La crisis interna de la Corte, que se viene expresando hace un tiempo con una mayoría compuesta por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda y una minoría en soledad de Lorenzetti, ha pegado un nuevo salto con el desplazamiento del Administrador de la Corte, el contador Daniel Marchi, quien no se quedó callado y fue a prender el ventilador a la Comisión de Juicio Político que impulsa el kirchnerimo.

Ocurre que Marchi no era un funcionario cualquiera, sino que, llegado bajo la gestión de Lorenzetti, en 2008, rápidamente pasó a concentrar los resortes financieros del Tribunal, así como también de una gran parte de la gestión administrativa. Así, hace tiempo que se lo conoce como el cortesano sin firma. Marchi había sobrevivido a la caída de Lorenzetti, y luego a la de Ronzenkratz. Con Rosatti también había logrado acomodarse.

Sin embargo, con la pandemia, explotaron todos los escándalos juntos en la Obra Social del PJN. El malestar de los afiliados, que incluyen tanto a jueces como empleados, determinó que Rosatti ordenara a Marchi la realización de una auditoria. Pero Marchi no sería condescendiente con los cortesanos enfrentados a Lorenzetti, como habría esperado la mayoría, ya que aprovechó el punto débil de Maqueda y Rosatti para contraatacar.

Así, emitió una serie de informes lapidarios que dieron cuenta de un total desmanejo administrativo, así como de todo tipo de inconsistencias. Además de esto, Marchi tenía otro contencioso con la Corte. Resulta que había obtenido en la Justicia en lo Civil una condena firme contra Carrió por difamación, que los Cortesanos tienen dormida hace 4 años. Marchi les había requerido recientemente que se excusen de intervenir por abierta parcialidad hacia Carrió.

Por todo ello fue que, con una crisis que estaba por llegar a su definición, la Corte dispuso por Acordada firmada por la mayoría, y con disidencia de Lorenzetti, la disolución de la Secretaría General de Administración de Marchi y su desplazamiento sin función alguna a la Cámara Federal de Seguridad Social.

Marchi prende el ventilador en el Congreso

Así las cosas, Marchi redobló la apuesta y se presentó a declarar en el juicio político sin destino que realiza el kirchnerismo en el Congreso contra los cuatro cortesanos como elemento distractivo respecto del ajuste brutal que desarrolla el gobierno de Massa, CFK y el peronismo.

Allí, denunció que Silvio Robles, el asesor de Rosatti que aparece en los chats filtrados de exministro de Seguridad de Larreta, Marcelo D´Alessandro, ocultó a los ministros el cuarto informe que presentó, que denuncia al actual Presidente de la obra colocado por Rosatti, Mariano Althabe, y que los informes 2 y 3 nunca fueron publicados.

Asimismo, dijo que Rosatti le dio la orden, que no cumplió, de destruir parte del legajo del presidente de la Obra, Althabe, ya que ahí constaba una carta de recomendación para su nombramiento del propio Rosatti.

Pero más grave aún, denunció que habría que investigar la provisión de contratos a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Según dijo, en el marco de una causa contra Rosatti, donde un exchofer de cuando el cortesano era intendente de Santa Fe, denunció que todos los meses llevaba bolsos con dinero de sobornos. Rosatti tenía su Centeno.

La Sala I de la Casación, en efecto, resolvió sobreseer a Rosatti que solo había logrado cosechar pronunciamientos en su contra en la Justicia Federal de Santa Fe. En el tiempo récord de 45 días, Rosatti fue desvinculado. Marchi planteó que habría que investigar una desmedida provisión de contratos a dicha sala, lo cual es resorte exclusivo de los cortesanos. Aquí también apuntó al amigo de D´Alessandro, Silvio Robles.

Con motivo de los dichos de Marchi, la burocracia de Piumato salió a jugar fuerte a favor de la nueva mayoría. Incluso un lacayuno comunicado de la Comisión Interna de Corte fue tomado por Clarín y La Nación. Quien supo ser un fiel amanuense de Lorenzetti no tuvo ningún empacho en salir a criticar lo que en 16 años de gestión de Marchi calló.

