La huelga de los choferes expuso como pocas veces que la actividad del transporte de pasajeros está manejada por un puñado de monopolios que amasan sus ganancias en base a los subsidios del Estado. En el marco de la puja por mayores subvenciones, el propio Massa denunció a las patronales del transporte por no cerrar el acuerdo (y complicarle su campaña electoral con una huelga de alto impacto).

El ministro de Economía apuntó a Faija y Zbiscovsky, los dueños de Dota y Metropol, a quienes acusó de ser “parásitos del Estado” y, en concreto, de no pagar el incremento salarial pese a haber recibido los fondos para ello. Esto, además de haber sido puro cacareo en el marco de la campaña electoral, se trató de una completa impostura y un engaño: ¿De qué otra forma puede interpretarse que Massa de todas formas gire fondos a las “patronales parasitarias” pese a que estas anunciaron tempranamente que no pagarían el aumento a los choferes? El gobierno buscó en todo momento un entendimiento con los monopolios del transporte, socios a quienes los sucesivos gobiernos alimentan desde hace dos décadas.

El modelo de transporte subsidiado fue concebido como un beneficio al conjunto de las patronales para bajar el costo del traslado de la mano de obra, y con ello los salarios. Tuvo su auge en los sucesivos gobiernos kirchneristas hasta el 2015, al punto que se calificaba la adquisición de empresas del transporte como “el mejor negocio de la Argentina”.

Esta política favoreció la concentración de la actividad en un puñado de empresas y fue además fuente de todo tipo de negociados y corrupción entre el gobierno y las patronales, que quedaron al descubierto con la “Masacre de Once” que tuvo como saldo 52 muertos y 789 heridos. Allí fueron condenados los empresarios Cirigliano (Grupo Cometrans-Plaza) y la camarilla de funcionarios kirchneristas que manejaba las áreas de transporte y planificación (De Vido, Jaime, Schiavi).

Los gobiernos posteriores intentaron reducir los subsidios al transporte por medio de la aplicación de sucesivos tarifazos, es decir que intentaron sostener las ganancias patronales atacando el bolsillo popular. Esta transición a un modelo de transporte de tarifa plena abre pujas permanentes por el nivel de subsidios y valor del boleto. En este tironeo, pierden los usuarios y los trabajadores.

El “modelo” capitalista de gestión del transporte podrá variar, pero la concentración monopólica en el transporte no tiene vuelta atrás. Por eso la salida frente a los “empresarios parasitarios” es el monopolio estatal en el transporte, y la salida ante la corrupción y los negociados de las camarillas es el control y la administración democrática del transporte por parte de los trabajadores: o sea, un sistema estatal de transporte bajo administración de los trabajadores.

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