Cuando aún no había pasado una semana de la movilización masiva del 24 de marzo que reunió en todo el país a centenares de miles de personas, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo reaccionario y peligroso, que anticipa la tentativa de revertir los escasos avances que hubo en los juicios contra los genocidas de la dictadura. La Corte revisa un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que había establecido que los pedidos de indemnización de las víctimas de la dictadura no prescriben, por tratarse de crímenes de lesa humanidad que tienen un carácter permanente. Para la Corte, en cambio, los reclamos indemnizatorios de las víctimas civiles de la dictadura sí prescriben, aun cuando sean familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos siguen sin aparecer.

 

Aunque la Corte aclara que la prescripción establecida para el derecho a reclamar la indemnización no alcanza a los crímenes de la dictadura, no cabe duda que estamos frente a una decisión de extrema gravedad que apunta a modificar los fundamentos jurídicos que habilitaron la reapertura de los juicios contra los genocidas en la década pasada. La caracterización de que existió un genocidio (“dirigido a un grupo social específico”) cometido por el propio Estado (“terrorismo de Estado”) permitió caracterizar a los asesinatos y desapariciones como crímenes de lesa humanidad, que al ser imprescriptibles por su propia naturaleza permiten que los juicios contra los genocidas continúen aún hoy, sin que los responsables puedan invocar el tiempo transcurrido para que cese su persecución. Ahora, con este fallo de la Corte sobre la prescripción de las indemnizaciones, asistimos al primer paso para revertir esta doctrina.

 

Este fallo reaccionario se da en momentos de una fuerte campaña del gobierno y de los medios de comunicación por volver a instalar una suerte de teoría de los dos demonios, por la cual los crímenes de la dictadura son presentados como el resultado de una guerra entre las FFAA y organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros. Esta campaña nació desde las entrañas del gobierno, con las declaraciones de Darío Lopérfido y del carapintada titular de la Aduana Gómez Centurión. Que no se trató de hechos aislados lo prueba que Macri rechazó los pedidos de apartamiento de Gómez Centurión. Pero Macri, claro, no inventó nada. Ya Alfonsín con su ley de Punto Final quiso establecer una fecha límite para enjuiciar a los genocidas, y con la de Obediencia Debida salvar a los mandos medios y bajos de las FFAA. Los kirchneristas reivindicaron sin decirlo esta ley nefata cuando afirmaban que Milani no podía ser responsable de crímenes de lesa humanidad porque bajo la dictadura era un `oficial joven`.

 

Asistimos, por lo tanto, a una nueva tentativa de impunidad, que tiene como propósito principal habilitar la participación de las FFAA en la política de seguridad interior, en línea con la política del Pentágono y la DEA, e impulsar un rearme en beneficio de la industria armamentística yanqui. En estos días se acaba de conocer la noticia que Lousteau, en su carácter de embajador ante los EEUU, tramitó la compra de armamento por u$s 2.000 millones.

 

Denunciamos el fallo reaccionario de la Corte Suprema y llamamos a las organizaciones de derechos humanos a realizar una fuerte campaña por su anulación.