Esta mayoría le dio un fuerte dulce a la burocracia de Piumato, le concedió un cargo de director en el directorio de la Obra Social. La burocracia está pagando ese favor sumándose al encubrimiento de Maqueda y Rosatti. Ello a pesar de que miles de judiciales se vieron gravemente perjudicados por el corte del derecho a la salud con el colapso de la Obra Social.

Como bien denunció Marchi, desde el primer juez hasta el último ascensorista del Palacio de Justicia saben que, desde hace 2 décadas y hasta 2021, Maqueda manejaba la Obra Social y que Aldo Tonón, el director que fue eyectado en 2021, era su mano derecha. Ahora, lo maneja Rosatti.

Por eso, las denuncias sobre el rol ajustador contra el trabajador que Marchi desarrolló, luego de haber caído en desgracia, son solo una cortina de humo para sumarse al encubrimiento de los cortesanos que se ven salpicados por los dichos de Marchi.

Autoincriminación y explotación laboral

En la Comisión de Juicio Político, Marchi se jactó de ser un gran administrador que se basa en el principio de responsabilidad fiscal. Que su despido encubierto no se debió al ejercicio de sus funciones, sino a los informes que emitió sobre la auditoria de la Obra Social.

Sin embargo, dichos principios de “responsabilidad fiscal” son una farsa por donde se lo mire. Abiertamente reconoció lo que siempre hemos denunciado desde la Agrupación Bermellón. La Corte recibe presupuesto por una planta cercana a cuatro mil cargos, pero 2.200 no se han cubierto en estos años. Una “responsabilidad fiscal” para las arcas de la Corte, pero para las Arcas del Tesoro que transfieren recursos por puestos de trabajo que nadie cubre.

Naturalmente que desde estas páginas lo que reclamamos es que se cubran las vacantes pendientes. Porque, por un lado, se han desguazado dependencias, fundamentalmente de infraestructura y mantenimiento para abrir paso al negocio y la superexplotación de las tercerizadas.

Fundamentalmente, la resultante de todo esto fue que en el conjunto de las dependencias de la Corte se liquidó la carrera judicial, siendo que se condenó a cientos de compañeros/as a verse postergados en cargos inferiores del escalafón. La otra consecuencia de esto es el aumento de los ritmos de trabajo y las presiones patronales, porque con la falta de personal también aumenta el cúmulo y la concentración de funciones impropias a las categorías.

Volviendo al aspecto financiero, Marchi continuó diciendo que el paso siguiente a embolsar indebidamente presupuesto era negociar con la banca pública la colocación de esos remanentes en plazos fijos. Pero además agregó que, durante estos años, el fondo anticíclico de la Corte también se nutrió de transferencias de la Obra Social, lo cual ya es mucho más grave, porque los ingresos de la Obra son propiedad de los afiliados, siendo que el 93% son empleados judiciales.

Así, la jactancia de que gracias a Marchi la Corte tiene un fondo anticíclico de 150 mil millones de pesos y la Obra Social otro de $80 mil millones no es más que la confesión de que Marchi y los cortesanos han cometido graves delitos contra el erario público, que se han apropiado indebidamente de los aportes de los afiliados de la Obra Social y que esta política de latrocinio tuvo como consecuencia una brutal superexplotación de los compañeros de Corte y la liquidación de su carrera judicial.

Conclusiones

Por un lado, el ajuste que encabezó Marchi con la felicitación de todos los cortesanos deberá ser enfrentado por los trabajadores judiciales con la lucha y la organización, quebrando así la alianza burocracia-patronal que llevó a los judiciales de Corte a la presente situación.

Por el otro, los contubernios de un lado y del otro colocan a la mayoría de la Corte y a su minoría, así como a todo el régimen político capitalista, en el banquillo de los acusados. Junto con todos los políticos capitalistas, también tienen que irse los cortesanos.

En este punto también se pone de manifiesto el fracaso de una democracia dominada por distintas fracciones de la clase capitalista que se disputan el control de un aparato estatal completamente ajeno a los intereses del pueblo trabajador. Para democratizar la justicia, primero tendrán que gobernar las y los trabajadores.