El crimen de María Soledad Morales ha puesto en la picota a los “tres poderes” del Estado de Catamarca, e incluso más lejos.

Cinco jueces se fueron pasando la bola para darle a la larga al esclarecimiento del asesinato. Uno de ellos imputó directamente al gobernador Saadi como encubridor del crimen. El gobierno nacional nombró a un juez desde Buenos Aires con la supuesta intención de remediar esta situación, que exigía en cambio el juicio político de los involucrados. Para controlar los pasos del nuevo juez y darle nuevas largas al asunto, designó investigador al policía Patti, que cumplió esta misión “admirablemente”.

El compromiso del Estado y de sus funcionarios con este crimen, no podría ser más claro.

En las últimas horas, el padre del principal Imputado, Luque, no vaciló en involucrar a un sector de la familia del gobernador y en afirmar que los responsables del crimen son funcionarios del gobierno. Sea que esta declaración sea interpretada como una manifestación de que el bloque de los Saadi se descompone, o de exoneración de la responsabilidad personal del gobernador, o como una manifestación de que el gobierno se ha visto obligado a “inmolar” a Luque para salvarse, no deja de ser una evidencia más de la intervención del Estado y de sus funcionarios en una política de encubrimiento del crimen y por lo tanto en el crimen mismo.

La realización de la enésima autopsia sobre el cuerpo de María Soledad ha vuelto a servir como medida dilatoria y distraccionista. El hallazgo de drogas en su cuerpo podría servir para trasladar la causa a la justicia federal, en este caso a cargo de un familiar de los Saadi.

Los autores

El esclarecimiento del crimen es un problema netamente político. La ciudadanía denuncia que el gobierno de la provincia está involucrado como cómplice y encubridor, algo que admite ahora el padre de Luque con una finalidad personal o política que aún no está clara.

Luego de más de cinco meses de una lucha popular sin desmayos, el poder político, los grandes intereses, han logrado evitar el encarcelamiento de todos los responsables y las profundas transformaciones políticas que le corresponden.

Al momento de escribir estas líneas la bancada del Partido Justicialista bloqueaba en el Congreso Nacional el tratamiento de un pedido de intervención a la provincia, solicitado por el principal aliado del gobierno, la UCD, por el bloque de la UCR y por la “centroizquierda

Pero el bloque del PJ responde a directivas del ministro del Interior y de la Casa Rosada. Ésta cerrada negativa incluso a interpelar al ministro Mera Figueroa y al debate parlamentario equivale a un desesperado intento de salvar a Saadi, mediante el encubrimiento. En el marco de la enorme crisis económica, social y política en que está inmerso el gobierno nacional, la situación de Catamarca se ha transformado en un factor propio que puede mandarlo a la lona.

El respaldo de Menem a la familia Saadi en la actual coyuntura se manifestó en el apoyo que los diputados saadistas dieron en la votación por el envío de naves al Golfo Pérsico. Como contrapartida de ese voto el Ejecutivo comprometió su apoyo a Saadi en la crisis catamarqueña. El ministro del Interior pertenece al llamado clan Saadi, y fue funcionario catamarqueño y su principal operador político. El propio envío de Patti a Catamarca en una función diversionista (acusar a Tula, etc) fue producto del manejo personal y directo del propio Menem.

Problemas de la situación

El movimiento popular está ahora ante el problema de destruir la complicada trama de maniobras montadas para confundir el caso y poder imponer sus reivindicaciones.

En el curso de todos estos acontecimientos se puso de relieve la existencia en Catamarca de un estado policial: represión, secuestros, amenazas. La crisis reveló a nivel nacional el método habitual de funcionamiento del régimen político provincial.

La actual situación plantea una disyuntiva de hierro. Un reflujo de la lucha daría al gobierno la posibilidad de una contra-ofensiva implacable contra los miles de ciudadanos que osaron salir a la movilización. Está en juego, potencialmente, una disyuntiva clásica de las guerras civiles: la sobrevivencia de un campo depende de la derrota del contrario.

La lucha entablada es gigantesca si se tiene en cuenta que para miles y miles de catamarqueños las marchas del silencio son una suerte de necesidad física de autodefensa contra el gobierno.

Elecciones adelantadas

En este cuadro de situación Saadi lanzó la posibilidad de adelantar las elecciones. Pretende explotar en su favor el fraude y las contradicciones del bloque opositor.

Se ha formado en Catamarca un Frente que se integra con la UCR, escisiones del PJ, el Pl, el PSD, el PH, etc. Sus principales dirigentes políticos estuvieron en su mayoría comprometidos, de una u otra forma, con el clan saadista, en el pasado. Es por ello que no gozan de ninguna autoridad ante la población.

El reclamo del Frente Cívico de la intervención federal, revela su profunda impotencia política.

Confiar en un enviado de Menem, parece increíble a esta altura de los acontecimientos. Un interventor no desmantelará el “estado saadista”, de manera que si la oposición pudiera remotamente ganar una elección, pasaría a ser rehén del oficialismo actual. El llamado a la intervención formulado por la oposición oficial revela que temen una profundización de la movilización popular y el ahondamiento de la crisis política. Menem cuenta con este freno para no intervenir, y no vacilará en hacerlo si este freno se rompe.

A diferencia del profundo descrédito que tienen los partidos “tradicionales” y sus figuras, la hermana Marta Pelloni es la única persona con autoridad moral en la provincia, lo cual la convierte en una autoridad política. Pero ella no es dirigente política, no tiene partido ni tiene un programa. Su posición movilizadora no podría reemplazar la necesidad de una clara orientación política.

