Distintas asambleas vecinales de La Plata y la región convocaron para este martes 7 de marzo una concentración frente a la gobernación, bajo la consigna “Sin agua no se puede vivir”. La convocatoria estuvo precedida por la firma de un petitorio, impulsado por las asambleas, en el que se reclamó la declaración de la emergencia hídrica en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

Los meses de enero y febrero han sido un calvario en La Plata, Berisso y Ensenada por las altísimas temperaturas y la falta de agua en grandes áreas y barrios. Con el comienzo de las clases en marzo, son muchas las escuelas de la región que tuvieron que suspender las actividades. El “ciclo normal” choca con el ajuste y la falta de inversiones hídricas. La lucha por el agua es una causa popular y de defensa de la educación pública.

Vaciamiento de Absa

Con las protestas vecinales en marcha durante todo el verano, el gobierno provincial anunció recién a mediados de febrero la licitación de obras para el “Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable” en la ciudad de La Plata. Las cañerías y el sistema de distribución primario y secundario están obsoletos y deteriorados desde hace décadas. Las empresas privadas intervinientes se verían beneficiadas con contratos cuyos montos ascienden hasta $8.000 millones. Son obras anunciadas en campaña electoral, que dejan afuera a muchas zonas afectadas, con un plazo de ejecución no menor a los dos años El desmantelamiento del “Estado presente” se paga con sobreprecios y sobrefacturaciones.

Un dato de color fue la presencia del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en la apertura de las licitaciones, y la ausencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini. Axel Kicillof sentó para la foto al exmenemista Alak -su candidato a la intendencia de La Plata-, agitando la interna en el gabinete provincial. La urbanización de los barrios populares que promete Alak es una estafa, máxime tratándose de un hombre que hizo pingües negocios con el capital inmobiliario durante más de quince años.

También en campaña por su reelección, Kicillof anunció en octubre pasado la “obra más importante de los últimos 70 años” -un faroleo habitual del gobernador-, refiriéndose a la construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Agua de Punta Lara, que debería garantizar la provisión del servicio a casi un millón de pobladores de todo el Gran La Plata. En el camino quedó la “vieja” Planta Potabilizadora- ubicada en el mismo predio-, que hasta hace poco Kicillof y el intendente de Ensenada, Mario Secco, prometían modernizar. Todo suena a propaganda. La financiación de esta obra, estimada en 11.000 millones de pesos, corre por cuenta del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) e implica un mayor endeudamiento de la provincia. Con el verso del endeudamiento no especulativo, los nacionales y populares rechazan gravar al gran capital y le transfieren los costos al pueblo trabajador con mayores cargas tributarias. Un programa de obras públicas e hídricas para la provincia y la región debería incorporar la apertura de los libros de Absa y el control de los trabajadores sobre las obras a realizarse en la Planta Potabilizadora de Punta Lara y en el Acueducto Norte de La Plata.

Julio Garro y Vidal también son responsables

Julio Garro, el intendente del PRO de La Plata que va por su reelección, le esquiva el bulto y achaca todos los males de la falta de agua al gobierno de Kicillof, cuando debería rendir cuentas por su propia responsabilidad como intendente durante dos mandatos y por los cuatro años de gobernación macrista de María Eugenia Vidal. En el 2017, Julio Garro anunció junto al presidente de Absa el comienzo del Acueducto Norte, prometiendo solucionar definitivamente los problemas de agua de 100.000 vecinos de Gonnet, Hernández Ringuelet, City Bell y Villa Elisa. La realidad es que la zona norte es una de las más castigadas y distintos barrios de estas localidades platenses tienen apenas un hilo de agua y han tenido que recurrir a distintas acciones para denunciar su situación.

Garro, con su Código de Ordenamiento Urbano (COU) al servicio de la especulación inmobiliaria, agravó la saturación de los obsoletos caños de distribución de agua y de los servicios cloacales, provocando roturas y filtraciones que permanecen días sin arreglar. A la falta de agua se agrega el desperdicio y la desidia de los gobiernos capitalistas. La especulación inmobiliaria es un negocio que manejaron todos los intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio, desde Julio Alak, pasando por el inundador Pablo Bruera (PJ), hasta Julio “Gestapro” Garro. El resultado es el colapso del servicio en el casco céntrico y la expulsión de trabajadores a barrios periféricos sin servicios elementales, incluida la provisión de agua potable.

Tarifazo y vaciamiento

Los cortes de agua “por trabajos de Absa” son la forma habitual de disimular la falta de inversiones en la empresa provincial. Son los propios trabajadores de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima los que denuncian la falta de insumos en Absa, amenazando con medidas de fuerza. La bronca crece al compás de los tarifazos por un servicio que no se provee. A fines de noviembre, Absa aumentó la tarifa en un 45% y las boletas llegaron en marzo recargadas con retroactivos que golpean los bolsillos de los trabajadores. El vaciamiento de Absa y su descrédito frente a la población azuza las presiones privatistas que vienen de la derecha.

A la falta de un plan hídrico integral, y en medio de un colapso de las cañerías -algunos caños literalmente han desaparecido con el tiempo-, se suma la floración en el verano de las cianobacterias que contaminan las aguas de Punta Lara y otros municipios costeros del Río de La Plata. Las algas verdeazuladas provocan diferentes trastornos en ojos y oídos, e infecciones tanto por la ingesta directa del agua como por los aerosoles que desprenden las aguas. La falta de agua y la contaminación con las cianobacterias retratan a un Ministerio de Ambiente que está pintado.

¿Emergencia hídrica?

En el 2021, fue Axel Kicillof el que decretó la emergencia hídrica para varios municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada, por las bajantes de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Pasados los 180 días de la emergencia, nada cambió en La Plata, y las carencias del servicio de agua en cantidad y calidad se agravaron con el estado de abandono de las cañerías y el crecimiento de los asentamientos periféricos que están librados a su suerte. En Berisso, fue el intendente Fabián Cagliardi, un empresario kirchnerista, quien dispuso la emergencia en la ciudad. A falta de obras en un municipio en crisis, Cagliardi aconseja no dejar las canillas goteando ni abiertas; a esa sanata se reduce la “emergencia hídrica” berissense.

Mientras la patria contratista sea la destinataria de los negocios con el Estado, las denominadas emergencias solo sirven para saltarse las licitaciones y beneficiar a las empresas con las adjudicaciones directas. Importa saber también qué implicancias tendría una emergencia de este tipo para los propios trabajadores de Absa y sus derechos gremiales. La demagogia derechista del macrismo y de Juntos contra Aguas Bonaerenses está al servicio de los privatizadores. Para que el movimiento popular por el agua se imponga por sobre el ajuste, el reclamo debe centrarse en la movilización por un plan de obras hídricas financiado con un impuesto extraordinario a los capitalistas y a la especulación inmobiliaria. En la emergencia deben suspenderse todos los tarifazos, proveer gratuitamente de agua potable a los barrios afectados, movilizar a la mano de obra desocupada con trabajo en blanco y bajo convenio para ejecutar nuevas perforaciones, avanzar en el arreglo o sustitución de las cañerías para la circulación del agua y de los caños para los desechos cloacales.

Basta de endeudar a la provincia, que se invierta en los insumos y en el reequipamiento de la empresa provincial de agua, y que se abran sus libros para ver qué se hizo con el dinero. Por una Absa bajo el control de los trabajadores. No al pago de la deuda externa usurera de Kicillof y Juntos. Con este programa, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad denuncia a todos los políticos capitalistas que dejan sin agua a la población. El martes 7 de marzo marchamos a la gobernación. Kicillof y los intendentes son responsables.

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