El triple crimen de General Rodríguez puso de manifiesto el vínculo orgánico entre las mafias del narcotráfico y el “empresariado nacional” que sostiene política y financieramente al kirchnerismo. A medida que avanza la investigación, crece el número de laboratorios y droguerías irregulares que aparecen en los listados de aportistas a la campaña de Cristina.

Estas empresas farmaceúticas, a su turno, soportan causas por adulteración de medicamentos en sus ventas a las más grandes obras sociales y sanatorios del país. De todos modos, las especialidades truchas -concentradas nada menos que en la oncología o el tratamiento del sida-constituían sólo el rubro secundario de los jóvenes “empresarios”.

Esa línea de delitos era la pantalla para la importación de efedrina y otros diluyentes empleados en la producción de drogas sintéticas. Ahora, acaba de revelarse que el galpón de General Rodríguez, donde los narcos mexicanos acopiaban “el producto” había sido alquilado por el director de “desarrollo industrial” (sic) del municipio, a su vez hombre de confianza del intendente kirchnerista Marcelo Coronel. Por su parte, la esposa de Coronel “preside la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense” (Crítica, 31/8).

Como se ve, las puntas oficiales con la narcomafia no eran una, sino dos. Con el negocio de los medicamentos, por un lado, y con el tráfico de drogas, por el otro. El caso Skanska o la valija de Antonini, han quedado reducidos a un juego de niños.

En lo que refiere a la venta de medicamentos, las fondos a través de las obras sociales que los adquirían eran administrados por Héctor Cappaccioli, responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud y, a la vez, tesorero de las campañas kirchneristas desde 2003. Las “partidas especiales” que asignaban las compras de medicamentos a las droguerías amigas eran autorizadas por Cappaccioli.

Según parece, los pagos a las droguerías, y los aportes de éstas al kirchnerismo, eran la forma de triangular aportes de obras sociales a la campaña oficial, en vista de que los aportes directos de éstas no están permitidos por ley. En definitiva, las burocracias sindicales y el gobierno emplearon a los socios de los narcos para desviar recursos de la salud hacia el “cambio que recién comienza”. Una de las principales víctimas de este negociado han sido los asociados y trabajadores del Hospital Francés, cuyos interventores -del riñón de Capaccioli- revistan en la primera línea de “clientes” de los falsificadores.

La podredumbre que acaba de saltar se encuentra en la esencia del régimen de emergencia montado por los Kirchner. La caja que proviene de estas mafias constituye sólo un recurso menor. Ello, si se tiene en cuenta al sistema de los fondos fiduciarios, que ha separado a una parte sustancial de la obra pública del presupuesto nacional y de cualquiera de sus controles. Los opositores que hoy quieren investigar a las cajas paralelas del kirchnerismo las están creando en la Capital: Macri pretende crear fideicomisos similares a los de De Vido, incluso para la cultura.

Estos regímenes, por otra parte, son verdaderos paraísos para los narcolavadores. Ello vale, también, para otra de las actividades “cruciales” del clan kirchnerista: el negocio del juego, que Cristobal López ha extendido por todo el país.

Financiamiento sucio, lavado de dinero, defraudación a gran escala contra decenas de miles de pacientes: en su derrumbe, el “modelo productivo” revela su verdadero rostro.