Crisis en la Iglesia

La aparición de esta religiosa traduce un fenómeno de mayor alcance: la existencia de una crisis y de una escisión en el seno de la Iglesia catamarqueña. El obispado es saadista y cuenta con el apoyo del Episcopado nacional, estrechamente vinculado a Menem.

El caso catamarqueño ha puesto en evidencia el grave problema del narcotráfico, pero los purpurados que claman contra la droga, se han colocado en el campo de los encubridores.

Toda una amplia franja de la juventud catamarqueña que se ha formado en el marco de la Iglesia o de sus instituciones sociales despertó a la lucha reclamando justicia por María Soledad. Es necesario que saque conclusiones de toda esta experiencia.

La explicación de lo que está ocurriendo en Catamarca tiene que ver con la lucha de clases. La clase capitalista es el hito conductor de los distintos sectores, oficialistas u opositores, que quieren que esta crisis y esta movilización no destruyan al Estado. Para los explotadores (el episcopado, la banca, los latifundistas) Catamarca es un eslabón de la cadena de dominación de clase del Estado capitalista, y no quieren que su quiebra ponga en peligro la sobrevivencia del conjunto de la cadena.

El gobierno se juega a ponerle un techo a este nivel de movilización, quiere enchalecar las Marchas, hacerlas minoritarias. Para ello seguirá en su política de distraer en todos los sentidos posibles el proceso judicial (como lo hacía Patti; como hoy lo hacen Luque y Cía) y de reprimir.

Si esto da resultado, buscará explotar las contradicciones del bloque opositor y — fraude mediante— postular una salida electoral.

Si por el contrario, las contradicciones de este régimen se agudizan, el gobierno de Menem recurrirá a la intervención, como recurso último, por vía de un decreto. Buscará de ese modo, como en Tucumán con Aráoz, lograr una recomposición de fachada, manteniendo en lo esencial la estructura del estado provincial.

Nuestra propuesta

Para la juventud y los sectores consecuentes de esta lucha es imperioso despegarse de la perspectiva política del llamado “bloque opositor”. Esta franja teme como a la peste, a la movilización; no quiere ser superado por una dirección consecuente, independiente de todo compromiso con el Estado.

Profundizar la movilización para expulsar del gobierno a la familia Saadi, disolver el parlamento y la justicia “truchos”, crear un gobierno de confianza popular que lleve a término un proceso de completa democratización. Esta es la política que puede dar una salida y educar al pueblo.

Para ello es necesario extender la movilización al interior de la provincia, llamar a la formación de comités de solidaridad en otras provincias, en primer lugar La Rioja, para darle a la protesta un carácter nacional. Esto prepararía las condiciones para la huelga general uniendo las reivindicaciones democráticas a las de tos docentes y estatales que no han cobrado aun de manos de los Saadi ni el miserable adelanto de los 250 mil australes, ante el silencio cómplice de la burocracia y el frente cívico opositor. También unir al movimiento estudiantil.

Este es el planteo del PO. Llamamos a la juventud y a la nueva generación de luchadores que despertó en Catamarca a agruparse en su seno, para darle a la lucha la única herramienta sólida para la victoria: un poderoso partido de trabajadores.

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Una provocación

Durante 72 horas Héctor Collica, Oscar Corbalan, Luis Luna, Luis Ferbaris y la menor (16 años) María Elizabeth Vergara estuvieron detenidos-desaparecidos. El Partido Obrero, junto a un grupo de militantes de derechos humanos y de la Cope (Comisión pro esclarecimiento del crimen de María Soledad) denunciaron públicamente la situación exigiendo la aparición de los detenidos. Juan Carlos Capurro denunció públicamente las desapariciones y responsabilizó al gobierno por la integridad de los compañeros (El Ancasti, 24/2). Esta enérgica campaña obligó al gobierno de Saadi a reconocerlos y exhibirlos ante una comisión que constató las torturas sufridas por la mayoría de los detenidos.

Mientras se los mantuvo secuestrados se fraguó un “proceso” sobre la supuesta participación de la izquierda en un “complot contra el gobierno”. Se pretendió —sin éxito— que los detenidos reconociesen que llevaban “armas largas y bombas” en la Marcha del Silencio que fuera salvajemente atacada por la policía de Saadi.

De la provocación contra la izquierda no sólo participó el gobierno. Ámbito Financiero y el diario catamarqueño La Unión (saadista) publicaron supuestas entrevistas con uno de los detenidos, Oscar Corbalan, repitiendo la versión policial del “complot”.

La provocación policial-periodística está clara porque las supuestas entrevistas se habrían realizado los días en que los compañeros estaban presos.

Al recuperar su libertad —varios días después de publicadas esas “entrevistas”— tanto Collica como Corbalan (los únicos que quedaban detenidos) ofrecieron una conferencia de prensa en la que desmintieron expresamente todo lo publicado e informado por el gobierno, la policía y los diarios mencionados señalando, a su vez, que fueron objeto de torturas. Confirmaron a su vez lo denunciado por el Partido Obrero en el sentido de que estuvieron en carácter de desaparecidos hasta que se produjo la denuncia y movilización por su situación.

Al salir en libertad, Collica y Corbalan agradecieron públicamente a todos los que se movilizaron por su libertad, y expresamente al Partido Obrero “que estuvo desde el principio hasta el fin por nuestra libertad”.

La Unión de Trabajadores de Prensa deberá investigar los supuestos reportajes publicados por los diarios, realizados en los lugares de detención, práctica común bajo la dictadura de Videla.