por los banqueros y representantes de las cámaras patronales de la construcción, afirmaron que esta ley está redactada para facilitar los desalojos por mora.

 

En caso de un 10% de desfasaje entre el alza del índice de la construcción con que se rige el UVI, por encima del índice de evolución de los salarios (no el salario concreto del trabajador en cuestión) los bancos fiduciarios podrán… ¡estirar el plazo de los pagos! Estamos ante las puertas de un régimen de pago permanente de cuotas, que esclavizará al trabajador. Es lo que ocurre en Chile. Allí la economía pinochetista salió de la inflación indexando toda la economía, a excepción de salarios y jubilaciones. Aunque se niegue, estamos ante otra “circular 1050” -por el tipo de indexación que instituyó Martínez de Hoz hacia finales de la dictadura y que le costó la vivienda a miles de personas. 

 

Así lo denunciamos en el debate de Diputados y presentamos un dictamen que es un programa de solución al problema de la vivienda, como parte de una reorganización económica bajo la dirección de los trabajadores y, al mismo tiempo, un programa de lucha para los millones de sin techo. 

 

Propusimos el destino de 50 mil millones inmediatos a un plan de construcción de viviendas, con créditos cuyas cuotas no superen el 20% del ingreso familiar, mediante la nacionalización de las grandes empresas constructoras bajo control de los trabajadores, con trabajo en blanco y a convenio. La formación de un fondo para ese fin con impuestos a la especulación inmobiliaria y el gran capital y los intereses de la usuraria deuda pública. Esto en el marco de un plan económico que incluye la nacionalización de la banca, punto esencial para terminar con la dictadura del capital financiero.