La UTA había anunciado un paro de 72 horas en el transporte de colectivos en casi todo el país, a excepción de la zona del Amba, que finalmente fue levantado este mismo lunes 24. El gremio reclama una equiparación salarial entre choferes del área metropolitana con los del interior. Así las cosas, el debate entre políticos capitalistas se centra en otorgar más subsidios a las empresas de colectivo de las provincias, a pedido de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Cabe recordar que la UTA firmó para el Amba a partir del 1° de septiembre de 2022 un salario básico conformado de $150.000 (ciento cincuenta mil), proporcional al tiempo trabajado. A partir del 1° de octubre de 2022 se incrementa el salario básico conformado a $ 165.000 (pesos ciento sesenta y cinco mil), proporcional al tiempo trabajado. En diciembre el salario llega a los $200.000.

Hay que tener en cuenta que según el indec la canasta básica llegó a los $128.214,11. El monto tiene como medida las necesidades de una familia tipo de cuatro integrantes, sin tener en cuenta el costo del alquiler. De acuerdo a la Junta Interna de ATE Indec, cubrir los gastos de manera integral requiere ingresos por un total de $192.651. Como se ve, el planteo de UTA va detrás del costo del aumento del incremento del presupuesto de las familias trabajadoras.

Los empresarios se niegan a otorgar una recomposición salarial similar a la de la zona del Amba. Fatap viene declarando que la prestación del servicio está en peligro y hacen lobby en el Congreso por una ley federal del transporte para igualar los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias del interior del país.

¿Cómo se destrabaría parcialmente la crisis?

En los últimos días de la semana pasada se conoció que habría un incremento de subsidios adicionales para cubrir el reclamo salarial de los trabajadores del interior. Y en declaraciones a Cadena 3, Roberto Fernández, secretario general de la UTA, se mostró optimista en cuanto a una “solución” el próximo lunes. El gremio no convoca ni promueve asambleas, ni mucho menos un plan de lucha. Así las cosas el reclamo de trabajadores pierde peso.

Para el 2023 habrá $85 mil millones para subsidios al interior con una cláusula de revisión, la partida es $19 mil millones mayor que la contemplada en principio en el presupuesto de Sergio Massa. La modificación forma parte de los cambios menores que no alteran el ajuste. Hay que tener en cuenta que las empresas, a través de legisladores de Juntos por el Cambio y el peronismo federal, solicitan $113 millones para continuar manteniendo un sistema cada vez más obsoleto que no garantiza frecuencias.

Nuevos tarifazos

A la luz de la ampliación de subsidios en el 2023 para las empresas de transporte del interior y que los fondos según el interés de los capitalistas no son suficientes, tenemos por lo tanto que habrá nuevos incrementos del costo de los viajes ¿De qué otro modo los políticos capitalistas piensan satisfacer la ganancia empresaria? Además, el pacto con el FMI implica una reducción de los fondos destinados a subsidios. En esa línea ya se fueron recortando subsidios en los demás servicios públicos.

Es necesario tener en cuenta que durante el debate en el Congreso quedó claro que las diferencias entre los distintos partidos capitalistas gira en torno a cómo repartir los subsidios, partiendo de una coincidencia esencial en defender la renta de las empresas. Esto es lo que está en el centro del problema, que los gobiernos de Nación y las provincias no cuestionan.

La diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá planteó la estatización del servicio bajo control de los trabajadores para garantizar el derecho al transporte, y terminar con el parasitismo empresarial que explica en buena medida las razones de la crisis.

Sucede que las empresas reciben los subsidios a libro cerrado. Como los fondos se entregan de acuerdo a las unidades que los capitalistas declaran mantener en funcionamiento, se suelen contar unidades sin que estén en condiciones de prestar servicios, como lo ejemplifica las numerosas denuncias contra la empresa Ersa en Córdoba y en otras provincias.

En este cuadro, una salida debe tener como punto de partida la apertura de los libros contables de las empresas del transporte. Es necesario saber en qué se usaron los fondos de los subsidios, cuáles han sido las ganancias de los grupos empresarios durante los últimos años. En este punto, el planteo de un control de trabajadores y de usuarios, mediante una comisión con mandatos electos y revocables, adquiere toda una trascendencia para garantizar el salario y el convenio colectivo de trabajo.

A la suba del boleto, al deficiente servicio, es necesario oponerse con una acción independiente desde el campo de los trabajadores, que tenga como planteo estratégico la estatización.