El lunes 28 renunció la mayoría del gabinete de Pablo González, el intendente de la ciudad salteña de Orán. La crisis se plantea justo cuando en las redes sociales y en las últimas protestas comenzó a expresarse el “que se vayan todos”, en repudio sobre todo a la responsabilidad política del gobierno en el desastre sanitario y social, porque Orán acumula los peores indicadores de pobreza.

Los cuestionamientos populares al gobierno de González y también al provincial de Gustavo Sáenz se hicieron sentir con fuerza con los cacerolazos que se produjeron como consecuencia del vaciamiento de salud, que ha producido en Orán una verdadera masacre, con una tasa de mortalidad por Covid-19 diez veces más alta que en el resto del país. La puesta en escena de que habilitaban una escuela con todos los elementos para atender la pandemia, para que luego aquella no funcionara, fue una de las gotas que rebalsó el vaso.

El gobierno de Sáenz hizo renunciar a su ministra de Salud, y el intendente de Orán quedó fuertemente golpeado, porque González es el agente de Sáenz en el municipio.

El desmantelamiento del sistema de salud fue puesto en evidencia por las campañas solidarias de la docencia y la población en general, que reunieron los fondos para comprar oxígeno y otros insumos indispensables.

Primero con el dengue y ahora con el coronavirus ha quedado expuesto el brutal vaciamiento de la salud pública y su contracara de subsidios estatales al negocio de la sanidad privada (el intendente es médico y dueño de la principal clínica de la localidad).

El régimen político es un agente de las grandes empresas locales, en particular de la Seabord Corporation, propietaria del Ingenio Tabacal, que no ha parado un minuto la producción a pesar de que acumulan 6 muertes por Covid 19; o del Banco Macro, dueño del Frigorífico Bermejo, que solo paró la producción esta semana luego de hacerse público de que 50 de sus cien obreros estaban contagiados.

En los últimos días, los cuestionamientos hacia el intendente pasan porque ha recibido fondos extras de la provincia para atender la pandemia y no hay registros de cómo fueron utilizados. El gobierno provincial publicó un informe donde detalla cuánto le envió a cada municipio en concepto de compensación por la caída de la coparticipación y para atender la pandemia, pero hace figurar que todos son “fondos Covid”. Sin dudas no se trata de un error sino de que el gobernador Sáenz busca que una parte de la crisis recaiga en los intendentes, no solo de González, que serán puestos en la mira por pagar sueldos con “fondos covid”.

Debemos recordar además que el intendente de Orán y sus concejales metieron un impuestazo en medio de la pandemia, idéntico al de su antecesor Lara Gross. Como todos los municipios, Orán también enfrenta una quiebra de sus finanzas, y como siempre esto recae en los vecinos y los trabajadores municipales con los ajustes al salario.

Ahora González ensaya un recambio de gabinete en el que busca integrar a elementos de la llamada oposición, con un achique del organigrama municipal en nombre de la austeridad, que es la antesala de un nuevo ajuste.

Existe un abismo entre los intereses del valeroso y combativo pueblo de Orán y las maniobras de este régimen político oligárquico. Ponemos a debate un programa para impulsar la deliberación e impulsar la lucha, que abra el camino de una salida propia de los trabajadores a la crisis.

• La crisis sanitaria que sigue planteada con toda gravedad exige que impongamos el control popular de todas las medidas para el combate de la pandemia. Que se impongan y respeten protocolos obreros en todos los lugares de trabajo; que se abran los libros contables del municipio y del hospital al control de un comité de vecinos y trabajadores de la salud electos en asamblea. Pongamos fin a los negociados privados con la salud en medio de la pandemia, impulsemos en Orán y en toda la provincia la centralización de todo el sistema de salud, público y privado, bajo un solo sistema estatal y bajo control de los trabajadores. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados en salud y testeos semanales.
• No alcanza con nuestras campañas solidarias. La crisis requiere un financiamiento enorme para garantizar todos los insumos y el personal en salud, para que el municipio retome la obra pública indispensable para atacar el déficit de vivienda y de servicios básicos. Propongamos una tasa extraordinaria sobre las tierras del ingenio y las grandes fincas e impulsemos a nivel provincial la sanción de la ley del PO por un impuesto a las grandes fortunas.

Iniciemos un debate sobre la base de este programa para ampliarlo y para establecer una acción de los trabajadores que lo pueda imponer. Convoquemos asambleas por lugar de trabajo y barriadas. Preparemos un Congreso de trabajadores de todo el departamento.

https://prensaobrera.com/salud/salta-el-personal-de-salud-ante-una-situacion-lapidaria/

https://prensaobrera.com/salud/la-carta-del-medico-de-oran-desnuda-la-politica-sanitaria-de-saenz/