El tarifazo del 20% en el servicio eléctrico, aprobado por el gobierno, sería insuficiente para reducir los subsidios al nivel del 1,5% del PBI para 2022. Más aún, Alberto Fernández seguirá aumentando la transferencia millonaria de dólares a las patronales para evitar una nueva escalada de la crisis energética o una salida con más tarifazos.

El gobierno ya veía aumentando el caudal de subsidios destinados al sector energético, pasando de 4.400 millones de dólares en 2019 a 10.910 millones de dólares en 2021, llegando al 2,4% del PBI y superando la proyección del 1,7%.

Recordemos que estos fondos son aplicados directamente al beneficio de las patronales productoras, transportadoras y distribuidoras de energía, a libro cerrado, sin determinar el costo real de producción y por medio de diversos mecanismos, como asignaciones directas, subsidios a la producción de gas no convencional e incluso al pago de la energía consumida y no abonada por las distribuidoras eléctricas a la empresa estatal Cammesa.

El precio internacional del gas viene creciendo debido a la crisis energética, con una baja histórica en la exploración y descubrimiento de petróleo y gas, una industria paralizada durante 2020 y un crecimiento de la demanda debido a la recuperación económica internacional y a las bajas temperaturas en el hemisferio norte. Esto ha acentuado la tendencia a la explotación de carbón -una de las fuentes más contaminantes- a falta de un desarrollo y capacidad de las energías sustentables.

El gobierno nacional debería afrontar una triplicación (o más) del costo de importación de gas licuado para hacer frente a la demanda del período invernal, pasando de pagar 8,50 dólares por millón de BTU a aproximadamente 20 dólares por millón de BTU.

Otra variante sería optar por la utilización de gasoil y fuel oil para la generación de energía en las centrales termoeléctricas, las cuales resultan ocasionalmente más baratas pero más ineficientes y contaminantes.
Con el tarifazo del 20% y la segmentación de tarifas para 500.000 usuarios, el gobierno no estaría ni cerca de su meta de ajuste de los subsidios al 1,5% del PBI. Según el Cronista Comercial, con un aumento plano de la tarifa del 25% y una estimación de los precios internacionales actuales, el gobierno debería aplicar 12.500 millones de dólares en subsidios energéticos, incluso a pesar de que se ahorraría 600 millones de dólares por el vencimiento de la Resolución 46/2017, de subsidios a la producción el gas no convencional en Neuquén y la Cuenca Austral.

El gobierno se apresta a conformar un cóctel explosivo donde crecerían más los subsidios a las patronales energéticas a costa de las aspiraciones y directivas del FMI, en tanto la población es castigada con uno o más tarifazos. De allí el apuro por culminar la obra del gasoducto en Vaca Muerta y el cuestionado avance en la instalación de plataformas petroleras en el mar argentino.

La producción y distribución energética es un sector estratégico de la economía nacional y de la calidad de vida de la población trabajadora, que debe sufrir cortes en el suministro eléctrico, saltos en los precios y una financiación indirecta a las patronales multimillonarias del sector, con el propósito de satisfacer la agenda de ajuste que dictan el FMI, por un lado, y los reclamos de los capitalistas del sector, por el otro, que se hacen cada vez más difíciles de conciliar.

La salida al laberinto de ajuste del gobierno no puede implicar una nueva confiscación contra el pueblo trabajador, sino la recuperación de los recursos nacionales, por medio de la expropiación de toda la cadena energética y su puesta al servicio y bajo control de los trabajadores. Así como el rechazo al acuerdo con el FMI y el capital financiero.