Kicillof anunció otra emisión de “bonos de cancelación de deudas de la provincia de Buenos Aires” por más de 10.000 millones de pesos. En nombre de la “cancelación” se habilita un mayor endeudamiento que agrava la bola de nieve de la crisis financiera provincial. Por Resolución 368 del Boletín Oficial, la nueva deuda deberá pagarse en cuatro cuotas trimestrales consecutivas con vencimientos al 18 de julio y 18 de octubre del 2024, y al 18 de enero y 18 abril del 2025, y un ajuste de los intereses cada tres meses. El bono de deuda “nacional y popular” es un nudo al cuello de los trabajadores y el anticipo de mayores ajustes al pueblo para recatarlos.

Según reza el comunicado oficial, el gobierno “confía” en que los acreedores suscribirán el bono. Para cubrirse, el gobernador y su ministro de economía Pablo López lo presentan como un instrumento para cumplir con los pagos de deuda sin “desatender situaciones prioritarias”. Puro verso y relato. Se emite para compensar la caída de la recaudación tributaria y para financiar el agujero de un déficit primario -diferencia entre ingresos y gastos sin contabilizar los intereses de deuda- que cerró con un rojo de 53 mil millones de pesos en el 2022. En la raíz de esta crisis fiscal está el desfalco de la fraudulenta deuda externa bonaerense -que Kicillof aceptó pagar al comité de “acreedores” de la provincia de Buenos Aires sin investigación alguna-, la evasión capitalista y los impuestos que recaen mayoritariamente sobre la población trabajadora.

Comparando el cierre del ejercicio del Presupuesto provincial 2022 con el del 2021, los ingresos tributarios cayeron 10 puntos en términos reales contra el 95% de inflación anual. Esta caída de los ingresos es más pronunciada todavía cuando se considera sólo lo que recauda directamente la provincia de Buenos Aires a través de Arba, la agencia de recaudación bonaerense. En este caso, la baja tributaria real es de 17 puntos. Los presupuestos provinciales pactados por Kicillof y el Frente de Todos con Juntos por el Cambio ajustan a los trabajadores y no le tocan un pelo a la oligarquía terrateniente y a los grandes capitalistas.

De acuerdo al informe oficial, en el 2022 también cayó la recaudación por Ingresos Brutos en 12 puntos porcentuales. Estamos frente a una combinación de las tendencias recesivas en la situación política nacional y provincial, con la evasión sistemática que practican las patronales falsificando las facturaciones con absoluta impunidad. El “Estado presente” es un agente de los capitalistas. Tanto el desfinanciamiento impositivo como el mayor endeudamiento terminaron exponiendo la crisis financiera de la provincia de Buenos Aires.

La consecuencia serán mayores ajustes al salario, las jubilaciones, la salud, la educación y la vivienda. El 21, 7% de inflación en el primer trimestre de este año y la proyección inflacionaria de un 100% anual para todo el 2023 pulverizaron los acuerdos paritarios del 60% firmados por las burocracias sindicales del Frente de Unidad Docente Bonaerense, de ATE, Upcn y Salud Pública con el gobernador “amigo”.

Según la fundación Fundplata, el costo de los productos alimenticios en la ciudad capital de la provincia subió en marzo más que la inflación total reconocida por el Indec, golpeando al bolsillo del pueblo trabajador. Este 10,4% -en que se incrementó el costo de la canasta alimenticia- implica para marzo un aumento de los precios del 14,3% en verdulería, 11,9% para las carnes y 7% para los productos de almacén.

Una vez más, la realidad desmiente el relato de una provincia de Buenos Aires “blindada” frente al derrumbe económico y político del gobierno nacional de Alberto Fernández. A la crisis de deuda y financiamiento del Estado se suma el 45% de pobreza en el Conurbano y el crecimiento de la tasa de indigencia por encima de la media nacional. La dureza de estos datos es, sin embargo, una “foto” retrasada de la miseria popular, porque hacen a un relevamiento hecho por el Indec a diciembre del año pasado. Todo indica que a abril del 2023 la situación social es mucho más grave por el crecimiento de la inflación y de la devaluación que se traslada a los precios de los alimentos.

La provincia de Buenos Aires es un eslabón mayúsculo de la desorganización económica a que condujo el pacto con el FMI. Kicillof miente cuando dice que el canje de deuda externa permitió direccionar recursos hacia el “Estado presente”. No hay tal reducción y sí un gobierno fondomonetarista que impone mayores mecanismos de endeudamiento y ajuste. Una reorganización socialista exige cortar el sangrado de la usurera deuda externa, romper con el FMI, derogar los impuestos al consumo popular y a los salarios, imponer el control obrero de la producción y financiar un plan integral de viviendas, obras y trabajo con impuestos extraordinarios al capital.

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