El ministro Erman González ha lanzado un ataque fundamental contra los jubilados en el recién difundido “decreto-ómnibus".

Los aumentos de haberes, según el “decretazo”, serán digitados directamente por el ministro y los aportes y contribuciones previsionales pasarán a integrar el “fondo unificado de cuentas oficiales”. La medida equivale a la disolución de las Cajas previsionales y significa que el gobierno menemista se apresta a ir aún más a fondo en la liquidación de los haberes jubilatorios, que hoy apenas alcanzan el 30% del salario industrial (El Cronista Comercial, 9/8).

El ataque va aún más lejos. “Vamos a cortar de cuajo todo adelanto (del BCRA) al sistema de seguridad social" anunció el presidente del Banco Central Javier González Fraga. Esto significa que el gobierno ya no está dispuesto siquiera a garantizar el pago en fecha de los haberes, descargando los atrasos y la evasión previsional sobre los jubilados y no sobre sus verdaderos responsables, los capitalistas que evaden y bicicletean los aportes que ya descontaron a los trabajadores. Los jubilados, a partir del “decretazo”, ya no cobrarán en una fecha determinada sino cuando lo decida la Tesorería. El drama de los estatales provinciales —que cobran sueldos miserables en cuotas y con atrasos— es el horizonte que el decretazo plantea a los jubilados

Liquidación legislativa

En la misma línea de destrucción del sistema previsional está el proyecto de ley elaborado por el clerical Santiago de Estrada, Subsecretario de Seguridad Social, que eleva la edad jubilatoria (de 55 a 60 años para las mujeres, de 60 a 65 para los hombres y de 65 a 68 para los autónomos) y reduce la relación entre el salario de cese y el haber jubilatorio — que actualmente es del 82%— al 65%

“Dificulta el acceso a las pensiones y suprimo la obligatoriedad de la afiliación al sistema de autónomos, sobre el que introduce cambios que prácticamente determinan su semiprivatización" (Clarín, 25/8). Aumenta en el 1% las cargas previsionales sobre los salarios, autorizando —además— a “desviar" el 2% de esos aportes hacia las jubilaciones privadas.

Un capítulo particularmente pérfido del proyecto es la emisión de títulos para “pagar” la millonaria deuda del gobierno con los jubilados, “que cotizará en Bolsa y será ajustable por el índice de precios. A cada Jubilado se le entregará un título por el 25% del total de la deuda durante cuatro años”(ídem).

El título es a diez años de plazo y recién comenzará a ser amortizado seis años después de su emisión. Esto significa que los jubilados “terminarían" de cobrar la deuda, que viene arrastrándose desde 1980, en el año 2010... cuando todos estén muertos. Pero si un jubilado pretendiera hacer efectivo el título, deberá caer en las manos de los especuladores bursátiles, quienes sólo le reconocerán una fracción insignificante del valor nominal.

La contrapartida de toda esta barbarie es el proyecto de “perdón" de las deudas previsionales de los capitalistas contenido en el proyecto de ley de empleo.

Los planes del gobierno crean una situación explosiva porque condenan a muerte a millones de jubilados. Su objetivo conciente es liquidar el sistema previsional, y con él, a millones de jubilados.