13/01/2017

Criminalización de la protesta: gobierno de Chubut acusa de «terroristas» a los mapuche

ESPECIAL MAPUCHE: Así los denominó el ministro de Gobierno. La ley antiterrorista prevé duras penas de prisión.


Foto: Policí­a reprime a los mapuche en la cordillera chubutense.


 


La ley antiterrorista fue impulsada y votada por la mayoría kirchnerista del Congreso durante el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández


"Es un grupo terrorista, de delincuentes". Con estas palabras se refirió a la comunidad mapuche que resiste los embates policiales en Cushamen, Chubut, el ministro de gobierno chubutense Pablo Durán, miembro del gabinete de Mario Das Neves, un operador de las empresas petroleras en la Patagonia. Algunos de los miembros de la comunidad reprimida pertenecen a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, que reivindica a la nación mapuche desde las costas del Pacífico chileno al Atlántico argentino. Uno de sus dirigentes es Facundo Jones Huala, que permanece preso en Esquel y cuya extradición es reclamada desde Chile. A partir de este posicionamiento político se desarrolló una campaña de desinformación con visos nacionalistas (antichilenos) y hasta delirantes: el diario Perfil publicó que el grupo mapuche tenía vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La nota sólo se basa es supuestos "rumores" y no exhibe ninguna prueba que valide la afirmación. En la misma línea se pronunció el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, que afirmó que los mapuches en realidad habían sido un pueblo opresor llegado desde Chile y que había oprimido a los verdaderos pueblos originarios argentinos. Una fantochada. Se trata de una campaña tendiente a criminalizar la protesta social y a justificar la represión (Fausto Jones Huala, hermano del lonco Facundo Jones Huala, es uno de los heridos de gravedad, al haber recibido un disparo de bala en su mandíbula y que lo mantiene hospitalizado), a la vez que incrementarla mediante la aplicación de la ley Antiterrorista. 


La ley Antiterrorista fue aprobada en 2007 y complementada en 2011, bajo el gobierno del kirchnerismo y a instancias del Departamento de Estado yanqui. La letra de la ley define como actividad “terrorista" a aquella que tiene por finalidad “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Esto otorga al Estado herramientas de una amplitud enorme para actuar contra las luchas populares.


Se impone la solidaridad con el reclamo de tierras de los mapuche que hoy ocupan una estancia de la Compañía de Tierras del Sud S.A. (propiedad del emporio Benetton) y exigir la liberación de  los manifestantes presos, a la vez que se investigue y castigue a los responsables de la represión del gobierno macrista y de Das Neves. Una represión que, por su ensañamiento, adquiere ribetes de una gravedad inusitada.


 


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