El día viernes 27 de junio se realizó una multitudinaria marcha del silencio con aproximadamente 7.000 personas; allí estuvo el PO con la participación de compañeros de Salta, Tucumán y Santiago. Entre los compañeros de la delegación del PO se hizo presente Pablo López, diputado provincial del PO salteño.

La movilización fue contundente en cuanto a los reclamos de justicia y de vincular a la estructura del régimen gobernante de los Juárez, como principal responsable de los crímenes. El reclamo de “que se vayan todos” recreó las consignas dominantes de todas las movilizaciones populares cuando éstas se dan en el cuadro de una crisis de poder. Hubo una presencia muy importante de la juventud. Las movilizaciones se han sistematizado y crecen en masividad. Los diques de contención del régimen juarista usan todos los medios: intimidación, los medios de prensa locales dándole al caso el trato de simple caso policial, la asignación de responsabilidades a Musa Azar como principal y único responsable olvidándose que es el brazo ejecutor de la política represiva de Juárez desde su regreso posterior al Santiagueñazo de 1993; o la actitud del Gobierno Nacional que está procurando desmovilizar convenciendo a los padres con la promesa de intervención al Poder Judicial y con el envío de agentes de la Side para la investigación. A su vez, la Iglesia procura conducir a la movilización por el sendero del reclamo de justicia, vaciándolo de todo contenido de lucha contra el régimen juarista.

La movilización está quebrando todas estas vallas. Así, por ejemplo cuando se leyó la adhesión del PO en la que reclamábamos “Fuera Juárez”, como conclusión de la denuncia de los hechos, la consigna fue coreada por gran parte de la multitud, mientras desde otro sector se empezó a pedir la intervención, buscando cambiar el tono de los reclamos.

La crisis santiagueña está recorriendo el camino que preparó en su momento el Santiagueñazo. En aquella oportunidad, el reclamo que motorizó las movilizaciones previas fue el atraso salarial en la administración pública y en particular en la docencia. Aunque ahora el detonante de la movilización es otro, en el reclamo de justicia no sólo se está denunciando y reclamando en relación a que los crímenes no queden impunes, sino que se están expresando también todos los reclamos de la lucha de los campesinos por sus derechos territoriales, de los empleados públicos contratados que reclaman la titularización, de los desocupados que aspiran a un trabajo digno, de la juventud santiagueña que busca tener la posibilidad de estudiar sin tener que trasladarse a otras provincias. En este sentido, la lucha de las masas santiagueñas tiene que dotarse de un programa que reúna todos esos reclamos y una salida que supere el planteamiento del que se vayan todos que se impuso en 1993 con el Santiagueñazo: que el propio pueblo tome en sus manos la concreción de una salida imponiendo una Asamblea Popular Constituyente.